Más detenciones, más presos políticos en el País Vasco

"Règle générale : quand un régime promulgue sa loi des suspects, quand il dresse ses tables de proscription, quand il s'abaisse à chercher d'une main fébrile dans l'arsenal des vieilles législations les armes empoisonnées, les armes à deux tranchants de la peine forte et dure, c'est qu'il est atteint dans ses œuvres vives, c'est qu'il se débat contre un mal qui ne pardonne pas, c'est qu'il a perdu non seulement la confiance des peuples, mais toute confiance en soi-même."/ "Regla general: cuando un régimen promulga su ley de sospechosos, cuando establece sus listas de proscritos, cuando se rebaja a buscar con mano febril en el arsenal de sus viejas legislaciones las armas ponzoñosas, las armas de doble filo de la pena fuerte y dura, es que ya está tocado en su fuerza vital, lucha contra un mal que no perdona; no sólo ha perdido la confianza de los pueblos, sino toda confianza en sí mismo" (Emile Pouget, Les lois scélérates de 1893-1894/Las leyes canallas de 1893-1894)

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Las últimas detenciones ocurridas en el País Vasco siguen la lamentable tónica de las precedentes. Las personas detenidas desarrollaban todas ellas actividades políticas pacíficas y legales y lo hacian a la luz del día. Ciertamente, los militantes de Askapena, son favorables a la autodeterminación y a la independencia del País Vasco, también auspician para este país un orden social postcapitalista. En esos objetivos coinciden ciertamente con muchas personas que hoy no pueden expresar su opinión mediante el voto, pero que, ciertamente representan un buen porcentaje de la población vasca. En los objetivos de autodeterminación, han venido siendo respaldados, hasta la prohibición de la izquierda abertzale, por un 60% de la población de su país. En los objetivos anticapitalistas también los secunda otro importante sector dentro y fuera del País Vasco.

De lo que se les acusa hoy es de que sus objetivos políticos coincidieran con los de ETA y de que sus nombres aparecieran en documentos incautados a miembros de esa organización armada. Muy endebles argumentos para privar a las personas de libertad en una democracia. Ya se sabe el uso que hizo la junta militar argentina de las agendas personales de los guerrilleros que caían en sus manos: todos los que en ellas figuraban, amigos, parientes o personas con sus mismas ideas políticas eran detenidos, torturados, eliminados. No se trataba de neutralizar la violencia armada, siempre minoritaria, sino de neutralizar a amplias corrientes sociales y políticas. Un grupo armado con objetivos políticos puede coincidir en sus objetivos con amplios sectores sociales que no comparten los mismos medios. Ello no significa en buena lógica que todos quienes integran estos sectores políticos sean "violentos", sino que algunos "violentos" comparten los objetivos políticos de estos sectores. Sería sorprendente que los jueces españoles considerasen que los ultraderechistas y racistas armados que votan al PP o al PSOE contaminan irreversiblemente a estas organizaciones políticas. ¿Acaso esperan encontrar en la agenda de un militante de ETA contactos con la derecha españolista? A fuerza de olvidar que existe un problema político en el País Vasco y un gravísimo problema constitucional y social en el Estado Español, llegan a criminalizar todo antagonismo real, a matar toda vida política efectiva.

La metonimia de la agenda permite reconstituir una red, pero no la red de la organización armada, sino la del movimiento político y social con cuyos objetivos coincide la organización armada. En otros términos, por la metonimia de las agendas y por la analogía que informa el propio concepto -profundamente antijurídico- de "terrorismo", termina aplicándose el principio número uno del derecho penal de las dictaduras que conoció su época dorada durante el régimen nazi y en los regímenes que de él se inspiraban: "nullum crimen sine poena", "no hay delito sin pena". Lo que pasa es que para aplicarlo es necesario no sólo castigar a quien comete actos violentos bien tipificados, sino a su supuesto "entorno" y esto es simplemente contrario al principio básico de legalidad en derecho penal que fue expresado por Feuerbach (el jurista) mediante la máxima: "nullum crimen, nulla poena, sine lege"; "ningún crimen, ninguna pena sin ley". Según el derecho penal liberal, para castigar un acto delictivo, este ha debido previamente ser definido de manera precisa y rigurosa, a fin de evitar la metonimia de las agendas y la analogía del "terrorismo", que castiga tanto al enemigo armado del Estado como a quienes comparten sus ideas y objetivos políticos o incluso a los miembros casuales de su "entorno". Un "entorno" que llega muy lejos, a Colombia, a Venezuela y a dondequiera que haya un nombre en una agenda. Con esta lógica todos somos presuntos "terroristas". Esta amalgama antijurídica es la que inspira la persecución estrictamente política dirigida contra el conjunto de la izquierda independentista vasca; es la que hace que el Estado español cuente con el mayor número de presos políticos de Europa, compitiendo en ignominia con la semidictadura militar turca.

Cuando ETA acaba de declarar una tregua unilateral y la izquierda abertzale está iniciando los contactos con mediadores internacionales indispensables para un genuino proceso de paz, la actuación de los magistrados y de la fiscalía españoles contra los sectores más comprometidos con este proceso muestra la verdadera cara del régimen. Es de esperar que la firme voluntad de paz de la sociedad vasca evite esta vez que vuelva a descarrilar el proceso y que el Estado español restañe su maltrecha legitimidad presentándose como una pacífica democracia en lucha contra la violencia, haciendo olvidar las cunetas rebosantes de cadáveres que son los verdaderos cimientos del régimen actual.

A fin de evitar que el nuevo proceso de paz que hoy puede desarrollarse fracase como los anteriores, es urgente la derogación del conjunto de las leyes antiterroristas y la inmediata liberación de los centenares de presos políticos que estas leyes antidemocráticas y antijurídicas han conducido a prisión. Es indispensable la inmediata puesta en libertad de los militantes de Askapena recientemente detenidos. El Estado Español debe cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos de los individuos y de los pueblos y no limitarse a dar "lecciones de democracia" a otros países.