1.
Cuando, como en Grecia, la televisión pública se tiene que hacer
pirata,el Estado propietario (hoy enteramente privatizado) es más
una amenaza que una garantía para los bienes comunes. Si alguien
quiere una prueba de que lo público y lo común no son ni pueden ser
estatales, que mire a Grecia...y a Turquía. De hecho, también al
otro lado del Mediterráneo, el mismo fenómeno puede apreciarse a
simple vista con la misma claridad.
2.
La liquidación de la radiotelevisión pública ERT en Grecia, a raíz
de una orden ministerial que obedecía el dictado de la Troika
(Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario
Internacional) de reducir drástica y rápidamente el personal del
sector público, se ha encontrado con una imponente resistencia
social. En primer lugar, las de los propios trabajadores de una
televisión pública mediocre que hasta el momento de su cierre
oficial había sido fiel al poder, retransmitiendo sus consignas y
justificando sus políticas. El cierre, efectuado brutal y
velozmente, llevó a la mayoría de los trabajadores a descubrir la
necesidad de un auténtico servicio público que no estuviese al
servicio del poder y del Estado. No solo los trabajadores
descubrieron esto: miles de ciudadanos lo hicieron también y se
congregaron ante la sede central de la ERT para apoyar su ocupación
por el personal de la empresa pública.La programación de ERT sigue
emitiéndose a través de distintas emisoras que les prestan sus
ondas o a través de internet. Desde pocas horas antes del cierre,
cambió bruscamente el contenido de los programas y la información,
tras haber sido favorable al régimen y a los memorándums de la
troika, se volvió de repente hostil al saqueo del país por el
capital financiero nacional e internacional. Entre las primeras
personalidades que comparecieron en los programas de la nueva
ERT-libre estuvo Alexis Tsipras, el dirigente de Syriza, quien afirmó
que "el corte de la señal de televisión es algo propio de un
país ocupado o de un golpe de Estado." Lo que fue hasta hace
muy pocas horas una televisión malquerida por la población -por eso
el primer ministro de derechas Samarás decidió liquidarla, pensando
que ello sería una medida popular- se ha convertido hoy en un bien
público que amplias capas de la población aspiran a preservar. Como
se afirmaba en las manifestaciones de apoyo "la ERT es pública,
no estatal, es nuestra y entre todos la recuperaremos".
3.
Esto nos conduce a una reflexión más general. La ERT ha sido
cerrada con vistas a su más que probable privatización por el
Estado. Si el Estado puede privatizar es porque esencialmente es
propietario de los bienes comunes bajo su tutela. Cuando el Estado
privatiza un servico público u otro bien común, está traspasando
una propiedad de manos de un propietario (el propio Estado) a
propietarios privados. Sin embargo, lo que traspasa no es un bien que
le pertenezca, sino algo que pertenece a la comunidad y que, en las
sociedades con Estado, se encuentra bajo tutela estatal. Formalmente
los bienes comunes como la enseñanza, la salud etc. están en manos
del Estado que por eso puede privatizarlos. El más claro ejemplo de
esto es el de la liquidación del socialismo yugoslavo. En las
repúblicas herederas de Yugoslavia, la privatización se enfrentó
al hecho de que estos bienes eran de propiedad social o cooperativa.
Por ello, los nuevos Estados tuvieron que nacionalizarlos para
privatizarlos después...El actor de las privatizaciones, por mucho
que actùue bajo la presión d los mercados, de la Troika o de los
poderes financieros, sigue siendo el Estado. El Estado moderno que,
desde sus primeros momentos estableció un régimen de propiedad
generalizada liquidando los antiguos comunes mediante su
privatización o estatalización, sigue siendo hoy un actor de la
privatización de los comunes que la sociedad ha puesto bajo su
tutela. En cuanto a las IFI y el capital financiero en sus distintas
formas de organización, son ciertamente el núcleo del entramado de
gobernanza actual, pero necesitan formalmente la connivencia de los
Estados para funcionar: son sujetos de una dictadura social, pero no
de una dictadura política directa: esta última sigue estando en
manos de los disntintos Estados. Estos, conforme al principio liberal
clásico del Estado económico (en los dos sentidos del término:
reducido y determinado por la economía) han reducido su esfera de
acción para dejar actuar al mercado y al capital financiero como si
estos fueran "fuerzas naturales" a las que todo gobernante
debiera someterse. Conforme a este principio y según el decreto
soberano de los Estados y la "voluntad" de los mercados,
los bienes comunes van transfiriéndose progresivamente de la
propiedad estatal a la propiedad privada, cada vez más ejercida por
un capital financiero desterritorializado y tan irresponsable como
los vientos, las mareas o cualquier otra fuerza natural..
