La otra justicia

(English version of this text -thanks to Richard Mc Aleavey- available here)
(Artículo publicado en Las Voces de Pradillo)

La reivindicación de justicia pertenece sin duda al patrimonio moral y político del pueblo y del proletariado.

Exigir justicia significa desde ese punto de vista, rebelarse contra la desigualdad, contra cualquier situación en la que unos hombres puedan situarse por encima de otros, ejercer dominio sobre otras personas. La justicia debería permitir la igualdad social y política, pero en las actuales condiciones sociales no lo hace. Hoy, la justicia no garantiza la igualdad, sino la igualdad entre propietarios y su corolario inevitable, la desigualdad efectiva entre propietarios y no propietarios.

Quien solo disponga de su pellejo pero no tenga acceso a sus propios medios de producción y de vida, será formalmente igual al patrón a quien tiene que vender « su trabajo » para vivir, pero en la práctica, más allá de las fantasmagorías del derecho mercantil, en el duro mundio de la producción capitalista, reina la más perfecta desigualdad.

Reivindicar justica en estas condiciones significa exigir que se cumplan las cláusulas que sancionan jurídicamente una relación real de desigualdad. La reivindicación popular de justicia es, sin embargo, perfectamente legítima, pero solo puede tener eficacia si va unida a la construcción y al desarrollo de prácticas sociales que basen la igualdad no en la propiedad, sino en el libre acceso a los comunes productivos y a la riqueza social.

La reciente iniciativa de recrear un Socorro Rojo para organizar desde la base los servicios públicos y la asistencia social que los Estados niegan a la población, organizando la distribución de alimentos y otros bienes de primera necesidad a los cada vez más numerosos necesitados es una exdelente inciativa que va precisamente en el sentido de este tipo de justicia y de igualdad.

Hoy, la cuestión de la justicia está plenamente de actualidad en España con los escándalos que se dan últimamente a conocer y que afectan a las más altas esferas del gobierno y del Estado. Los papeles de Bárcenas y el caso Gürtel, entre otros muchos casos de corrupción, nos muestran que los más poderosos se han permitido desde años y con plena impunidad violar las leyes y servirse de los dineros públicos sin ningún escrúpulo.

Esto es perfectamente normal, por lo demás, en un régimen como el transfranquismo neoliberal español que, como los demás regímenes neoliberales, ha abandonado toda perspectiva de interés público y afirma que el gobierno debe defender en primer lugar el interés privado. Los servidores de un Estado privatizado son así los primeros en servirse, pues su interés forma parte de ese preciado interés privado que rendundará según los ideólogos neoliberales en beneficio del conjunto de la sociedad, en virtud del principio del trickle down o goteo hacia abajo.

Se ha podido ver en estos últimos años cómo ese goteo hacia abajo, acompañado de un enorme bombeo hacia arriba de la riqueza social, lo que ha hecho ha sido desecar completamente el suelo en que viven las mayorías sociales al privarlas de servicios públicos y derechos sociales que hasta ahora se habían considerado básicos. Pensar que el poni del PP, la residencia de la amante del Jefe del Estado a título de sucesor de Franco o la mansión barcelonesa de Urdangarín y Sra. se han financiado a costa de que los niños empiecen a desmayarse de hambre en los colegios, mueve a una explicable indignación y a una exigencia de justicia.

Sin embargo, la justicia no es la solución al problema que aqueja a nuestras sociedades. La mera exigencia de justicia, lo que podríamos denominar « justicialismo » tiene pocas perspectivas de cambiar efectivamente la realidad. Ciertamente existe corrupción, pero nadie debe hacerse ilusiones de que, acabando con la corrupción, las cosas vayan a mejorar sensiblemente para todos. Aunque se sentara en el banquillo a todo el gobierno y al partido mayoritario de la « oposición » junto a los más altos exponentes de la familia Borbón, aunque se les condenara a duras penas y se hiciera justicia con ellos, restableciendo así las condiciones jurídicas formales del reparto de la riqueza, la situación de la inmensa mayoría de la sociedad seguiría siendo catastrófica, no porque no se aplicasen las leyes y el derecho, sino en virtud de la estricta aplicación de este.

La deuda financiera ilegítima que está arruinando a las familias y liquidando servicios públicos esenciales seguiría vigente con todas las catastróficas consecuencias que hoy conocemos. Solo un acto formalmente ilegal conforme a la legislación vigente como el impago de las deudas privadas y públicas ilegítimas puede hacer cambiar las cosas. Para eso no basta exigir justicia, sino construir la fuerza social capaz de imponer esa ruptura y de resistir eficazmente desde abajo al empobrecimiento.

La lógica de la propiedad es aquella mediante la cual el avaro Schyllock de Shakespeare podía exigir legalmente a su deudor el pago de una libra de carne cercana al corazón. Hay que romper esa lógica asesina, no en nombre del derecho y de la justicia actuales, basados en la propiedad, sino en nombre de otro derecho y otra justicia que basen la igualdad y la justicia, no en la propiedad sino en el libre acceso a los bienes comunes. Solo así tendremos una justicia y una igualdad arraigadas en sus condiciones materiales de realización.