¿Ha muerto un enemigo de la revolución?

La clémence qui compose avec la tyrannie est barbare

(La clemencia que admite compromisos con la tiranía es bárbara)

Maximilien Robespierre

No es fácil pronunciarse sobre la muerte del preso cubano Orlando Tamayo Zapata sin caer en diversas trampas. En primer lugar, cuando se es un resuelto adversario de la institución de la prisión en el capitalismo, es difícil admitirla como algo "normal" en el socialismo. La prisión, como afirma Michel Foucault es un dispositivo que se aparta enteramente de la tradición jurídica liberal. Es un invento de policías: para los policías, no importan, como se sabe, los delitos sino la existencia de un personaje, el criminal, que la propia policía y luego la cárcel contribuyen a crear. No vale, por lo tanto, para la lógica penitenciaria, el principio jurídico normal por el cual el hecho delictivo debe compensarse de alguna manera mediante una retribución. Para la lógica penitenciaria, lo fundamental es ocuparse del delincuente, someterlo a observación y a reeducación, haciendo de este modo que el acto del sujeto "imprima carácter", que este pase de ser autor contingente de un acto a sujeto esencialmente peligroso.

La revolución cubana tiene, aun habiéndose separado en muchos aspectos del capitalismo, presos y prisiones. No son pocos los presos en Cuba, por 100.000 habitantes, son unos 297, mucho más que en el Estado Español (126) u otros países europeos donde esta cifra suele ser inferior a los 100. Sin embargo, no cabe llamarse tampoco a engaño, si hay muchos presos en Cuba en comparación con Europa, no es porque haya allí un régimen socialista y revolucionario, sino por otros motivos. En los Estados Unidos, sin alejarnos mucho geográficamente de Cuba, hay cerca de 700 presos por 100.000 habitantes. Además, de quienes están en la cárcel en Cuba, sólo 200 presos pueden calificarse de manera muy amplia como presos políticos (en España serían más de 750 sólo los relacionados con el independentismo vasco, un buen número de ellos sin relación alguna con actividades armadas). Entrelos presos políticos cubanos hay algunos que han participado en campañas contrarrevolucionarias instigadas y financiadas por los Estados Unidos; algunos incluso están condenados por participar en la preparación de acciones armadas o de sabotaje, lo que se denomina "terrorismo". Otros, por hacerse portavoces a sueldo de la política exterior agresiva de los EEUU en la isla.

Prueba de que nadie está en la cárcel en Cuba por oponerse sencillamente al régimen es la existencia del blog de Yoaní Sánchez y de otros muchas páginas web que, desde Cuba, atacan al gobierno revolucionario. También lo es la existencia de diversos grupos de oposición cuyos integrantes no suelen tener problemas para expresarse y que han podido manifestarse legal o incluso ilegalmente en las calles de La Habana y de otras ciudades de Cuba sin exponerse a la brutalidad de las cargas policiales que en Europa consideramos "normales", ni a detenciones que superasen la retención por 20 minutos en un coche policial que sufrió Yoaní Sánchez. Que no existen partidos legales que puedan presentarse a las elecciones es una gran verdad: tampoco el Partido Comunista lo puede hacer. Los candidatos a las elecciones son postulados en Cuba por las asambleas de vecinos, no por los aparatos de partido. De este modo, las organizaciones de oposición pueden existir, pero con dos grandes limitaciones: no pueden presentarse a las elecciones como tales y no pueden recibir dinero del extranjero. Podrá pensarse lo que se quiera de este sistema, pero el resultado es que, hasta el momento, ha mantenido un nivel de participación y de conciencia política en la isla que no conocemos por estos indolentes pagos. Esto, entre otras cosas, es lo que explica la pervivencia del régimen revolucionario en Cuba, tras el hundimiento de los socialismos reales y el paso de China a su peculiar forma de capitalismo. Ciertamente el sistema político cubano no facilita el cuestionamiento del orden constitucional socialista, pero en nuestros capitalismos democráticos es aún más difícil que el voto sirva para cambiar el régimen social. Digan lo que digan los parlamentos o las mayorías electorales -que ya dicen muy poco contra el capitalismo- los que deciden, como estamos viendo hoy en Grecia o en el Estado Español, son los mercados.

