domingo, 14 de octubre de 2012

El derecho penal de la crisis y sus fuentes

Panóptico



La última reforma del código penal español ha sido considerada, incluso por los medios de prensa afectos al régimen español, como la más dura desde la Transición. Efectivamente, se trata de una reforma que introduce en la legislación normas que obedecen a una doctrina penal muy alejada de la propia de las democracias liberales. Así, por ejemplo, contempla, además del endurecimiento de numerosas penas por delitos y faltas relacionados con el orden público, la prisión indefinida "revisable" y la custodia de los presos que se consideran "peligrosos". Aunque sea de manera subrepticia para respetar al menos formalmente la Constitución y los convenios de derechos humanos firmados por España que prohiben la cadena perpetua, se introducen sustitutos "suaves" de la pena de muerte que equivalen como esta a la anulación social del individuo condenado a esas penas.

La idea que domina en esta nueva normativa no es otra que el viejo principio caro a la derecha y al conjunto del partido del orden (el stalinismo también lo introdujo en su derecho penal) cuyo enunciado popular es "quien la hace la paga". Conforme a esta máxima, de lo que se trata es de que ningún crimen quede impune, pues si así fuera la sociedad en su conjunto y la víctima en particular habrían sido gravemente dañadas sin obtener reparación. La fórmula "quien la hace la paga", cara al fundador del Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne, así como a su maestro Carl Schmitt, es una versión populista de la principal máxima jurídico-penal del nacional-socialismo cuyo enunciado latino es "nullum crimen sine poena" (no hay crimen sin castigo). Carl Schmitt, el gran jurista que pretendió acometer la imposible tarea de dar un fundamento jurídico al nazismo, afirmaba a propósito de esta máxima:"Hoy en día, todo el mundo reconoce que la máxima "no hay crimen sin castigo" adquiere prioridad respecto de la máxima "No hay castigo sin ley" como la más alta y más firme verdad jurídica" (Carl Schmitt, Der Weg des deutschen Juristen, Deutsche Juristen-Zeitung, Vol 39, 1934, p. 693). El principio frente al que se afirma la doctrina penal nacional-socialista es el viejo principio ilustrado que inspira el derecho penal liberal "nullum crimen, nulla poena, sine lege" (Ningún crimen, ninguna pena, sin ley). Este principio clásico del derecho penal somete toda actuación judicial en materia penal a la preexistencia de una norma que defina claramente el delito, sin que sea aplicable ninguna interpretación analógica por parte del juez (Analogieverbot: prohibición de la analogía). De lo que se trata es de dar garantías al acusado frente a la posible arbitrariedad del poder dentro de una lógica liberal de protección de los derechos y libertades individuales. Es, tal como lo concibe el jurista ilustrado alemán que le dio su formulación, Paul Johann Anselm von Feuerbach, una aplicación al ámbito penal del principio de legalidad que rige en general las actuaciones de un Estado de derecho.

Frente a este planteamiento liberal, el objetivo de los penalistas del nacional-socialismo era defender a la comunidad nacional y racial frente a los delincuentes considerados como agentes potenciales de disgregación e incluso de contaminación de la comunidad racial. Este planteamiento defensivo, no ya del individuo frente al poder, sino del mismo individuo y de su comunidad -considerados como víctimas potenciales del crimen- frente a una amenaza existencial, hace necesario un cambio radical de planteamiento. Se trata ahora de "proteger a la comunidad popular -Volksgemeinschaft- frente a los criminales" (C. Schmitt, op.cit, p.693).  La seguridad de la comunidad y la protección de una población de posibles víctimas requiere una actuación no sólo punitiva, sino preventiva, exige por ello mismo que no sólo se castigue el delito claramente definido, sino todos los actos que guarden con él una relación de analogía. Por ejemplo, no sólo se castigará el hurto y la complicidad con el hurto, sino cualquier tipo de justificación del hurto. Esto abre ante el juez una casi indefinida libertad de interpretación que hace de él abiertamente un instrumento político del régimen.

