Grecia: una televisión que sigue siendo pública porque es pirata

1. Cuando, como en Grecia, la televisión pública se tiene que hacer pirata,el Estado propietario (hoy enteramente privatizado) es más una amenaza que una garantía para los bienes comunes. Si alguien quiere una prueba de que lo público y lo común no son ni pueden ser estatales, que mire a Grecia...y a Turquía. De hecho, también al otro lado del Mediterráneo, el mismo fenómeno puede apreciarse a simple vista con la misma claridad.

2. La liquidación de la radiotelevisión pública ERT en Grecia, a raíz de una orden ministerial que obedecía el dictado de la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) de reducir drástica y rápidamente el personal del sector público, se ha encontrado con una imponente resistencia social. En primer lugar, las de los propios trabajadores de una televisión pública mediocre que hasta el momento de su cierre oficial había sido fiel al poder, retransmitiendo sus consignas y justificando sus políticas. El cierre, efectuado brutal y velozmente, llevó a la mayoría de los trabajadores a descubrir la necesidad de un auténtico servicio público que no estuviese al servicio del poder y del Estado. No solo los trabajadores descubrieron esto: miles de ciudadanos lo hicieron también y se congregaron ante la sede central de la ERT para apoyar su ocupación por el personal de la empresa pública.La programación de ERT sigue emitiéndose a través de distintas emisoras que les prestan sus ondas o a través de internet. Desde pocas horas antes del cierre, cambió bruscamente el contenido de los programas y la información, tras haber sido favorable al régimen y a los memorándums de la troika, se volvió de repente hostil al saqueo del país por el capital financiero nacional e internacional. Entre las primeras personalidades que comparecieron en los programas de la nueva ERT-libre estuvo Alexis Tsipras, el dirigente de Syriza, quien afirmó que "el corte de la señal de televisión es algo propio de un país ocupado o de un golpe de Estado." Lo que fue hasta hace muy pocas horas una televisión malquerida por la población -por eso el primer ministro de derechas Samarás decidió liquidarla, pensando que ello sería una medida popular- se ha convertido hoy en un bien público que amplias capas de la población aspiran a preservar. Como se afirmaba en las manifestaciones de apoyo "la ERT es pública, no estatal, es nuestra y entre todos la recuperaremos".

3. Esto nos conduce a una reflexión más general. La ERT ha sido cerrada con vistas a su más que probable privatización por el Estado. Si el Estado puede privatizar es porque esencialmente es propietario de los bienes comunes bajo su tutela. Cuando el Estado privatiza un servico público u otro bien común, está traspasando una propiedad de manos de un propietario (el propio Estado) a propietarios privados. Sin embargo, lo que traspasa no es un bien que le pertenezca, sino algo que pertenece a la comunidad y que, en las sociedades con Estado, se encuentra bajo tutela estatal. Formalmente los bienes comunes como la enseñanza, la salud etc. están en manos del Estado que por eso puede privatizarlos. El más claro ejemplo de esto es el de la liquidación del socialismo yugoslavo. En las repúblicas herederas de Yugoslavia, la privatización se enfrentó al hecho de que estos bienes eran de propiedad social o cooperativa. Por ello, los nuevos Estados tuvieron que nacionalizarlos para privatizarlos después...El actor de las privatizaciones, por mucho que actùue bajo la presión d los mercados, de la Troika o de los poderes financieros, sigue siendo el Estado. El Estado moderno que, desde sus primeros momentos estableció un régimen de propiedad generalizada liquidando los antiguos comunes mediante su privatización o estatalización, sigue siendo hoy un actor de la privatización de los comunes que la sociedad ha puesto bajo su tutela. En cuanto a las IFI y el capital financiero en sus distintas formas de organización, son ciertamente el núcleo del entramado de gobernanza actual, pero necesitan formalmente la connivencia de los Estados para funcionar: son sujetos de una dictadura social, pero no de una dictadura política directa: esta última sigue estando en manos de los disntintos Estados. Estos, conforme al principio liberal clásico del Estado económico (en los dos sentidos del término: reducido y determinado por la economía) han reducido su esfera de acción para dejar actuar al mercado y al capital financiero como si estos fueran "fuerzas naturales" a las que todo gobernante debiera someterse. Conforme a este principio y según el decreto soberano de los Estados y la "voluntad" de los mercados, los bienes comunes van transfiriéndose progresivamente de la propiedad estatal a la propiedad privada, cada vez más ejercida por un capital financiero desterritorializado y tan irresponsable como los vientos, las mareas o cualquier otra fuerza natural..