El caso de Tamayo Zapata es en este contexto bastante particular. De hecho, en las versiones oficiales se le trata alternativamente de delincuente común o de oponente político agente del extranjero. Tal vez lo cierto sea que, siendo un delincuente común, haya sido cooptado por las organizaciones de oposición dirigidas desde el exterior con el objetivo de hacer de él un mártir. Tal es la convincente versión de los hechos que da en su blog (existen también en Cuba blogs a favor de la revolución) Enrique Ubieta. La transmutación de Tamayo lo hace pasar de la indignidad del delincuente común a la dignidad de enemigo del régimen. Para él era una oportunidad, pero una oportunidad sumamente arriesgada, pues sólo podía acceder a ese estatuto arriesgando y, en realidad, entregando su vida a una causa que, según quienes propiciaron sus sucesivas huelgas de hambre, coincidía con la de la libertad. Las reivindicaciones inmediatas que motivaron su huelga de hambre eran disponer en su celda de un teléfono y una cocina. Reivindicaciones insólitas que no son atendidas en ninguna prisión del mundo. Reivindicaciones que el gobierno de Cuba no pudo atender, aún menos proviniendo de alguien que se había autoproclamado enemigo. Es difícil que a alguien que esté en prisión acusado de colaboración con ETA le pongan teléfono en su celda. La desgracia de Tamayo es que no basta declararse enemigo para que un Estado reconozca a alguien la dignidad de "enemigo". Ningún Estado reconoce estar en guerra contra una parte de la población que sería "el enemigo interno". Quien detenta el monopolio de la violencia sólo puede considerar a sus enemigos como delincuentes o "terroristas", so pena de perder ese autodefinido monopolio. Cuba no es una excepción. En esto se comporta exactamente igual que los países europeos o que los Estados Unidos.

La revolución cubana, a pesar del considerable apoyo interior del que goza, no deja de ser un régimen a la defensiva. Seguramente por necesidad: el embargo, el sabotaje, la agresión exterior en todas sus formas han marcado la cotidianidad del último medio siglo. En esas condiciones era difícil hacer una democracia pluralista, aún más hacer que fuera desapareciendo el Estado y plantearse una transición al comunismo. El drama de la revolución cubana es que el comunismo en un solo país es un absurdo. La presión ambiental de un sistema de Estados obligará siempre a un régimen revolucionario a mantener un aparato de Estado. Es algo que Lenin sabía perfectamente y que los comunistas cubanos tampoco ignoran. Por mucho que los aparatos represivos de Estado y entre otros la prisión sean un desagradable resto del Estado burgués, es imposible suprimirlos por el momento. En cierto modo, los utiliza sin convicción, sin creer en ellos, como instrumentos del terror revolucionario, más que del orden capitalista. Su utilización como instrumentos de terror, su no normalidad, es paradójicamente una garantía, la garantía de su no perpetuación: esto es lo que diferencia a Cuba de los regímenes socialistas periclitados de Europa del Este. El caso de Tamayo es el de un pobre hombre metido en una trampa, dentro de un país que colectivamente está metido en la terrible trampa del embargo y la agresión permanente. Ni él tenía posibilidades de obtener lo que pedía ni, aún menos, de salir de la cárcel, ni el gobierno cubano podía actuar de otra manera. Su triste suerte no ha sido muy distinta de la de los criados de nobles que, durante la dictadura jacobina, acabaron en las prisiones, cuando no en las guillotinas de la revolución francesa. Los tiempos son duros: mientras Orlando Tamayo Zapata se estaba quitando la vida por su propia voluntad, los escuadrones de la muerte hondureños asesinaban a varios sindicalistas y en Iraq y Afganistán se seguía aplicando un programa de "democratización" semejante al que el imperio tiene preparado para Cuba.

Garzón: de regador regado a cazador cazado

Querría no estar, ciertamente, pero está, y querría ver,

no también sentir, de los perros suyos los fieros hechos. /

Por todos lados le rodean, y hundidos en su cuerpo los hocicos

despedazan a su dueño bajo la imagen de un falso ciervo, /

y no, sino terminada por las muchas heridas su vida,

la ira se cuenta saciada, ceñida de aljaba, de Diana.

Ovidio, Metamorfosis III.

L'arroseur arrosé, el regador regado, tal era el título popularmente atribuido a dos de las primeras películas de la historia del cine , cuyos títulos auténticos eran El jardinero y el pequeño granuja (Le jardinier et le petit espiègle) y Regador y regado (Arroseur et arrosé). Las dos cuentan la misma historia, la primera historia de ficción -un gag, en realidad- de la historia del cine: un jardinero riega su jardín con una manguera; un niño malintencionado la pisa y deja de salir agua; el jardinero mira el orificio de la manguera para ver por qué no sale ya agua y, en ese preciso instante, el niño levanta su pié de la manguera y el regador queda regado. Risas.

