Nota sobre el Estado de derecho

El franquismo se definía como un Estado de derecho. Ha habido teóricos del Estado socialista de derecho soviético (como Vichinsky, el fiscal de los procesos de Moscú). Un Estado de derecho, en esas circunstancias es un Estado que impone a palos un derecho concebido como un orden rígido y cerrado.

El Estado de derecho, sin embargo, no coincide con ningún Estado concreto, España no puede definirse como "el Estado de derecho", ni su gobierno hablar en nombre de "nuestro Estado de derecho" pues el Estado de derecho es un principio universal, una idea de la razón. Desde que lo formularan los juristas alemanes postkantianos, el Estado de derecho es un principio jurídico que obliga al gobernante a gobernar de acuerdo con el derecho, y en particular, aunque no solo, a cumplir sus propias leyes. Su opuesto es el Polizeistaat, el Estado de policía en el que el soberano gobierna a través de las leyes que él mismo promulga sin atenerse a un principio general de sumisión al derecho. 

El principio del Estado de derecho obliga sobre todo al gobernante y limita su poder, y solo se aplica indirectamente al ciudadano. Es un principio que funciona como idea orientadora y no puede nunca materializarse en un régimen político determinado, lo que muestra cuán engañosas son las reivindicaciones stalinistas o franquistas o incluso nacionalsocialistas del Estado de derecho. Una condición fundamental del Estado de derecho es que el gobierno que se guía por este principio sea un gobierno legítimo, esto es un gobierno aceptado por la población. Es muy discutible que esta condición se está cumpliendo en la actual coyuntura catalana, en la que el gobierno español se comporta como un clasico "Estado de policía".

El principio del Estado de derecho está siendo sistemáticamente incumplido por el gobierno español en Cataluña, al forzar a través de un Tribunal Constitucional políticamente intervenido la anulación del Estatuto aprobado por las instituciones y el pueblo catalanes y refrendado por el parlamento español y al declarar ahora un Estado de excepción de facto sin el amparo del parlamento ni de las leyes. Ante el caos antijurídico y la violencia exhibida por el gobierno español, tal vez la respuesta de los catalanes escenificando un ritual democrático sea la más adecuada. Tal vez sea este rito cívico y militante a la vez una forma extrema de respetar el principio del Estado de derecho.

Apuntes catalanes

Pequeño léxico de la dictadura

"Sedición" y "tumulto", son términos asociados en el derecho público romano a la institución de la "dictatura" y del "iustitium" (suspensión del derecho o estado de excepción coincidente con el nombramiento de un "dictator"). La palabra "iustitium" está construida como "sol-stitium", solsticio: el momento del año en que el sol parece detenerse. También el derecho y los derechos se detienen en la dictadura. Da miedo oir hablar de "sedición" y de "tumulto".

El verbo -en latín- que corresponde al castellano "sedición" es "ire", ir, con el prefijo "sed" que es una forma derivada del indoeuropeo "set", que significa aparte, por su cuenta, etc. Seditio originariamente es el acto de irse por su cuenta (el prefijo "sed" está emparentado con el reflexivo "se", sí mismo, como en castellano). Secesión, que procede de "se-cedo", también significa apartamiento, el acto de irse por su lado. Ninguna autoridad estatal acepta que uno se sustraiga a su mando y tenga su propia ley, que sea "sui iuris" (por derecho propio, según el estatuto de los hombres libres, en oposición a los esclavos y demás elementos de la familia, que eran "alieni iuris", de derecho ajeno).

PS: El más bello y radical llamamiento a la sedición es el que ha hecho Marina Garcès en su pregón de la Mercè, llamando a crear: "una república juntament amb el conjunt de les repúbliques ibèriques, lliures d’estat". Me declaro culpable de ese mismo delito.


Los Mossos y el Estado

Los Mossos, a pesar de su reciente y sobrevenido prestigio, seguirán siendo lo que siempre fueron: una parte particularmente violenta (tal vez debido al entrenamiento de sus mandos en Israel) del aparato represivo del Estado español, del mismo modo que la propia Generalidad es Estado... y español. Hay algo paradójico en un proceso independentista que parte de aparatos del Estado del que se quiere separar. Existen dos peligros: la continuidad, esto es que nunca se produzca la separación aunque la quiera la mayoría, o, el clonado de las estructuras españolas del régimen del 78 por un nuevo Estado catalán. De momento, la ley de transitoriedad define el nuevo Estado como "República de derecho, democrática y social", calcando el enunciado de la constitución española del 78 y sustituyendo Estado por República (ignorando, por cierto, la unidad conceptual expresada por el sintagma "Estado de derecho" en toda la doctrina jurídica). También calca algunos aspectos autoritarios de la constitución del 78 como el peso desmedido que tiene el poder ejecutivo y la escasa independencia del judicial. Cabe esperar que el actual y potente movimiento de defensa de la democracia y las libertades en Cataluña supere ese marco bastante sórdido.

