http://elpais.com/elpais/2012/02/16/opinion/1329403129_054950.html
Es excelente y de muy provechosa lectura el artículo de Francesc Casares i Potau y otros tres juristas que publica hoy el País. En este artículo, desde un punto de vista que recuerda al de los "usos alternativos del derecho", constatan los autores que las últimas medidas de reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy contribuyen a la destrucción en curso del derecho laboral. Para los cuatro juristas, las últimas reformas suponen una casi completa liquidación de la especificidad de ese ámbito del derecho, en el que la intervención de los poderes públicos restablecía entre un patrón y un trabajador con poderes sociales desiguales "el equilibrio en que se basa toda rama del Derecho". Es discutible, sin embargo, que lo logrado por el derecho laboral sea realmente un equilibrio, en el sentido de una igualdad de las partes ante el derecho: esta igualdad ya se encuentra en el derecho civil normal en cuanto este rige los contratos. Un contrato se celebra, en efecto entre sujetos libres e iguales. El derecho laboral viene a establecer, por el contrario, una desigualdad de derechos entre personas socialmente desiguales. Esta desigualdad es la que permite a una sociedad seguir siendo una comunidad y no un sinfin de individuos unidos por lazos meramente comerciales y a los trabajadores sustraerse a una opresión ilimitada. Si no existiesen el derecho laboral y la contratación colectiva, la inferioridad social de unos trabajadores desprovistos de medios de producción propios los condenaría a unas condiciones de explotación incompatibles con una vida civilizada. El derecho laboral, más que una conquista jurídica es claramente una conquista de la lucha de clases frente al derecho, una imposición de esa desigualdad de derechos entre desiguales, a que se refiere Marx en la Crítica del Programa de Gotha para caracterizar el comunismo, por encima de la norma jurídica de la igualdad que establece una igualdad -mercantil, contractual- entre personas efectivamente desiguales. El derecho laboral era ya una norma comunitaria y en cierto modo comunista dentro de una sociedad que se rige fundamentalmente por las relaciones mercantiles. Esta desigualdad propia de todo vínculo comunitario, y no una supuesta igualdad, es lo que realmente se pierde con la desaparición del derecho laboral.
El planteamiento del artículo diagnostica bien el desastre, pero no es suficiente. Se limita a lamentar la pérdida de una importante conquista social, pero no analiza ni sus causas ni el nuevo terreno en que se inscribe. Lo que hoy estamos viendo no es una mera conculcación del derecho y una violación del principio de igualdad, sino sólo la realización del programa máximo neoliberal que nunca ha considerado la empresa como un lugar de "convivencia", como ese "terreno de colaboración constructiva" de que hablan los autores del artículo, sino como una suplencia temporal del mercado, un islote dentro del mercado que sólo resulta útil cuando los costes de transacción son demasiado elevados (Ronald Coase). Existen en efecto situaciones en las que resulta más provechoso a una empresa producir algo ella misma que recurrir al mercado para adquirirlo: se trata de aquellas circunstancias en que un capitalista no dispone de garantías necesarias sobre la existencia, la calidad o el tiempo de entrega de un determinado bien o servicio. Lo que justifica la existencia de la empresa como marco de cooperación directa - si bien no libre- es la incertidumbre de las transacciones, que se traduce para el productor-vendedor capitalista en costes adicionales de producción.
La empresa aparece como un marco de cooperación, pero en el capitalismo, la cooperación directa sólo es concebible bajo dos parámetros que la desvirtúan: la jerarquía y el mando de fábrica o la relación mercantil en la que el dinero y/o la mercancía son mediaciones necesarias de la cooperación. Hoy, los famosos costes de transacción que justificaban la existencia de la empresa (firm, en la terminología de Coase) se han reducido de manera drástica debido a la estructura comunicativa y de red del sistema económico: el coste del transporte ha disminuido enormemente, pero sobre todo, la circulación de la información ha experimentado una vertiginosa aceleración. Un capitalismo sin costes de transacción es hoy una "utopía" posible, que supone la realización del ideal hayekiano de un capitalismo sin empresas. La relación jurídica específicamente laboral puede, en estas circunstancias, sustituirse por una relación contractual normal entre agentes del mercado con iguales derechos, la explotación por el capitalista industrial individual puede verse sustituida por la explotación global del trabajo/vida por parte del capital financiero, que funciona como una auténtica organización "comunista" del capital. De la empresa, privada de interior, queda sólo un nodo de gestión de la explotación financiera de un trabajo cada vez más "externalizado".
El trabajador, en lugar de ser, como lo era dentro de la empresa, un elemento de un organismo de cooperación, pasa a ser "empresario de sí mismo" y titular de un capital humano que se vende a sí mismo en el mercado (Gary Becker). La explotación se desterritorializa y se hace abstracta y general. 99% frente a 1% es una imagen torpe de lo que está ocurriendo: la de un capital que se ha hecho colectivo y que manda indirectamente a través de los circuitos financieros al trabajador colectivo. El enfrentamiento es, paradójicamente el de un 100% con un 100%, no es una oposición especular sino un desgarro, pues la relación capital atraviesa hoy a cada individuo, a los explotados también. Así se explica que la mayoría de ellos sientan aprensión ante el hundimiento de las bolsas o la suspensión de pagos de su país. En un régimen de mando donde predomina la lógica de la deuda, la sumisión se interioriza y se convierte en "responsabilidad personal" de un sujeto supuestamente libre.
El capital no tiene ningún espacio privilegiado, ha abandonado toda limitación territorial a escala de los Estados o del planeta. También debe hacerlo la resistencia. Ya no cabe exigir el "derecho al trabajo", pues hoy ello equivale a reivindicar la explotación sin límites. Cuando se pide trabajo, el poder ofrece mini-jobs o, mejor aún, una serie infinita de prácticas no pagadas o de "trabajos de utilidad social" en régimen de semiesclavitud. Frente a un derecho al trabajo que no implica ya ninguna solidaridad social ni comunitaria, sólo cabe reivindicar un derecho a la renta independiente del trabajo; una renta que remunere la actividad productiva de todos, incluso los que no trabajan bajo relación salarial, y garantice en el conjunto de la sociedad y no ya en la empresa/fábrica la reproducción de la comunidad de productores.
A la lógica triste y mortífera de la finanza y de la deuda que es la lógica del "comunismo del capital", sólo cabe oponer otra lógica comunista, la de la renta básica como medida de transición a la abolición de la relación salarial. Un comunismo de la multitud. Tampoco cabe reivindicar la limitación de los derechos a los nacionales: el derecho a la libre circulación de los trabajadores debe ser tan ilimitado como el que se ha arrogado el propio capital. No tiene, pues, sentido añorar un nuevo consenso nacional-fordista, pero sí constituir unas relaciones sociales que amparen la reproducción del trabajador colectivo como tal, que protejan su humus -que él mismo produce- que no es sino esa inmensa acumulación de comunes productivos que hoy se realiza a escala del planeta.
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