Valencia: no hay enemigo pequeño

Ambrogio Lorenzetti (1290-1348) El mal gobierno en la ciudad

"Auferre trucidare rapere falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant".

(Roban, matan, saquean, y lo llaman falsamente imperio y a lo que han convertido en un desierto lo llaman paz)

Tácito, Agricola XXX

"Civitas, cuius subditi metu territi arma non capiunt, potius dicenda est, quod sine bello sit, quam quod pacem habeat. Pax enim non belli privatio, sed virtus est, quae ex animi fortitudine oritur ; est namque obsequium (per art. 19. cap. 2.) constans voluntas id exsequendi, quod ex communi civitatis decreto fieri debet. Illa praeterea civitas, cuius pax a subditorum inertia pendet, qui scilicet veluti pecora ducuntur, ut tantum servire discant, rectius solitudo, quam civitas dici potest."

(De una comunidad política cuyos súbditos no toman las armas aterrados por el miedo, más puede decirse que no está en guerra, que que se encuentra en paz. La paz no es, en efecto, la privación de guerra, sino una virtud  que procede de la fortaleza del ánimo; es determinación constante de hacer todo lo que debe hacerse conforme al decreto común de la ciudad. Por otra parte, la ciudad cuya paz depende de la inercia de los súbditos, que son conducidos como ovejas para que sólo aprendan a servir, se denomina más adecuadamente un desierto que una ciudad.)

Spinoza, Tratado político, V.4

Más que un homenaje a Carl Schmitt, el hecho de que el Jefe de Policía de Valencia calificara a los adolescentes que pedían calefacción para sus institutos y protestaban contra los recortes en educación como "el enemigo", debería considerarse un auténtico insulto al muy reaccionario, pero no menos riguroso jurista. El enemigo, es en efecto, un concepto jurídico, concretamente un concepto fundamental del derecho público. Enemigo, como precisa Schmitt en El Concepto de lo Político, no es la persona a quien tenemos una antipatía personal (inimicus) sino, el enemigo público (hostis), quien por estar enfrentado a una comunidad política como tal, supone para esa comunidad un riesgo existencial. Enemigo, en tales condiciones sólo puede serlo un Estado para otro Estado. Al enemigo no se le combate con la policía, pues no es un delincuente: está, por definición, más allá del ámbito de aplicación del derecho de otro soberano. Tampoco es el enemigo schmittiano un ser moralmente malvado, ni tampoco un hereje. La inexistencia de una comunidad de códigos éticos, jurídicos o religiosos entre un soberano y otro hacen imposible la condena del enemigo en función de un valor.  En el contexto de la relación entre esos grandes hombres que son los Estados soberanos europeos de la época clásica (de la Paz de Westphalia hasta la Primera Guerra Mundial), no hay de un Estado soberano a otro ninguna unidad de valor común, ningún universal ético compartido que se pueda reconocer a priori. De ahí que el derecho público europeo que regía los conflictos entre Estados, y se derivaba del simple equilibrio de fuerzas entre ellos, prohibiera explícitamente la "guerra justa", la guerra por valores morales o religiosos que, como las cruzadas, sitúa al enemigo fuera de la moral y fuera de la humanidad. Al enemigo se le hace la guerra sin justificaciones, pero, por ello mismo, sin excesos. La guerra no es justa, pero sí lo puede ser el enemigo. El "enemigo justo" es el otro soberano, el otro Estado a quien se combate violentamente, pero no se puede castigar ni mucho menos exterminar, pues ningún soberano tiene jurisdicción sobre otro. Tal es la grandeza del derecho público europeo que reconstruye e interpreta Carl Schmitt.

Cuando un Jefe de Policía o un responsable político considera que un movimiento de alumnos de instituto es "el enemigo" y manda a la policía a machacarlo, no está en modo alguno ateniéndose a los criterios schmittianos. Los adolescentes -casi niños, en muchos casos- que se manifestaban en Valencia no son un poder soberano, ni son tampoco el ejército de ningún soberano. Son súbditos de un Estado. Por ello, cuando cometen algún delito o falta, interviene contra ellos la policía con el objetivo de restablecer el valor fundamental del Estado que es la paz interior, pero no el ejército ni ningun cuerpo de tipo militar. Todo Estado soberano lo es en la medida en que es capaz de mantener la paz interior y de acabar con la violencia interna. El Estado moderno prohíbe y sofoca las guerras privadas tan frecuentes en el régimen feudal. El Estado tiene el monopolio de la guerra y ejerce su derecho a hacer la guerra hacia el exterior de sus fronteras. Nunca contra su propia población. Un Estado que hace la guerra contra su propia población -por no hablar de sus componentes más débiles como son los niños o los ancianos- pierde por ello mismo la soberanía interior: deja de ser un Estado, pues devuelve la sociedad al estado de naturaleza. Tal es al menos la doctrina clásica. Ciertamente, el propio Carl Schmitt, al prostituirse al régimen nazi tuvo que introducir nefastos cambios en esta doctrina, liquidando su coherencia, al considerar que la guerra de clases o la guerra contra una guerrilla admitían una importación al interior del Estado del nivel de violencia aplicable hacia el exterior, además sin las restricciones que rigen cuando se combate a un "enemigo justo", esto es, a otro Estado. Estas inconsecuencias no tienen sin embargo que ver con el concepto jurídico del enemigo, sino que obedecen a su contaminación en el clima del nacionalsocialismo por el planteamiento biopolítico de la teoría racial. Para la biopolítica y el racismo existe un "enemigo interior", para la teoría política clásica de la soberanía esto es por definición un imposible.