La historia reciente del juez Baltasar Garzón guarda cierta relación con este episodio de la prehistoria del cine. Sabido es que Garzón, firme defensor de los derechos humanos a la vez que martillo de lo que él -en muy amplia definición regida por el criterio de analogía- tiene por "terroristas", se ve últimamente enfrentado a sendas querellas por prevaricación que solicitan la inhabilitación del juez para el ejercicio de su cargo. Las querellas, promovidas por sectores de ultraderecha se basan en el hecho de que Garzón hubiera pretendido iniciar una causa general contra los crímenes del franquismo, amparándose en la defensa de los derechos de sus víctimas ignorando la ley de amnistía aprobada por las Cortes generales por las que quedan extinguidas todas las responsabilidades del franquismo. Estas víctimas que aún reposan en gran cantidad en las cunetas del Reino no son todas las del franquismo. Se trata tan sólo de los desaparecidos (unos 150.000), cuya desaparición constituye un delito continuado hasta que aparezcan sus cuerpos y se depuren las responsabilidades por su desaparición y más que probable asesinato. Garzón se amparó en el derecho internacional hoy vigente para comenzar la instrucción, a instancias de familiares, de esta causa. Posteriormente se sobreseyó en favor de jurisdicciones locales y la cosa quedó en agua de borrajas, como en general todo el proceso oficial de recuperación de la "memoria histórica". Todo esto sería anecdótico y sólo reflejaría las contradicciones y megalomanías del magistrado que -no lo olvidemos- dejó escapar a Pinochet por defectos materiales en su acta de acusación y solicitud de extradición y ha contribuido a agravar el ya difícil conflicto vasco encarcelando por terrorismo a multitud de personas que nada tienen que ver con ninguna actividad armada.

Garzón se presenta como un paladín del Estado de derecho, tan inflexible con ETA como con Pinochet o Franco y atento a los derechos de las víctimas de toda violencia. Tal es por lo demás lo que debería hacer todo magistrado de un Estado liberal, esto es de un Estado que recusa la violencia y sólo conserva para sí mismo la prerrogativa de usarla para proteger a la sociedad y los individuos de toda violencia. Cabe añadir que un Estado liberal se reserva el derecho a definir qué es la violencia y a nombrar al terrorista y al delincuente, siendo el caso que estas definiciones y designaciones no pueden nunca ser imparciales, como tampoco puede ser imparcial la designación y cualificación de la violencia "legítima o estatal". Ahí está tan añeja institución como la policía para demostrar a diario que la violencia del Estado no es siempre ni sólo la definida y autorizada por la ley, sino que admite numerosos matices y excepciones. Garzón se desenvuelve en esa concpción mítica de su función. Lo hace además en un Estado que, al menos en sus inicios fue todo menos un Estado liberal y en una institución, la Audiencia Nacional que es directa heredera de las jurisdicciones de excepción franquistas: el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo y su sucesor el Tribunal de Orden Pública de aún infausta memoria.

Garzón y la Audiencia Nacional en su conjunto forman parte de una estructura fundamental del régimen español actual: el dispositivo antiterrorista. La actual generalización de dispositivos de este tipo en el resto de Europa y de "Occidente" no debe llamarnos a engaño: no es que España se haya hecho Europea en esta materia es que, en cierto modo, a través de la normalización de la excepción, Europa se ha hecho franquista. Prueba de ello es que el delito de terrorismo existía en los códigos franquistas muchísimo antes de que en las instituciones europeas se propusiera -después del 11 de septiembre- su introducción generalizada en la legislación de los Estados miembros. La España actual no es así una "democracia antiterrorista" más. Ha accedido a este estatuto desde su mismo origen. Es más, el régimen español actual, derivado de la "transición democrática" sólo ha sido posible sobre la base de tres decisiones inaugurales: 1. La amnistía para todos los crímenes de la dictadura (ley de punto final dulcificada como amnistía general); 2. El mantenimiento de una legislación antiterrorista permanente y 3. El mantenimiento a la cabeza del Estado del sucesor legalemente designado por el Generalísimo Franco. Estos tres elementos permitieron en su intrínseca ambiguedad la transición del régimen del 18 de julio de 1936 a la "democracia" de 1978, sin olvidar la etapa previa de transición y de asimilación al marco europeo que supuso la larga fase de "democracia orgánica".

El régimen de Franco supo evolucionar. Su último avatar es la actual "democracia". En ningún caso se produjo ningúntipo de ruptura con el régimen anterior: la transición política se hizo dentro del estricto respeto de sus normas constitucionales, su personal político no sólo fue respetado, sino que dirigió la propia transición, manteniendo en posición subalterna a la oposición democrática y asumir con insigne descaro el monopolio de la designación como "democráticos" de los distintos sectores de la oposición. El criterio estaba claro: "democratas" eran los que aceptaban el régimen, los demás o no existían o eran simplemente "terroristas". Ello quedó bien ilustrado por la triste historia del Partido Comunista que pasó de "terrorista" a "demócrata" cuando aceptó las instituciones y hasta los símbolos del régimen.