3.
Frente a este comportamiento de los Estados, parecería necesario
abandonar enteramente cualquier acción en la esfera pública estatal
y en un ámbito representativo incapaz de hacer nada que vaya en
contra de esas supuestas fuerzas naturales. Esto supondría, sin
embargo, dejar todo el terreno a la maquinaria de expropiación y
privatización. Precisamente porque el Estado privatiza, es necesario
que una opción política -y electoral- contraria a la deudocracia y
defensora de los comunes esté presente en el parlamento e incluso
que gane las elecciones y gobierne. El objetivo, para quienes
deseamois reconquistar los comunes no es prescindir de las
instituciones, ni mucho menos, sino transformarlas radicalmente a fin
de pasar del Estado propietario y expropiador a una República de los
comunes. Esa República, en la medida en que no sería un sujeto
propietario trascendente a la sociedad no podría privatizar lo que
no es suyo, sino de todos.
4. Como
el Estado moderno es necesariamente un sujeto propietario (en el
marco de la lógica general del individualismo posesivo, dentro de la
cual el Estado es el individuo más poderoso, pero un individuo más)
la República de los comunes, al ser una democracia efectiva con
leyes y garantías de las libertades y mecanismos de participación
activa de la ciudadanía en la gestión de los bienes comunes,
dejaría de ser un Estado, al menos en el sentido de la filosofía
política moderna europea (la línea que va de Hobbes a Locke,
Rousseau, Kant etc.). Un planteamiento político que haga
imposible -al menos por medios legales- la expropiación de los
comunes ya no puede ser estrictamente estatalista. Hay que repetirlo:
no toda institución política es un Estado. La democracia tomada en
sentido riguroso, es decir, la que basa la igualdad no en la
igualdad jurídica entre sujetos supuestamente propietarios sino en
el acceso libre e igual a los comunes, no puede ser un Estado en
sentido estricto.
La
única barricada efectiva que se puede oponer al pillaje son las
instituciones del común, una República de los comunes que haga
imposible la privatización de los bienes públicos y colectivos de
forma mucho más radical que en Yugoslavia. Ningún Estado en su
configuración actual lo hará: por eso en todos los procesos
latinoamericanos se ha cambiado la constitución para proteger los
bienes comunes y favorecer formas de participación ciudadana
activas. Para mí, esto constituye un progresivo abandono de la forma
Estado, pero en ningún caso de las instituciones públicas ni de la
política. Una democracia es una organización política, pero si se
toma en serio =como en la Grecia antigua= no es un Estado.
5.
En términos muy sencillos: las estructuras sociales determinan la
realidad y efectividad de la superestructura política. No se trata
de construir poder popular "fuera del Estado", sino de
convertir el Estado, de forma separada que es, en poder popular, en
democracia. La modificación de la correlación de fuerzas
constituyente en favor de las mayorías sociales deshace la ilusión
necesaria a la organización política de una sociedad de clases, en
la que la organización política aparece como algo separado de la
sociedad, como un individuo propietario más junto a los demás
individuos. La base material de una democracia efectiva no puede ser
un régimen de los propietarios por iguales que estos sean, sino un
régimen de los comunes dotado de un derecho del común. En el
régimen de la propiedad, el acceso a la riqueza social y a los
medios de producción depende de la propiedad privada o estatal,
siendo ambos tipos de propiedad garantizados por el Estado. En una
República de los comunes, el acceso libre e igual (aunque
jurídicamente regulado, of course) a los comunes sería el núcleo
de unas relaciones de producción respetuosas de múltiples formas de
organización de la producción compatibles con este principio. Por
otra parte, esta nueva base productiva que surgiría de la simple
"desprivatización" de los comunes hoy existentes, haría
irreversible la transformación social. A quien se quejara del orden
existente, se le podría decir lo que dicen hoy los neoliberales: "es
la economía, estúpido" Mientras tanto, puede haber, por
supuesto todas las garantías del pluralismo, elecciones, alternancia
en los gobiernos etc. dentro de un riguroso respeto de la
constitución formal y material.
6.
Si se trata de ganar unas elecciones para servir de interfaz
representativo a los movimientos sociales y fomentar desde el
gobierno su actividad, más vale que vayamos cambiando la
terminología clásica de la izquierda que desea "tomar el
poder" o "conquistar el Estado" y nos centremos en
algunos problemas reales como la deuda ilegítima pública y
privada, los derechos sociales, los bienes comunes y los servicios
públicos....Fomentando la participación ciudadana activa,
articulando gobierno popular y movimientos sociales, dando la tutela
efectiva de los bienes comunes a ciudadanos, usuarios y trabajadores,
el Estado va retrocediendo como entidad separada y avanza la
democracia.
