¿El eurocomunismo en su camino de Damasco? La "dictadura de los trabajadores" según Cayo Lara

"in a Monarchy, the Subjects are the Multitude, and (however it seeme a Paradox) the King is the People"

(En una monarquía, los súbditos son la multitud y (aunque parezca una paradoja) el Rey es el pueblo)

Thomas Hobbes, De Cive, 12, VIII

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, sigue haciendo un ímprobo esfuerzo por situar más a la izquierda la imagen de su organización. El último episodio de esta limpieza de fachada de IU, una coalición política, cuyo principal componente es aquel Partido Comunista que Santiago Carrillo declaró "realista" por aceptar la monarquía encarnada en el Jefe de Estado impuesto por Franco, la bandera bicolor, los pactos de la Moncloa, el rechazo del derecho de autodeterminación, la inclusión de la economía de mercado en la constitución y otras lindezas, lo constituye una aparente vuelta atrás del Coordinador General sobre uno de los principios básicos del eurocomunismo: la renuncia a la dictadura del proletariado. Efectivamente, en un reciente mitin celebrado en Leganés, el dirigente de IU afirmaba (cf.La República.es):

"Queremos hacer una dictadura", matizando estas palabras de la manera siguiente: "Queremos que las leyes se lleven al Boletín Oficial del Estado al dictado de los trabajadores, y no al de los intereses empresariales, por medios totalmente democráticos".

La dictadura, para Cayo Lara es por lo tanto un régimen basado en el "dictado", en el que unos dictan y otros transcriben. Hoy, quienes dictan son los empresarios, que hacen que sus intereses queden fielmente transcritos en la legislación; mañana, si la organización de Cayo Lara gana las elecciones ("por medios totalmente democráticos"), quienes dicten lo que tienen que escribir en las leyes los escribanos del Boletín Oficial del Estado (BOE) serán los trabajadores que IU pretende representar.

Por otra parte, Lara concibe su propuesta de dictadura "de los trabajadores" como remedio no a la actual legalidad, sino a su supuesto "incumplimiento". Afirma así Lara que "se está violando continuamente la Constitución" porque "la soberanía no es de los españoles. Es de los bancos y del Fondo Monetario Internacional", y porque "no se respeta la aconfesionalidad del Estado" y "se viola el derecho al trabajo" al haber más de cuatro millones de parados en España.

Aparte del interés histórico de unas declaraciones en las que el eurocomunismo español parece haber emprendido su camino de Damasco, abrazando de nuevo tan denostado concepto como el de "dictadura", las aserciones de Lara tienen un indudable valor teórico. En primer lugar, sitúan la propuesta de una "dictadura de los trabajadores" en un marco sociopolitico español y europeo caracterizado por la dictadura de la burguesía. En eso parece estar repitiendo el gesto del mejor Lenin, el del Estado y la Revolución, para quien "Las formas de los Estados burgueses son extraordinariamente diversas, pero su esencia es la misma: todos esos Estados son, bajo una forma o bajo otra, pero, en último resultado, necesariamente, una dictadura de la burguesía." (Lenin, El Estado y la Revolución, Cap.3). Así, a la dictadura de la burguesía, lo que hay que oponer -según Lara- es la dictadura "de los trabajadores", una dictadura que represente cabalmente sus intereses en el proceso legislativo.

Aun reconociendo lo anterior, las palabras de Lara resultan sumamente ambiguas. En primer lugar, el concepto de "dictadura" parece utilizarse de manera blanda. Aquí por "dictadura" no se entiende en absoluto, a la manera de Marx o de Lenin, una ruptura con la legalidad existente destinada a fundar otro orden social y político, pues esta curiosa "dictadura de los trabajadores" lo que prevé es redactar los contenidos del BOE de forma acorde con la legalidad vigente. Por otra parte, el objetivo no es sustituir esta legislación, ni modificar el texto constitucional que da cobertura al conjunto del ordenamiento político español. Para Cayo Lara, la "dictadura de los trabajadores" consiste en aplicar la constitución monárquica vigente, que a su entender permitiría realizar el derecho al trabajo y la separación de la Iglesia y el Estado y, probablemente superar el capitalismo. Con ello, además, el pueblo español recuperaría su soberanía hoy usurpada por los poderes financieros, pero, a juicio del coordinador general, inscrita en la constitución española del 78.

Cabe en primer lugar recordar algunos aspectos de la mencionada constitución que no sólo es liberal, sino fundamentalmente antidemocrática. Aun si pasamos por alto la forma de Estado monárquica que, en sí, es ya más que discutible, lo que no cabe ignorar es el origen de esta monarquía sui generis, una monarquía que es el resultado de la ley franquista de Sucesión a la Jefatura del Estado. Este aspecto histórico no es anecdótico, pues trae consigo importantísimas consecuencias. La primera de ellas es la consagración de principios antidemocráticos como la "unidad de España", principio que en un país históricamente plurinacional supone un atropello a los derechos de buena parte de la población, o del derecho del ejército a tutelar no ya la integridad territorial ni la seguridad del país, sino el propio "orden constitucional". Por otra parte, la constitución española es una de las pocas constituciones europeas que consagran un sistema económico como el único compatible con su ordenamiento: la "economía de mercado" (art. 38). Por mucho que en el mismo artículo 38 también se autorice la planificación, lo que no se puede hacer en el marco de la constitución española es abolir el capitalismo. De este modo, por mucho que se declare el derecho al pleno empleo, un hipotético gobierno de la monarquía presidido por Cayo Lara tendría que aceptar una gestión mercantil del empleo, esto es la existencia de un mercado de fuerza de trabajo, lo cual tiene como inevitable consecuencia la existencia permanente de un porcentaje de "desempleo natural" en términos de Friedman, o, en términos de Marx, un "ejército industrial de reserva", lo cual supone que el "derecho al trabajo" se niegue a una cantidad importante de ciudadanos.