Quienes discriminaban entre demócratas y terroristas eran los herederos directos de Franco. Los del régimen que, fuera de los combates de la guerra civil, y sin justificación alguna en el fragor de la batalla, fusilaron tras procesos sumarísimos a unas 200.000 personas e hicieron desaparecer a otras 150.000. Mussolini es un auténtico humanista en comparación con esas cifras espeluznantes: sus víctimas en suelo italiano, como las de Hitler en suelo alemán se cuentan por miles, no por centenares de miles. Aquí la cantidad es importante: el régimen de Franco tenía que matar, que matar mucho para liquidar un período revolucionario cuyas fuerzas sociales no podía y no quería cabalgar. Los demás regímenes de corte fascista se basaron en movimientos de masas, en una permanente movilización de la población en apoyo de sus objetivos políticos y económicos. El franquismo sólo movilizó al ejército y a una parte reducida de la población: más parecido al fascismo senil del general Pétain y de su régimen de Vichy, su objetivo era hacer expiar los crímenes de la revolución, de todas las revoluciones. En España la revolución era reciente y, para apagar su fuego se necesitaba mucha sangre. No puede decirse que la operación no fuese eficaz. Después de cuarenta años, el miedo provocado por esas matanzas todavía seguía legitimando al régimen que las perpetró. De modo que todo intento de ruptura con él quedó frustrado y, si tenía que volver la democracia a España, sería en los términos del régimen.

La matanza es así una "acumulación originaria" de terror que constituye el acto fundacional del régimen. Es el acto de violencia sobre el cual se erige todo su orden jurídico. Un acto de lo que denomina Walter Benjamin "violencia mítica", la violencia que establece un nuevo orden de derecho: "La fundación de derecho, asevera Benjamin, es una fundación de poder y, en tal medida, un acto de manifestación inmediata de la violencia. Si la justicia es el principio de toda finalidad divina, el poder es el principio de toda fundación mítica del poder."(Walter Benjamin, Crítica de la violencia). De ese modo, el acto fundacional del régimen franquista, ese desbordamiento de violencia y de terror que asentó sus cimientos politicos, su poder, en el terror y posteriormente en formas más matizadas de dominio que mezclaban el temor oriundo del terror originario con cierta esperanza de calma y moderado bienestar material, es también el acto fundacional de un orden jurídico y de un orden social y cultural que permitió educar durante 40 años a la población española en una versión timorata y mojigata de la "libertad de los modernos": la de trabajar y consumir y de vivir de manera resueltamente apolítica. El que muchos que vivieron en la cotidianidad autoritaria de ese régimen no se percataran de que era una ferocísima dictadura es prueba del éxito de esta pedagogía que puso todo su empeño en abolir el pasado, tanto el pasado republicano como los propios y sangrientos primeros años del régimen. La fundación de un orden jurídico es siempre violenta, la del régimen franquista no fue excepción sino paradigma de esta regla.

La transición se basó pues en el olvido, pero también en la utilización sin solución de continuidad del arsenal jurídico y policial antiterrorista del régimen de Franco. Ciertamente, el olvido oficial de los crímenes franquistas, la autoamnistía es un elemento importante, pero su correlato necesario es la exclusión de esta nueva "democracia" surgida del franquismo de todo lo que cuestionara de manera radical el régimen social, la unidad territorial o la forma política monárquica encarnada en don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Leyes más o menos duras, pero también acuerdos de sedicentes "caballeros" en los medios de comunicación cerraron el espacio de lo que cabía en la constitución. El separatismo, el republicanismo, el anarquismo, el anticapitalismo consecuente no cabían. La destrucción o, cuando menos la marginación de estas tendencias fue y sigue siendo un empeño constante del régimen. Para las formas más radicales de oposición están las leyes antiterroristas o la denuncia por complicidad con el terrorismo de todo cuanto se opusiera al poder del Estado transfranquista o al dominio del capital.

Junto con la legislación antiterrorista se mantuvo la jurisdicción de excepción cuyo último avatar es la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es tal vez uno de los centros simbólicos de la "democracia antiterrorista" española: en ella vienen a unirse la perpetuación de la justicia de excepción franquista y la lucha contra la oposición radical al régimen mediante una jurisprudencia que despliega todas las virtualidades de la interpretación analógica del código penal y de las leyes antiterroristas hasta incluir bajo tan disparatado y antijurídico concepto como es ya el de terrorismo toda suerte de disidencia que coincida en sus objetivos con las bandas armadas. Así, independentistas vascos, no sólo de ETA, sino de organizaciones paçificas o incluso pacifistas han acabado en la cárcel por delitos que son exclusivamente de opinión como negarse a condenar la violencia de uno solo de los lados del conflicto vasco (naturalmente el independentista). Por brutal e indecente que haya sido a menudo la actuación de ETA, la mera coincidencia con sus objetivos no puede nunca constituir un delito, aun menos un acto de terrorismo, tampoco puede ser un delito la equiparación ética de la violencia armada -a veces criminal en sus métodos- de la organización ETA con la violencia estructural que constituye la perpetuación del régimen del 18 de julio y su corolario en el País Vasco y otras nacionalidades: el rechazo del derecho de autodeterminación.