3. Frente a este comportamiento de los Estados, parecería necesario abandonar enteramente cualquier acción en la esfera pública estatal y en un ámbito representativo incapaz de hacer nada que vaya en contra de esas supuestas fuerzas naturales. Esto supondría, sin embargo, dejar todo el terreno a la maquinaria de expropiación y privatización. Precisamente porque el Estado privatiza, es necesario que una opción política -y electoral- contraria a la deudocracia y defensora de los comunes esté presente en el parlamento e incluso que gane las elecciones y gobierne. El objetivo, para quienes deseamois reconquistar los comunes no es prescindir de las instituciones, ni mucho menos, sino transformarlas radicalmente a fin de pasar del Estado propietario y expropiador a una República de los comunes. Esa República, en la medida en que no sería un sujeto propietario trascendente a la sociedad no podría privatizar lo que no es suyo, sino de todos. 

4. Como el Estado moderno es necesariamente un sujeto propietario (en el marco de la lógica general del individualismo posesivo, dentro de la cual el Estado es el individuo más poderoso, pero un individuo más) la República de los comunes, al ser una democracia efectiva con leyes y garantías de las libertades y mecanismos de participación activa de la ciudadanía en la gestión de los bienes comunes, dejaría de ser un Estado, al menos en el sentido de la filosofía política moderna europea (la línea que va de Hobbes a Locke, Rousseau, Kant etc.). Un planteamiento político que haga imposible -al menos por medios legales- la expropiación de los comunes ya no puede ser estrictamente estatalista. Hay que repetirlo: no toda institución política es un Estado. La democracia tomada en sentido riguroso, es decir, la que basa la igualdad no en la igualdad jurídica entre sujetos supuestamente propietarios sino en el acceso libre e igual a los comunes, no puede ser un Estado en sentido estricto.

La única barricada efectiva que se puede oponer al pillaje son las instituciones del común, una República de los comunes que haga imposible la privatización de los bienes públicos y colectivos de forma mucho más radical que en Yugoslavia. Ningún Estado en su configuración actual lo hará: por eso en todos los procesos latinoamericanos se ha cambiado la constitución para proteger los bienes comunes y favorecer formas de participación ciudadana activas. Para mí, esto constituye un progresivo abandono de la forma Estado, pero en ningún caso de las instituciones públicas ni de la política. Una democracia es una organización política, pero si se toma en serio =como en la Grecia antigua= no es un Estado.

5. En términos muy sencillos: las estructuras sociales determinan la realidad y efectividad de la superestructura política. No se trata de construir poder popular "fuera del Estado", sino de convertir el Estado, de forma separada que es, en poder popular, en democracia. La modificación de la correlación de fuerzas constituyente en favor de las mayorías sociales deshace la ilusión necesaria a la organización política de una sociedad de clases, en la que la organización política aparece como algo separado de la sociedad, como un individuo propietario más junto a los demás individuos. La base material de una democracia efectiva no puede ser un régimen de los propietarios por iguales que estos sean, sino un régimen de los comunes dotado de un derecho del común. En el régimen de la propiedad, el acceso a la riqueza social y a los medios de producción depende de la propiedad privada o estatal, siendo ambos tipos de propiedad garantizados por el Estado. En una República de los comunes, el acceso libre e igual (aunque jurídicamente regulado, of course) a los comunes sería el núcleo de unas relaciones de producción respetuosas de múltiples formas de organización de la producción compatibles con este principio. Por otra parte, esta nueva base productiva que surgiría de la simple "desprivatización" de los comunes hoy existentes, haría irreversible la transformación social. A quien se quejara del orden existente, se le podría decir lo que dicen hoy los neoliberales: "es la economía, estúpido" Mientras tanto, puede haber, por supuesto todas las garantías del pluralismo, elecciones, alternancia en los gobiernos etc. dentro de un riguroso respeto de la constitución formal y material.

6. Si se trata de ganar unas elecciones para servir de interfaz representativo a los movimientos sociales y fomentar desde el gobierno su actividad, más vale que vayamos cambiando la terminología clásica de la izquierda que desea "tomar el poder" o "conquistar el Estado" y nos centremos en algunos problemas reales como la deuda ilegítima pública y privada, los derechos sociales, los bienes comunes y los servicios públicos....Fomentando la participación ciudadana activa, articulando gobierno popular y movimientos sociales, dando la tutela efectiva de los bienes comunes a ciudadanos, usuarios y trabajadores, el Estado va retrocediendo como entidad separada y avanza la democracia.