Reflexiones catalanas (Un petit homenatge a Catalunya)

1.

Las razones de Rajoy

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, Rajoy tiene razón. Sin embargo, la cosa es un pelín más compleja cuando se sale del marco jurídico y se pasa al político. Hace tiempo que el referéndum que quiere un 80% de los catalanes debería haberse negociado y celebrado, habiendo previamente interpretado o modificado el marco jurídico vigente para que esto sea posible. Por otra parte, la intervención contra las instituciones del autogobierno catalán, por motivada que pueda estar jurídicamente, es un disparate político y simbólico, que ha hecho pasar a un sector importante de catalanes autodeteterministas pero no independentistas al independentismo, al menos coyunturalmente.

El referéndum y su entorno jurídico son efectivamente un desastre y un fraude, pero la voluntad de decidir de los catalanes es una realidad que debe respetarse si se quiere seguir viviendo en democracia y no en una degeneración monstruosa de la democracia como el régimen de Erdogan. Hay que recordar que en Turquía también se aplican las leyes y actúa la justicia, contra los kurdos y la oposición democrática.

Creo que la actitud más inteligente que podría haber adoptado el gobierno si fuese un gobierno democrático, por muy de derechas que sea, sería haber tolerado un referéndum que habría tenido un mero valor simbólico al carecer de marco legal aceptable, de reconocimiento internacional e incluso interno dentro de Cataluña, lo que habría supuesto bajos niveles de participación. Acto seguido, podría haber iniciado la negociación de un referéndum dentro de las formas, habiendo tomado nota de la crisis de Estado que está abriéndose.

El gobierno ha optado, sin embargo, por usar la fuerza, amparándose en el derecho; tiene por lo tanto otra estrategia no necesariamente democrática cuyas estapas serían 1) el aplastamiento de la revuelta catalana, 2) una victoria electoral en el resto de España, 3) el paso a un régimen autoritario como el de Orban en Hungría o el de Erdogan en Turquía. En este sentido, Rajoy podría estar aprovechando la coyuntura del referéndum catalán del mimo modo que Erdogan aprovechó el intento de golpe de Estado en Turquía.

En España existe ya una grave crisis de Estado que solo se puede cerrar de dos maneras: permitiendo que el pueblo catalán se exprese libre y democráticamente dentro de un marco legal sobre su relación con España o impidiéndolo y transitando a una consolidación de formas autoritarias de gobierno. La solidaridad con los catalanes es vital para la defensa de las libertades de todos.

2.

La autodeterminación y la violencia

El problema del derecho de autodeterminación se parece mucho, en cuanto constituye un "exterior del derecho", al del terrorismo y está sujeto a las mismas paradojas jurídicas: antes de que un grupo terrorista tome el poder, o si ha sido derrotado, es una banda de criminales; si alcanza el poder se convierte en cambio en un grupo respetable de gobernantes de un nuevo Estado. Abundan los ejemplos: los dirigentes israelíes que fundaron el Estado, el ANC sudafricano y su dirigente Nelson Mandela, la propia resistencia francesa encabezada por el General de Gaulle que los nazis y el régimen de Vichy llamaban terrorista... 

Poco importa el marco legal o el derecho internacional: este es siempre suficientemente ambiguo para negar el derecho de autodeterminación y ampararlo cuando ya se ha ejercitado y no queda más remdio que reconocerlo. La autodeterminación se reconoce solo a posteriori, como un derecho surgido de un hecho. La voluntad de autodeterminación, incluso siendo pacífica - pues solo el soberano decide qué es pacífico y qué es violento- siempre se ve como algo violento, cuando no se identifica lisa y llanamente con el terrorismo. 

Si existe realmente autodeterminación, por definición solo puede depender de sí misma y no esperar ningún consentimiento o justificación exterior de orden moral o jurídico. De ahí que el acto de autodeterminación en que consiste el poder constituyente fuese comparado por Siéyès con la causa sui spinozista. Es algo que tenía muy claro Kant cuando hablaba de la Revolución francesa: los revolucionarios, antes de tomar el poder eran unos sediciosos que merecían el castigo de las leyes, una vez en el poder eran un gobierno legítimo al que se debía obedecer, y así.