La lógica que domina la reforma del código penal español reintroduce esta temática de la "defensa de la sociedad" -considerada como conjunto de posibles víctimas- como principal tema inspirador del derecho penal, frente a otras consideraciones, como el primado de la legalidad, la proporcionalidad de la pena o la reeducación y reintegración en la sociedad del delincuente. Cuando la figura que pasa al primer plano es la de la víctima, por mucho que ya no se hable de una comunidad racial que haya de protegerse, la justicia abandona en buena medida el principio jurídico de legalidad en favor del principio policial de seguridad. De lo que se trata es de tener en cuenta prioritariamente a la víctima y al criminal en su especificidad, valorando por encima del enunciado de la norma, la vulnerabilidad de la víctima y la peligrosidad del criminal. Así, se aumentan las penas para aquellos delitos cuyas víctimas son mujeres, niños o ancianos, y se prolonga incluso de manera indefinida la pena de los reos que se consideran más peligrosos dando así un tratamiento particular a los reos de delitos de terrorismo o de delitos sexuales. Aunque todas estas reformas legales parezcan tener un titnte "progresista" pues algunas van encaminadas a proteger a las mujeres contra la violencia machista o a castigar los abusos sexuales contra mujeres y niños, cabe recordar que la legislación punitiva en materia sexual se ha convertido, como recuerda la jurista Marcela Iacub en un auténtico laboratorio de la excepción en materia penal. Otro laboratorio semejante es la legislación en materia de terrorismo. Hoy, los resultados de ambos confluyen en una liquidación sin precedentes de las garantías penales.

Enfrentado como está a importantes manifestaciones populares en protesta por la austeridad y la liquidación de derechos sociales, el gobierno español actual y su mayoría parlamentaria pretenden introducir en el Código Penal reformado supuestos de tan enorme amplitud que imponen al juez el uso de la analogía y lo liberan prácticamente del principio rígido de legalidad. Así "“La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 558 CP, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado (sic) con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.” (nuevo artículo 559). Aparte de la enorme vaguedad del propio concepto de "orden público", la "incitación" o el "refuerzo" de la decisión de atentar contra él son conceptos tan imprecisos que sólo pueden aplicarse según el "buen criterio" del juez, informado por el criterio previo del policía que ha valorado la "peligrosidad" de los individuos que incurren en estas prácticas a la hora de denunciar los actos.

Lo peligroso de este nuevo Código Penal no es sólo su "dureza" -aunque encerrar a alguien hasta un año en la cárcel por haber apoyado una manifestación parece a todas luces excesivo- sino su imprecisión. De lo que se trata, efectivamente, no es de castigar un acto ilegal previamente definido con precisión, sino, como ya ocurría en los derechos penales totalitarios, prevenir la comisión de delitos haciendo planear una amenaza general sobre todo un sector de la población que se considera "peligroso". No se castiga, pues lo que uno hace, sino lo que uno "es". Cuando la lógica de la "peligrosidad" prevalece sobre la legalidad, el Estado de derecho que se pretende defender se convierte cada vez más en un Estado policial.


miércoles, 3 de octubre de 2012

La multitud y la masa. (Respuesta al artículo de José María Lassalle "Antipolítica y multitud")

Carl Schmitt con sus compañeros de clase en 1904



Una de las acusaciones difamatorias que se virtieron desde el primer momento contra el 25S afirmaba el carácter golpista de esta iniciativa de protesta, sosteniendo incluso sin prueba alguna que grupos nazis estaban detrás del proyecto de cercar el Congreso el 25 de septiembre de 2012. Bien extraño es este "golpismo" consistente en reivindicar la soberanía popular y la democracia secuestradas por los poderes financieros y sus cómplices del gobierno y del parlamento. La disparatada asociación de golpismo y nazismo con las reivindicaciones y prácticas rigurosamente democráticas que se vienen abriendo camino en nuestra calles y plazas desde el 15 de mayo de 2011 y se han repetido en multitud de movilizaciones sociales contra la política brutal de empobrecimiento y regresión social de los últimos gobiernos, alcanza, sin embargo, su culmen en un artículo del Secretario de Estado de Cultura del gobierno del PP publicado el 1 de octubre en el País bajo el título "Antipolítica y Multitud". Si la Delegada del Gobierno en Madrid, Sra Cifuentes ya había sostenido en reiteradas ocasiones que la reivindicación de una democracia real donde los ciudadanos pudieran expresarse y participar activamente en la toma de decisiones era "golpista", pues vulneraba el orden constitucional hoy existente, el Sr. José María Lassalle da un paso más y afirma rotundamente que: "El malestar colectivo que se llevó por delante las democracias liberales en el periodo de entreguerras vuelve a escena. Es cierto que no adopta las maneras totalitarias ni exhibe el matonismo pistolero y la marcialidad de aquellos años, pero no cabe duda de que actualiza en clave postmoderna la lógica y los mitos que movilizaron a las masas con el fin de derribar la arquitectura institucional sobre la que se sustenta nuestra civilización democrática."