Cuando intenta Garzón alternar sus golpes a ETA y a lo que denomina su "entorno" con golpes a los tiranos derechistas como Pinochet o las autoridades franquistas, lo hace desde una base que sólo le permite ser consecuente en uno de los tableros. Es posible, e incluso necesario para él y para el conjunto de la Audiencia Nacional y de los aparatos de Estado españoles mandar a la cárcel por simpatías terroristas a políticos y periodistas, cerrar periódicos, emisoras de radio, sedes de asociaciones juveniles y hasta prohibir no sólo un partido, sino todas las formas de organización en que el independentismo vasco pretenda reconstituirse. Sería incluso posible que ampliase su actuación, por metonimia, a todos quienes defiendan por medios pacíficos una causa que otros defienden por la violencia. Si hay independentistas, republicanos, ecologistas y anarquistas violentos, esto permite prohibir como violencia todo republicanismo, todo ecologismo, todo anarquismo. Del comunismo, violento o no, ni hablemos. Con todo, esta analogía desatada, no es fiel a la historia ni a la geografía del antiterrorismo español en la que el País Vasco constituye un foco de condensación de todas las tensiones. Al País Vasco no se le perdona el que rechazara la constitución, pero aún menos que, durante el franquismo, estuviese a la vanguardia de la resistencia contra el régimen, no sólo mediante la acción armada, sino, sobre todo, mediante la movilización popular efectiva. Tal vez el País Vasco fuera la única zona del Estado español donde las condiciones sociales y políticas de una ruptura democrática estuvieran dadas. Eso, los vascos lo han pagado muy caro. De hecho, todos lo hemos pagado muy caro. El País Vasco, de faro de la resistencia ha pasado a ser objeto de miedo para gran parte de la población española. El régimen se metamorfoseó en "joven democracia", hoy ya con algunas arrugas. Ello no sólo obedece a la acción a menudo odiosa y estúpida actuación de ETA, sino a la muy eficaz intoxicación propagandística del Estado español.

No es de extrañar, así que unos de los principales encargados de la adminstración de esta política se vea en grandes apuros a la hora de juzgar el acto de terror masivo fundacional del régimen actual, acto perpetuado en sus efectos por la autoamnistía de los responsables del régimen y la criminalización de las disidencias en nombre del antiterrorismo. No, no es de extrañar que, como afirma Joan Garcès "España es el único país de Europa en el que los crímenes contra la Humanidad cometidos en un régimen de dictadura no han sido ni siquiera simbólicamente investigados ni juzgados."

Desde el interior de un orden jurídico, se pueden juzgar muchas cosas, muchos actos de todo tipo, pero lo que nunca se puede juzgar es el acto por el cual se ha fundado este régimen. La República francesa no puede condenar, aun sea retroactivamente a quienes ejecutaron a Luis XVI: ese acto se justificaba por sí mismo. Como explicaba Robespierre, el rey merecía morir, no por que hubiese cometido ningún crimen, sino por la monstruosidad de "ser rey". Al acabar con esa monstruosidad incompatible con la soberanía del pueblo, los jacobinos y demás revolucionarios franceses no cometían ningún crimen. En su acto mismo se abolía retroactivamente el derecho que hubiera permitido condenarlo. Para Franco, los centenares de miles de muertos ejecutados tras un juicio sumarísimo o sencillamente asesinados al borde de una cuneta merecían morir, no por que hubiesen cometido ningún crimen, sino por ser "desafectos al régimen". En ello, sus matadores tampoco cometían crimen, pues defendían con ese acto a España de quienes tenían por sus irreconciliables enemigos. Así se fundó el orden jurídico actual que la amnistía perpetuó y no liquidó en modo alguno. Por ese motivo, los franquistas declarados que han llevado a Garzón a los tribunales tienen en cierto modo razón cuando sostienen que es incoherente y posiblemente ilegal dentro del ordenamiento actual abrir una "causa general" contra el franquismo. Para juzgar el franquismo es necesario romper totalmente con el orden jurídico por él fundado y eso es algo que no puede hacerse desde el actual orden legal que echa sus raíces en las cunetas y en la amnesia. Garzón se encuentra así entre la figura cómica del regador regado y la más trágica del cazador cazado. Tal vez como al Acteón de la fábula lo estén despedazando sus propios perros de caza por haber mirado, no a Diana desnuda en su baño, sino al régimen español del que él es engranaje en sus siniestros orígenes. No todo el mundo puede darse como máxima al igual que hiciera Sigmund Freud el verso de Virgilio "Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo". (Si no puedo doblegar los cielos, removeré los infiernos). Para remover los infiernos hay que saber mantenerse fuera de ellos.