El problema de Cayo Lara es que la constitución cuyos preceptos quiere ver cumplidos es la de un Estado esencialmente burgués, un Estado que no es una dictadura de la burguesía sólo coyunturalmente, por que haya gobiernos neoliberales de derecha o de izquierda, sino estructuralmente, y que lo seguiría siendo aunque gobernara Izquierda Unida. Un aspecto fundamental de la gobernamentalidad moderna encarnada en el Estado capitalista es precisamente el reconocimiento de la "naturalidad" de la esfera económica regida por el mercado. Dada esta esfera mercantil -supuestamente- autorregulada que funciona con la misma necesidad que los fenómenos meteorológicos, es tan absurdo considerar "anticonstitucional" que no haya pleno empleo, por mucho que la constitución reconozca este derecho, como acusar a una inundación o un terremoto que han barrido mi casa de negarme el "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" (art. 47). Un derecho que depende esencialmente de un orden contra el que el poder político afirma no poder ni deber hacer nada queda dejado al albur de las evoluciones del mercado.

En cuanto a la aconfesionalidad del Estado, cabe recordar que la única confesión explícitamente mencionada en la constitución es la Católica. Este hecho refleja el poder real de una institución que en los momentos inciales de la historia del Estado Español prestó a este la única institución que abarcaba los distintos reinos: la Suprema (Inquisición) de España. La Inquisicón española es así anterior a España y en cierto modo es uno de los agentes "etnógenos" que fundan la identidad de la entidad política heredera del Imperio español en que vivimos. La Iglesia forma así parte de los aparatos de Estado españoles y es un elemento integrante de su constitución "material" tan importante como el capitalismo o el poder militar. De este modo, quien aceptó, como lo hicieran los representantes del Partido Comunista en la ponencia constitucional, la mención explícita de la Iglesia Católica en la constitución sabía perfectamente cuáles son los límites de la "aconfesionalidad" del Estado Español. El enunciado del artículo 16.3, en su ambigüedad formal, apunta, sin embargo a una realidad material que no quiere combatir sino reflejar: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones." El contraste con la constitución republicana de 1931, realmente aconfesional, se aprecia a la simple lectura del artículo que esta dedica a la relación religión-Estado: "Artículo 3. El Estado español no tiene religión oficial.".

En cuanto a la soberanía del pueblo que Lara considera pisoteada por quienes hoy gobiernan, pero reconocida por el texto constitucional, cabe recordar al Coordinador General que en la constitución vigente "La soberanía nacional reside en el pueblo español". Ello no quiere decir que exista en España "soberanía popular", sino que corresponde al pueblo la "soberanía nacional". Esto significa que el pueblo no es titular de su propia "soberanía", cuyo atributo principal sería esa forma radical del poder legislativo que se denomina poder constituyente, sino que lo que al pueblo le corresponde es ser mero depositario de la "soberanía nacional", es decir de una entidad transhistórica y mítica independiente en gran medida de la voluntad del conjunto de la ciudadanía. La nación es soberana a través del pueblo, pero el pueblo en sí no es soberano. En el marco de la constitución española del 78, el pueblo español no puede permitir la autodeterminación de una parte de la población, pero ni siquiera puede imponer -sin ruptura- su propia autodeterminación si desea mayoritariamente fundar una república. El pueblo español, a través de la soberanía nacional existe en tanto que representado por el Estado, pero nunca como sujeto político autónomo, como poder constituyente. Por otra parte, la soberanía nacional consagrada por la constitución no implica que el pueblo pueda decidir sobre lo que ella misma ha excluido del ámbito de decisión de los poderes públicos, por ejemplo sobre las consecuencias del libre funcionamiento de los mercados. Esto no supone en modo alguno que los mercados, la banca o el FMI sean jurídicamente soberanos: dentro del actual ordenamiento constitucional, tienen el mismo estatuto que el anticiclón de las Azores o los movimientos de placas tectónicas, fenómenos físicos a los que ningún soberano se puede enfrentar.

La dictadura de los trabajadores que propone Lara no es por consiguiente, a pesar de las apariencias retóricas, la dictadura del proletariado. De hecho, los trabajdores que ejercerían esa dictadura tampoco coinciden con el proletariado. El proletariado es la clase sin cualidades, la clase de los sin clase, que no coincide con "los trabajadores" y cuyos miembros sólo tienen estatuto de trabajadores cuando están empleados y son representados por los sindicatos o la organización de Cayo Lara. La dictadura del proletariado, está más allá de la representación, más allá de la negociación sindical entre trabajo y capital en el mercado, más allá de la representación parlamentaria de los trabajadores por los partidos de "izquierda". El proletariado sólo se manifiesta como tal cuando ejerce su dictadura, esto es, en el momento paradójico en que desaparece como clase estableciendo las condiciones de la democracia. Esta dictadura, que Marx y Engels definen en el Manifiesto como "la conquista de la democracia" no puede ejercerse por medios democráticos, si con ello se entiende por los medios existentes en el régimen "capitalista democrático" en que vivimos; no porque su objetivo no sea la constitución de una democracia, sino porque ninguna democracia se ha fundado por medios democráticos preexistentes a su propia fundación. De lo que se trata hoy, es de acabar con el marco de la constitución formal y material española para fundar sobre una nueva base social una democracia; lo que es absurdo es soñar que se pueda decidir democráticamente, en contra de los poderes existentes, dentro del propio marco que estos poderes han establecido para su reproducción. No basta cambiar la voz que dicta el BOE, sino las relaciones sociales que en él se transcriben.