Tremendas afirmaciones son estas. Sobre todo cuando se formulan pocos días después de que un grupo armado y uniformado con una conducta particularmente violenta tomara los alrededores del Congreso de los diputados y atacara indiscriminadamente a numerosos manifestantes pacíficos que deseaban rescatar una democracia secuestrada por el capital financiero. Esas escenas en que ciudadanos indefensos eran golpeados brutalmente y humillados por personas de uniforme recuerdan efectivamente los años 30, pero con la diferencia de que los uniformados eran en este caso los defensores de la susodicha "arquitectura institucional" y los golpeados, los ciudadanos de esta supuesta "civilización democrática". Con un enorme talento para la inversión de las situaciones, el Secretario de Estado atribuye la violencia y el desorden a la ciudadanía pacífica que intentaba manifestarse con tranquilidad y no a sus auténticos responsables. Poco importa que las pruebas documentales hayan mostrado una y otra vez el carácter desproporcionado e intimidatorio de la actuación policial e incluso las numerosas provocaciones de los policías infiltrados destinadas a justificar las cargas contra los auténticos manifestantes. El problema es que el Sr. Lassalle no parece ser consciente de que la brutalidad de la represión del día 25 de septiembre -como la de tantos otros días- tiene directamente que ver con el hecho de que los cuerpos represivos del franquismo jamás fueran purgados y, en general de que los principales aparatos políticos, militares y judiciales del régimen del 18 de julio permanecieran incólumes. Su propio partido, el Partido Popular, hoy en el gobierno, nunca aceptó condenar el golpe de Estado, la represión sangrienta y la larga dictadura del general Franco, como tampoco lo ha hecho nunca el actual Jefe del Estado y sucesor de Franco "a título de rey". Muy imprudente es asimismo la referencia al jurista alemán Carl Schmitt y la comparación del pensamiento de este grandísimo y reaccionarísimo jurista con las ideas que inspiran a los movimientos del 15M o el 25S. Es curioso que quien se permite ahora afirmar que las multitudes del 15M o del 25S son "schmittianas" y por ende seminazis sea precisamente un representante de este régimen que, en una fase anterior, sí se valió de Carl Schmitt como ideólogo y apologeta. En esta bitácora hemos recordado cómo uno de los más destacados intelectuales de este régimen, Don Manuel Fraga Iribarne, fundador y presidente de honor del PP, acogiera el 21 de marzo de 1962 en el Instituto de Estudios Políticos, con todos los honores, al jurista alemán compañero de viaje del nazismo.



No sólo hay en el artículo del Sr. Lassalle una característica proyección de la culpa en el otro, sino que el Secretario de Estado nos hace en él una auténtica exhibición de su ignorancia del pensamiento de Carl Schmitt, un pensamiento ciertamente reaccionario, pero a la vez radical y profundo. Afirma así el Secretario de Estado en su artículo que "se despliega ante la opinión pública de forma abrupta una animadversión antilegal y antiparlamentaria que reproduce casi milimétricamente las críticas que Carl Schmitt dirigía en los años 20 y 30 del siglo XX hacia el Estado de derecho, la primacía de la Ley, la Constitución de Weimar y los políticos que la defendían." Esto es no saber que, en los años 20 e incluso en los 30, como recuerda Sandrine Baume en Carl Schmitt, penseur de l'Etat (CS pensador del Estado) (Paris, Sciences Po, 2008) Carl Schmitt era un firme defensor del Estado de derecho weimariano al que sólo reprochaba su debilidad. Antes de aliarse con los nazis, hasta el último momento, Schmitt defendió las posiciones de la derecha weimariana y en concreto abogó por que el presidente de la República, apoyándose en la constitución, proclamase el Estado de excepción y prohibiera simultáneamente los partidos comunista y nazi. Para Schmitt, el presidente, en su calidad de Jefe del Estado debía comportarse como defensor de la constitución. No hay así en Carl Schmitt la más mínima "animadversión antilegal", aunque sí que hay una crítica a un parlamento que considera débil por su carácter demasiado pluralista. El orden legal requiere según Schmitt determinadas condiciones para poder aplicarse a la realidad y es competencia del soberano sentarlas o restablecerlas cuando estas no se dan.