Sobre profecías económicas y oráculos neoliberales (recordando un texto de Marx)

La única parte de la llamada riqueza nacional que realmente entra en la posesión colectiva de los pueblos modernos es... su deuda pública . (Karl Marx)

"En cuanto a los que hacen falsas predicciones, por mucho que las hayan hecho en nombre de Dios, o los que hayan predicado falsos dioses, auque hayan hecho auténticos milagros, Moisés declara que son falsos profetas y merecen la muerte." (Spinoza, Tratado teológico-político, XV)

Creo que, después de la actual tragicomedia, a la socialdemocracia de Papandreu o de Zapatero sólo les queda el descrédito o la impotencia. Tal vez los dos. El margen de maniobra que permitía a la socialdemocracia arbitrar en el reparto de la renta y valorizar pasivamente la fuerza de trabajo se ha acabado. Con él también se ha acabado la posibilidad de una democracia con algún contenido, pues las democracias europea y norteamericana jugaban precisamente con ese margen (mediante políticas sociales o burbujas de deuda neoliberales). Ese margen hoy no existe: los mercados lo han invadido. Cuando un poder extralegal dice al supuesto soberano lo que debe hacer, éste poder es el auténtico soberano. En nuestra tragicomedia este poder habla por boca de los mercados y de sus oráculos (los economistas). No importa que los oráculos mientan con descaro: su mentira es la verdad que expresa el inconsciente del régimen, lo que el propio régimen "no sabe que sabe". De hecho, como en el 1984 de Orwell siempre pueden cambiar retrospectivamente las previsiones del plan. Así, durante más de un año han estado anunciando el surgimiento de "brotes verdes" anunciadores del fin de la crisis, para afirmar ahora que la única salida de la crisis -ahora agravada- consiste en la adopción de un paquete de medidas antisociales que, por añadidura, sólo pueden originar una recesión aún mayor, si no una auténtica depresión de la economía.

Hubo primero que salvar los bancos provocando un endeudamiento gigantesco de las haciendas públicas. Ahora que los bancos están a salvo, ellos mismos, junto con los demás agentes financieros, apuestan a la bancarrota fiscal de los Estados que se endeudaron para salvarlos, provocando un brutal aumento de los tipos de interés de la deuda pública de los países ya más endeudados. Los representantes políticos países del euro o de la UE hoy amenazados por esta nueva ofensiva han decidido, para salir del atolladero liquidar sus políticas sociales y, ya que no pueden devaluar su moneda, devaluar la fuerza de trabajo. De este modo, tienen la seguridad de reducir sus gastos públicos a corto plazo y de poder arrojar carnaza a los tiburones de la finanza. Pero esta solución no es ni siquiera viable. Las declaraciones "patrióticas" de necios como José Bono, que afirma que ""Es un momento de sangre, sudor y lágrimas para el pueblo español" o que "Es la hora de que gane España, aunque perdamos las elecciones" no engañan más que a quien quiera engañarse.

En la actualidad, el capital financiero como expresión directamente política de la relación capital en un régimen de acumulación donde el propio capital ha dejado de ser productivo, es el medio por excelencia de la expropiación de los comunes. La liquidación de las políticas sociales y la privatización programada de los servicios públicos constituyen una aplicación de métodos coloniales de expropiación en las propias metrópolis capitalistas. Como ya no existen nuevas colonias por conquistar y las que se intentan dominar por la fuerza -Iraq, Afganistán- parecen resistirse a la esclavitud, el capital tiene que buscar nuevas fuentes de beneficio en sus propias metrópolis: se trata de los bienes comunes representados por el Estado social y los servicios públicos, el recurso productivo común que es la inteligencia colectiva, que se pretende someter a las patentes, la propia vida y los estilos de vida de los individuos y grupos que son hoy objeto de una brutal apropiación mercantil.

Hasta hace unos meses se hablaba de una refundación del capitalismo. Se trataba de poner a este régimen límites éticos y sociales para evitar su autodestrucción. Esa refundación tenía que ver con la que se conoció en los años 30 y que teorizó Polanyi en La gran transformación. En aquel momento, se trataba de evitar la implosión de un sistema de capitalismo desregulado que ya había provocado una guerra mundial, seguida de la Revolución rusa y de la crisis del 29. Las políticas keynesianas y fordistas -y sus variantes fascista y nacionalsocialista- evitaron el hundimiento y permitieron contener la ola revolucionaria que amenazaba expandirse desde Rusia.

