Elogio del escrache

Sí se puede, pero no quieren.

Ada Colau lo anunció claramente durante su comparecencia en el Congreso: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no se quedaría con los brazos cruzados mientras se tramita la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago y otras medidas relacionadas con los desahucios. La PAH ejercería toda la presión necesaria para que los diputados tomasen conciencia de la espantosa situación que crea para numerosas personas la legislación actual.  Teóricamente, en la cuestión de los desahucios, los distintos gobiernos españoles se limitan a cumplir la ley y, como se cumple la ley, se tapan los ojos ante la violencia que esto supone. Y es que esta ley que no contempla la dación en pago para las personas -aunque sí para las empresas- ha expulsado de su vivienda a más de 400.000 personas y provocado más de 400 suicidios y un sinfín de situaciones de miseria, humillación y sufrimiento. El operativo habitual de desahucio corre fundamentalmente a cargo de agentes de policía y oficiales de juzgado. Estos se presentan ante la vivienda de la persona condenada al desahucio y la presionan por todos los medios para que abandone su domicilio. Todo vale: gritos, amenazas, intimidaciones, golpes, puertas descerrajadas, etc.

Cada intervención de este tipo recuerda a pequeña escala las de los ejércitos coloniales que, como antaño el francés en Argelia y hoy el israelí en Palestina, expulsan a los nativos de sus viviendas en nombre del interés del más fuerte. Se ha dado el caso de que, ante la inaudita violencia de los desahucios, miembros de los distintos servicios que participan en ellos -bomberos, cerrajeros, incluso policías- hayan hecho objeción de conciencia. Cuando se expulsa a una persona de su vivienda, la sensación de estar violando algo sagrado es muy clara y muchos policías recurren, para aguantarla, a la vieja estratagema de su oficio: adoptar una actitud sumamente violenta en los gestos, los actos y las palabras para evitar toda posible identificación con la víctima. Esto les permite dotarse de una carapaza moral. La cosa es gravísima, pues, si se atiende a criterios jurídicos formales, lo que se está conculcando es un derecho fundamental: el derecho a la vivienda reconocido en las cartas de derechos fundamentales y en la propia constitución española. Estamos efectivamente en un tiempo oscuro en el que todo derecho, por fundamental que sea, palidece ante el único que según las autoridades debe prevalecer: el derecho de propiedad de los bancos.

La mayoría de los diputados y de los responsables políticos españoles contempla la cuestión de los desahucios con una mezcla de fingida indignación moral por las consecuencias de la ley vigente y de un fuerte "sentido de la responsabilidad" que les hace mantener y defender esta misma ley. Las actitudes varían en una gama que va de la necesaria defensa de la propiedad y de los contratos como base del orden social, independientemente de sus consecuencias para los demás, hasta la pretendida ignorancia de quien afirma que no tiene nada que ver con todo esto. Desde los soldados del deber que están dispuestos a defender el sistema hasta la última gota de sangre de los demás, hasta los hombres y mujeres "buenos" que tan solo votan lo que les dicen los dirigentes de sus partidos. Ambos tipos de personaje moral han salido a la luz como resultado del auténtico experimento social que han constituido los últimos escraches de la PAH. Era patético ver a un diputado rodeado de policías nacionales que intentaba llegar a la estación de Atocha para tomar su tren de regreso diciendo a los miembros de la PAH que intentaban hablar con él que: 1) ya lo estamos solucionando, 2) yo no tengo nada que ver con esto. Patético. Patético era también el diputado que se quejaba de la "violencia inaudita" del escrache que sufrió su domicilio el día anterior, con llamadas al timbre, golpes en la puerta, alarma entre los vecinos, inquietud de los niños, un auténtico escenario...de desahucio. Este último se limitaba a condenar la "violencia" de los manifestantes y no prometía nada, incluso amenazaba con no tener en cuenta las reivindicaciones de la PAH, pues se expresaban de una manera inaceptable.

El escrache es una vieja táctica de intervención social nacida en Argentina. De lo que se trataba inicialmente era de impedir la impunidad de los asesinos y cómplices de la dictadura militar y, posteriormente, de los delincuentes financieros que devastaron el país. Se trata de un acto en el que se combinan el señalamiento del responsable y su repudio social. Ciertamente, hay una cierta violencia en los escraches: la consistente en levantar el velo de normalidad que cubre el horror cotidiano y protege a sus responsables bajo las apariencias de la legalidad, del deber, o del anonimato. Adorno y Hannah Arendt reconocieron que el régimen nazi jamás habría podido funcionar tan solo a través de los miembros del partido nazi y de sus organizaciones directamente implicados en la violencia: era necesario que intervinieran cotidianamente un sinfín de personas anónimas que "cumplían con su deber" haciendo tareas de policía, gestionando el tráfico ferroviario, escribiendo en la prensa, diciendo misa, etc. Estas personas siempre afirmaron que no tenían nada que ver con ningún crimen, pero tampoco se preguntaron nunca por el sentido y las consecuencias de sus actos. El escrache los obliga a hacerlo y, si no consigue efectos en el propio sujeto, al menos lo marca de infamia ante el vecindario.

El escrache no permite que el mal se esconda debajo de la banalidad de los gestos cotidianos: el diputado que vota "por disciplina de partido" una ley inícua es reponsable de esa ley y de sus efectos, el que apoya a un malgobierno cruel y despótico no puede apoyarse en la mayoría electoral para considerarlo legítimo, el que muestra "sentido de la responsabilidad" apoyando leyes "necesarias" puede contemplar en directo las consecuencias no menos necesarias de sus leyes. Y es que las propias víctimas de estas medidas y de su barbarie se lo están diciendo a la cara. El escrache muestra así, por debajo de las apariencias de cohesión y de consenso que toda sociedad pretende darse, el tremendo desgarro, la herida profunda y sangrante que recorre las sociedades de clases, sobre todo en períodos de  agudización de los procesos de desposesión como el que hoy vivimos. La violencia del escrache es una violencia moral, pero ese tipo de violencia, a diferencia de la física, fácilmente asimilable por el poder, tiene hoy muchísima fuerza: distingue un "nosotros" múltiple que abarca a la inmensa mayoría de la sociedad de un Ellos compuesto por los beneficiarios del régimen actual y sus intermediarios políticos, permite delinear un espacio de antagonismo. El escrache es una estrategia de vacío social en torno a los responsables: un régimen político sólidamente implantado es capaz de hacer que la inmensa mayoría hable en primera persona del plural, que diga "nostros" refiriéndose al pueblo o a la nación; en un régimen en crisis, ese "nosotros" pierde su coherencia y se contrapone a un Ellos que designa a esos otros que gobiernan ajenos a cualquier principio de "decencia común".