No hay, pues, ninguna apelación  a las masas, ni mucho menos a la multitud, en Schmitt, pues para él la multitud es siempre una amenaza para el Estado. Tan sólo defendió Schmitt la primacía del movimiento de masas en su período de mayor cercanía al nacional-socialismo, posterior a la llegada de los nazis al poder. En su escrito Staat, Bewegung, Volk, die Dreigliederung der politischen Einheit (Estado, movimiento, pueblo, la triple articulación de la unidad política-en adelante SBV) de 1933 da efectivamente un lugar importante al movimiento de masas, pero se trata de un movimiento sometido a un líder y que se sirve de los aparatos de Estado para garantizar la paz y la despolitización del pueblo. El movimiento, el partido nacional-socialista, no es pues en nada comparable a la irrupción en la escena política de una multitud internamente diversa, sino, por el contrario, una forma absolutista más de su desaparición, de su transformación en una masa homogeneizada y sometida a un dirigente. A diferencia del Sr. Lassalle, dejemos la palabra a Carl Schmitt: "Cada uno de los tres términos Estado, Movimiento, Pueblo puede utilizarse para significar la totalidad de la unidad política. Sin embargo, cada uno de ellos denota también al mismo tiempo un lado y un elemento específico de este todo. Así, podemos considerar al Estado en sentido estricto como la parte políticamente estática, al movimiento como el elemento políticamente dinámico y al pueblo como el lado no político (unpolitische) que crece bajo la protección y a la sombra de las decisiones políticas."(SBV, p11, traducción del autor)  De este modo, el nuevo soberano nacional-socialista no tiene en lo esencial una función distinta de la del soberano clásico, pues como él es el encargado de restablecer las condiciones de normalidad que hacen posible a la vez la eficacia de las leyes y del ordenamiento estatal y la autoorganización corporativa del pueblo en lo económico. Tanto para el nacionalsocialismo como para el liberalismo clásico de Benjamin Constant, la función del ordenamiento político es fundamentalmente la de excluir a la mayoría de la población de la actividad política dejándole abierto un espacio no político (unpolitisch) y ajeno a la verdadera decisión pública en la vida económica y en lo privado.

Carl Schmitt reivindica su pertenencia a una tradición política de la soberanía, cuyos pioneros modernos son Bodin y Hobbes. Conforme a esta tradición, el soberano tiene en exclusiva el poder de hacer y deshacer las leyes, concentra, en otros términos, el poder legislativo en sus manos. El derecho tiene una fuente única que es el soberano y este puede incluso -o sobre todo- decidir cuándo sus propias leyes lo obligan ante sus ciudadanos al modo de promesas hechas a estos. Afirmará Schmitt  en la Teología Política (Madrid, Trotta, 2009, p. 15) que:

"Hablando en términos generales, afirma Bodino que el príncipe sólo está obligado ante el pueblo y los estamentos cuando el interés del pueblo exige el cumplimento de la promesa, pero no está obligado "si la nécessité est urgente" (si la necesidad es urgente) [...] Lo que es decisivo en la construcción de Bodino es haber reducido el análisis de las relaciones entre el príncipe y los estamentos a un simple dilema, referido al caso de necesidad. Eso es lo verdaderamente impresionante de su definición, que concibe la soberanía como unidad indivisible y zanja  definitivamente el problema del poder dentro del Estado. El mérito científico de Bodino, el fundamento de su éxito, se debe a haber insertado en la soberanía la decisión".

 Unidad e indivisibilidad del soberano y la decisión como facultad fundamental de este son rigurosamente indisociables. Toda forma de derecho procedente de otra fuente que no sea la decisión del soberano, ya es trate incluso de un derecho natural o divino sólo tiene vigor para Bodin, Hobbes o Schmitt en la medida estricta en que el soberano la sanciona mediante su decisión. Nadie hay pues más opuesto a una multiplicidad de instancias legislativas que Carl Schmitt, nadie más contrario a esa auténtica pesadilla para el pensamiento político de la soberanía que es una multitud legisladora, una asamblea abierta. Prosigue así Lassalle: "Más de 30 años después de recuperarlas, las instituciones democráticas se ven discutidas por una tempestad antipolítica que ensalza las multitudes y reclama el derecho a que sean éstas quienes decidan por dónde debe orientarse el interés general, ya sea del conjunto o de partes significativas de la sociedad española." Que no le quepa la menor duda al Sr. Secretario de Estado: el profesor Schmitt estaría en este caso del lado de estas "instituciones democráticas" en cuanto estas poseen el monopolio de la capacidad legislativa y no dudaría en apoyar al ministro del interior y a la Sra Cifuentes en su decisión de reprimir la disidencia social mediante la fuerza, incluso a costa de una interpretación de las leyes ampliamente decisionista y basada en el recurso a la excepción soberana como la que ha inspirado a todas luces la actuación represiva del 25.