Hoy no se intenta ni siquiera aplicar seriamente estas medidas, no porque el capitalismo no desee salvarse, sino porque ya no puede hacerlo así. Cuando la producción material está dejando de ser la fuente principal de beneficio para el capital, cuando esta misma producción, incluso bajo formas jurídicas capitalistas, tiene que recurrir a la cooperación directa de los trabajadores y a formas difusas de trabajo social remunerado o no remunerado, el beneficio capitalista ha dejado de proceder de la producción. Inicialmente el capitalismo se distinguía del feudalismo y de los regímenes sociales de producción anteriores por el hecho de que la extracción de plusvalía, que se realizaba en los anteriores regímenes desde el exterior del proceso productivo (tributos, diezmos etc.), tenía lugar ahora dentro del propio proceso de producción, como extracción de plusvalía.

Hoy, a pesar del mantenimiento - a veces mediante formas brutales: guerra, leyes de excepción etc.- de las formas jurídicas correspondientes a las fases iniciales del capitalismo, la realidad de la producción ha cambiado. Hoy, al igual que en otras fases de acumulación originaria, los mecanismos de la deuda pública y de la renta financiera son dominantes. El capitalismo, en cierto modo, se ha feudalizado: ya no extrae fundamentalmente plusvalía a través de la producción, sino mediante los circuitos financieros. Aquí, ya sólo se puede dejar la palabra a Marx, quien pudo con su enorme lucidez describir lo que estamos viviendo hoy refiriéndose no a la fase -ojalá terminal- del capital que hoy vivimos, sino a sus oscuros comienzos en los que deuda pública, la explotación colonial, la expropiación y proleterización consiguiente de los trabajadores de las metrópolis y el desarrollo de los circuitos e instrumentos financieros consiguieron que el dinero generase más dinero sin pasar por un proceso de producción controlado por el capital. En el capítulo sobre la acumulación originaria del libro primero del Capital, afirma, pues, Marx lo siguiente:

"Los diversos factores de la acumulación originaria se distribuyen ahora, en una secuencia más o menos cronológica, principalmente entre España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. En Inglaterra, a fines del siglo XVII, se combinan sistemáticamente en el sistema colonial, en el de la deuda pública, en el moderno sistema impositivo y el sistema proteccionista. Estos métodos, como por ejemplo el sistema colonial, se fundan en parte sobre la violencia más brutal. Pero todos ellos recurren al poder del estado, a la violencia organizada y concentrada de la sociedad, para fomentar como en un invernadero el proceso de transformación del modo de producción feudal en modo de producción capitalista y para abreviar las transiciones. La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica."

y prosigue:

"El sistema del crédito público, esto es, de la deuda del estado, cuyos orígenes los descubrimos en Génova y Venecia ya en la Edad Media, tomó posesión de toda Europa durante el período manufacturero. El sistema colonial, con su comercio marítimo y sus guerras comerciales, le sirvió de invernadero. Así, echó raíces por primera vez en Holanda. La deuda pública o, en otros términos, la enajenación del estado sea éste despótico, constitucional o republicano deja su impronta en la era capitalista. La única parte de la llamada riqueza nacional que realmente entra en la posesión colectiva de los pueblos modernos es... su deuda pública . De ahí que sea cabalmente coherente la doctrina moderna según la cual un pueblo es tanto más rico cuanto más se endeuda. El crédito público se convierte en el credo del capital. Y al surgir el endeudamiento del estado, el pecado contra el Espíritu Santo, para el que no hay perdón alguno, deja su lugar a la falta de confianza en la deuda pública.

"La deuda pública se convierte en una de las palancas más efectivas de la acumulación originaria. Como con un toque de varita mágica, infunde virtud generadora al dinero improductivo y lo transforma en capital, sin que para ello el mismo tenga que exponerse necesariamente a las molestias y riesgos inseparables de la inversión industrial e incluso de la usuraria. En realidad, los acreedores del estado no dan nada, pues la suma prestada se convierte en títulos de deuda, fácilmente transferibles, que en sus manos continúan funcionando como si fueran la misma suma de dinero en efectivo. Pero aun prescindiendo de la clase de rentistas ociosos así creada y de la riqueza improvisada de los financistas que desempeñan el papel de intermediarios entre el gobierno y la nación como también de la súbita fortuna de arrendadores de contribuciones, comerciantes y fabricantes privados para los cuales una buena tajada de todo empréstito estatal les sirve como un capital llovido del cielo , la deuda pública ha dado impulso a las sociedades por acciones, al comercio de toda suerte de papeles negociables, al agio, en una palabra, al juego de la bolsa y a la moderna bancocracia.