Lo que ocurre es que, para Carl Schmitt, como para Bodin, Hobbes o el Sr. Lassalle, la soberanía se basa en la exclusión de la multitud, esto es de los individuos reales, del ámbito de la decisión pública. La multitud sólo tiene cabida en la vida pública en tanto que representada por el soberano, unificada por él como pueblo. El pueblo no es una realidad espontánea ni natural, sino el resultado de la abolición de la multitud en la representación, es decir de la sustitución de los individuos reales por las instancias de representación, individuales y colectivas que configuran al soberano. Se presume en este esquema que, una vez representados, los ciudadanos deben acatar lo que decidan sus representantes, pues al haberles otorgado su representación, han renunciado a actuar por sí mismos y aceptado hacerlo exclusivamente a través de aquellos.  Este tipo de funcionamiento  no es sólo el del Estado absolutista, sino el de las democracias liberales modernas que, desde el punto de vista institucional son herederas de la lógica representativa del absolutismo de Bodin y Hobbes. Por ello mismo, un "demócrata" como el Sr. Lassalle sólo puede ver con terror la calle "convertida en una asamblea", pues todo intento por parte de los ciudadanos de recuperar su vida política secuestrada por las instituciones representativas es necesariamente subversivo. Tanto mayor ha de ser el terror del Sr. Lassalle y de los demás partidarios del régimen actual ante una multitud informada y cada vez más politizada cuanto menos verosímil se hace a los ojos de todos la ficción de que los poderes del Estado se rigen por el interés general. En un país donde la política de los dos últimos gobiernos en favor del capital financiero ha conducido a récords de desempleo y a una liquidación acelerada de los derechos sociales y, en general, a una descomunal transferencia de riqueza de la mayoría de la población a la minoría más rica, cualquier referencia del poder al interés general suena a sarcasmo.

Por otra parte, la asimilación de multitud a masa que hace el Secretario de Estado es también sumamente desacertada. La multitud es siempre pluralidad libre, multiplicidad, variedad, mientras que la masa, la de los desfiles nazis o de los cuerpos armados militares o policiales en formación es siempre un grupo de individuos homogéneos, sometidos a un amo o a un jefe. De la multitud, con sus distintos pareceres, surge según nos refieren Maquiavelo y Spinoza, el mejor antídoto contra la irracionalidad de los gobernantes, pues es mucho más difícil que una gran asamblea decida algo absurdo que que un único gobernante lo haga. De ahí también que los actos de barbarie perpetrados por las masas se caractericen no tanto por la libertad de sus ejecutantes, como por su obediencia a un mando único. La conducta de las UIP en Madrid el 25 de septiembre responde al modelo de la masa, la pacífica y moderadísima respuesta de la multitud a las incalificables agresiones del poder a través de sus fuerzas represivas, responde al de la asamblea plural.

Digamos para concluir que lo que no ha comprendido el Sr. Lassalle es que la presencia de las multitudes en las calles no es un fin en sí, sino el principio de un proceso constituyente, un proceso que persigue una nueva institucionalidad política democrática que no prive al ciudadano de la participación política y haga imposible la supeditación de los representantes a fuerzas sociales ajenas y hostiles al interés de la mayoría. Cuando el pueblo no puede ya obedecer al soberano sin sufrir graves perjuicios, rompe el pacto político de sujeción y vuelve a ser multitud. Surge en los indivuduos que componen la multitud, en primer lugar la indignación por el mal que el poder hace a sus semejantes y a ellos mismos, en segundo lugar la desobediencia y la insurrección, produciéndose por último a consecuencia de estas últimas, la caida del régimen, pues todo poder se basa exclusivamente en la obediencia de la multitud y no en una virtud propia de los gobernantes. Un régimen que no genera obediencia, sencillamente ha dejado de existir. Aquí, lo que se habrá producido no es, como pretenden el Sr. lassalle o la Sra. Cifuentes, un golpe de Estado, que es siempre un acto interno al propio Estado, al poder constituido, sino la irrupción, siempre exterior al poder constituido, del poder constituyente, de la potencia de creación institucional de la multitud, el renacer de una democracia.




lunes, 1 de octubre de 2012

From 25S to 26S: The Bond Spread as Life Insurance


[This is a translation of a text posted last night by John Brown, on the new round of mobilisations in Spain, this time directed at the Spanish parliament. Translation courtesy of RMc. Many thanks. Published in Irish Left Review


26S. Second day of mobilisation after 25S. Today people gathered once again at Neptuno, as close as possible to Congress. There were no police baton charges. A number of infiltrators were neutralised effectively. People are still partially cutting off the flow of cars, cutting off the flow of commodities. They are also protesting against austerity and even more against the regime that imposes it, which is increasingly identified with its own immediate past: Francoism. This is something more than 15M, a 15M that has embarked on the path of deposing the regime, of the definitive erosion of its legitimacy. The first response from the regime has typically Hobbesian: first of all, it insists on its representative legitimacy (the Parliament as the Seat of Popular Sovereignty), but it quickly returns to the mythic origin of representation, presenting itself as the Great Protector of the population…confronted with itself. The Spanish government tried yesterday to renew the Mafia deal of ‘obedience in exchange for protection’ which, according to Hobbes, sums up the pact on which sovereignty is based. It did so by blatantly spreading chaos, violence, and even panic through the streets of Madrid, amid scenes that would not be out of place in those films in which extraterrestrials clad in exoskeletons try to rule the earth and indiscriminately attack the earthlings who flee in fear. It matters little whether yesterday’s violence resulted from police infiltrators or the margins of the movement: the tension had already been prepared with the barriers, the 1500 androids and the threats and insults from the different caverns across all the right-wing, including El País and the PSOE.



(Photo via Periódico Diagonal)

Despite all this, the degree of dignity and outrage among the population could be gauged yesterday in the peaceful –or rather energetic- resistance to highly unwarranted baton charges. The terror that the Spanish regime has generated in its subjects since the 18th of July 1936 is quickly dissipating. For more than a year, through the growing outrage at the widespread pillage suffered by the majority of the population, the outrage, the hate produced, according to Spinoza, by evil done to one’s peer, is proving stronger than fear. This also corresponds to the fact that the new post-Fordist forms of labour are less receptive to terror. To terrorise a cognitive, communicative, affective and social worker such as today’s worker is to openly destroy productive forces, to destroy a fixed capital that today is inseparable from living labour. That is why the threat of a coup d’état is not credible. Not even a systematic cut in internet communications is possible. A coup d’état was a disciplinary solution that was useful for the Fordist bourgeoisie; under post-Fordism we no longer see coups d’etat, but rather progressively more paranoid attempts at control and surveillance of the population. Maintaining communications flows and networks of co-operation, but monitoring them very closely. The shape of freedom must be kept intact in order for the new figure of the worker to produce.



(Photo via Periódico Diagonal)

Today, the 26th of September, people have come out onto the streets once again. Asserting that they are not afraid. As if their intuition told them that terror no longer works as a method of government. Already this morning we could see how the bond spread of the Spanish State had gone up more than 30 points. Resistance makes the bond spread go up. The bond spread indicates the way the financial markets are highly sensitive to the repressive destruction of the productivity of the new forms of labour. The impoverishment to which neoliberal neo-Francoism is subjecting the Spanish population is reflected in that spread, as is resistance to the rulers. There is resistance to the rulers when they are unable to establish with workers, with the population as a whole, a shared convention about the appropriation and sharing of value. Finance capital does not desire for populations to be reduced to ruin: it says so when this happens. It prefers, by far, to exploit its wealth. As with every form of power, the domination of finance capital is a relation, which entails a constant mediation and negotiation by the rulers with the population. The transaction entailed by private indebtedness and financial rent stopped working when the crisis broke. For this very reason, the rulers seek to impose exploitation through force, but, as we can see, this does not work either, since it produces ruin and poverty. Opening up in front of us is the material base of a new period marked by a new material constitution and a new political form.

The bond spread is today the life insurance policy of the population in revolt. The regime founded atop mass graves never had any scruples about killing during demonstrations that were aimed against it. It did so with particular brutality in the 1970s when it imposed its new avatar, the young democracy, through fear, blood and the capitulation of the mainstream left. However, from 15M until now there have been no deaths. For those who lived through the 70s it is surprising –pleasantly so- to see. This is not the result of higher moral standards, or a greater degree of civilisation on the part of this criminal regime, but rather, as pointed out before, of the fear that unrest should be reflected in the bond spread or in the rating from credit rating agencies. Today we are not afraid, because we can no longer be governed with fear. The productive multitude –Durutti knew this but today it is clearer than ever for us- is what makes the world, without it there can be no wealth, nor that mystified form of wealth that is capital. Every power is faced with a resistance, since it is a relation: capital too.