"Desde su origen, los grandes bancos, engalanados con rótulos nacionales, no eran otra cosa que sociedades de especuladores privados que se establecían a la vera de los gobiernos y estaban en condiciones, gracias a los privilegios obtenidos, de prestarles dinero. Por eso la acumulación de la deuda pública no tiene indicador más infalible que el alza sucesiva de las acciones de estos bancos, cuyo desenvolvimiento pleno data de la fundación del Banco de Inglaterra (1694). El Banco de Inglaterra comenzó por prestar su dinero al gobierno a un 8 % de interés, al propio tiempo, el parlamento lo autorizó a acuñar dinero con el mismo capital, volviendo a prestarlo al público bajo la forma de billetes de banco. Con estos billetes podía descontar letras, hacer préstamos sobre mercancías y adquirir metales preciosos. No pasó mucho tiempo antes que este dinero de crédito, fabricado por el propio banco, se convirtiera en la moneda con que el Banco de Inglaterra efectuaba empréstitos al estado y pagaba, por cuenta de éste, los intereses de la deuda pública. No bastaba que diera con una mano para recibir más con la otra; el banco, mientras recibía, seguía siendo acreedor perpetuo de la nación hasta el último penique entregado. Paulatiamente fue convirtiéndose en el receptáculo insustituible de los tesoros metálicos del país y en el centro de gravitación de todo el crédito comercial. Por la misma época en que Inglaterra dejó de quemar brujas, comenzó a colgar a los falsificadores de billetes de banco. En las obras de esa época, por ejemplo en las de Bolingbroke, puede apreciarse claramente el efecto que produjo en los contemporáneos la aparición súbita de esa laya de bancócratas, financistas, rentistas, corredores, stock-jobbers [bolsistas] y tiburones de la bolsa [...]

William Cobbett observa que en Inglaterra a todas las instituciones públicas se las denomina "reales", pero que, a modo de compensación, existe la deuda "nacional" (national debt)."

Marx no llegó a escribir el volumen sobre el Estado que figuraba en el plan incial del Capital. Sin embargo, vemos en un texto como este qué tipo de relación guarda el Estado moderno con la acumulación de capital y en otros pasajes de la misma obra podemos comprobar la función de reproducción que desempeña el Estado respecto de la relaciones capitalistas. Cualquier intento de recurrir al Estado como medio para poner freno al Capital podrá, en el mejor de los casos tener efectos limitados, cuando no francamente reaccionarios. Estado y poder financiero se encuentran íntimamente unidos en su principio mismo por su carácter representativo. Como sostiene el jurista francés Marcel Hauriou (de quien afirmaba Pasukanis que era uno de los pocos teóricos burgueses del derecho que no decía tonterías):

"Existe entre el régimen de Estado y el régimen de la finanza la caraterística común de que ambos reposan sobre elementos representativos más que reales, el Estado sobre la concepción de la cosa pública, la finanza sobre el crédito.

Estas afinidades no son meras aproximaciones de ideas. Hemos visto que el Estado es un equilibrio móvil, muy delicado, en constante progreso; hace falta que haya en él una organización económica flexible y móvil como la de la roiqueza mobiliaria. Por otra parte, por mucho que sean móviles, las estabilidades que garantiza el Estado tienen un valor de creencia máxima y son las que desarrollan el crédito necesario al régimen capitalista."

Finanza y Estado se encuentran hoy de nuevo mano a mano como los dos polos principales del capitalismo, una vez que este ya no es capaz de organizar la producción. El Estado reposa en las "predicciones" de los nuevos augures de la finanza y estos mantienen al Estado como instrumento de garantía de sus rentas. Ambos viven del crédito: de la representación política, basada en la creencia en u todo nacional que hoy ilustran con pasión los tribunos de la izquierda, del centro y de la derecha del a derecha, y de la "confianza de los mercados". Ambos son falsos profetas, tramposos, pues determinan ellos mismos las condiciones de cumplimiento de sus propias profecías. La única solución a este problema de los falsos profetas la encontraron los antiguos judíos, quienes, para acreditar la profecía condenaban sistemáticamente a muerte a los falsos profetas. Esto hacía, mediante un método espistemológicamente mucho más fiable, que la profecía fuese siempre auténtica. Unos popperianos algo sanguinarios con criterios de "falsation" eficaces y radicales. No sólo se descarta la proposición que resulta falsa, sino que se "falsa" a su propio autor. Tal vez hubiera que aprender de los antiguos hebreos.