Un heredero legítimo a la vez que crítico interno de esta teoría clásica del Estado que se forja en los siglos XVI y XVII, Baruch Spinoza, se esforzó, siguiendo en ello a Maquiavelo, por dar una base material a la soberanía, más allá de sus supuestos jurídicos, en darle un fundamento en la dinámica de los cuerpos y del deseo de la multitud. Para Spinoza, la paz es el resultado de la obediencia al mandato del soberano, el cual expresa el decreto común de una comunidad política. La obediencia puede, sin embargo, obtenerse de muy diversas maneras: por el simple temor al castigo acompañado siempre de la esperanza de evitar el castigo o por la adhesión interna del súbdito. No es lo mismo obedecer para el sabio que conoce las ventajas de la vida en común y de la paz social que para el hombre pasional que sólo busca su propio interés en una feroz competición con los demás e ignora la existencia de lo común. En ambos casos, subsiste el Estado: en el primero, es débil y frágil. Débil pues no puede contar con la aquiescencia activa de los súbditos, que sólo obedecen por evitar un mal y se ven conducidos por pasiones tristes que limitan su capacidad de actuar tanto en su interés propio como en el del conjunto de la comunidad política. Frágil también, pues es poco capaz de adaptarse a las transformaciones y sucumbe en lugar de renovarse ante cualquier cambio importante del humor de la multitud, ante cualquier forma algo radical de antagonismo interno. Tal es el caso de los grandes imperios que se hunden de la noche a la mañana al no poder plegarse  a las nuevas circunstancias. Ya hemos visto caer algunos que parecían imponentes. Veremos caer otros.

El actual régimen español, heredero del Estado franquista del 18 de julio y de la enorme acumulación de terror que sirvió a aquél de fundamento, es incapaz de incorporar adecuadamente a la multitud a un orden político y social productivo. Su transformación en Estado neoliberal a la vez autoritario en lo político (lo hemos denominado en otros textos de este blog "democracia antiterrorista") y tolerante en materia de costumbres no bastó para dotarlo de una base social movida esencialmente por otra pasión que el terror originario transformado en "respeto por las instituciones", por el "Estado de derecho", etc. El Estado español, hasta ahora ha sido poco capaz de aceptar en su seno formas de antagonismo social radicales sin blandir la amenaza de la violencia contra la población. El periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2011 y los primeros meses de gobierno del PP fue sólo un breve paréntesis antes de que la brutalidad habitual de régimen volviera a sus sendas habituales en el brutal escarmiento que quisieron dar a toda la población a través de los cuerpos magullados de los chavales y chavalas del Luis Vives. Y, sin embargo, la fuerza productiva de una multitud activa, formada, despierta e inteligente (el nivel de debate del 15M fue siempre muy superior al del Parlamento) está ahí. El miedo no parece haber calado, a pesar de los sustos iniciales y de las arbitrarias detenciones, en la conciencia de estos adolescentes a quienes siempre se dijo que vivían en una democracia y decidieron tomarse esta afirmación al pie de la letra. Lo que descubrieron, sin embargo es que ese Estado "democrático" estaba en guerra...contra ellos y contra buena parte de su población.

El Estado español no es ni muchos menos el único que sigue esta política brutal contra sus ciudadanos, pero gracias a sus genes franquistas, parece particularmente bien adaptado para practicar la "acumulación por desposesión" neoliberal. La guerra que hace el Estado a la población en nombre del capital y de su sector hegemónico, el capital financiero, tiene como principales objetivos a los jóvenes y a los ancianos, pero no perdona a casi ninguna categoría de la población. Los jóvenes sufren muy en particular la hipoteca sobre sus vidas que supone el endeudamiento financiero masivo tanto público como privado. El capital productivo compraba medios de producción, incluida la fuerza de trabajo, para obtener un beneficio a corto o medio plazo. El capital financiero compra el tiempo y las vidas de las personas, les impone su norma, obligándolas a un pago permanente y sin límites de los intereses y el principal de una deuda sin fin. Por eso, aunque el capital financiero pueda considerar como su enemigo al conjunto de la sociedad cuyo presente coloniza, los jóvenes son su "enemigo" por excelencia, pues encarnan de manera emblemática el futuro que las finanzas ya se han apropiado.

La destrucción del derecho laboral (comentarios sobre un artículo publicado en el País)

http://elpais.com/elpais/2012/02/16/opinion/1329403129_054950.html

Es excelente y de muy provechosa lectura el artículo de Francesc Casares i Potau y otros tres juristas que publica hoy el País. En este artículo, desde un punto de vista que recuerda al de los "usos alternativos del derecho", constatan los autores que las últimas medidas de reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy contribuyen a la destrucción en curso del derecho laboral. Para los cuatro juristas, las últimas reformas suponen una casi completa liquidación de la especificidad de ese ámbito del derecho, en el que la intervención de los poderes públicos restablecía entre un patrón y un trabajador con poderes sociales desiguales "el equilibrio en que se basa toda rama del Derecho". Es discutible, sin embargo, que lo logrado por el derecho laboral sea realmente un equilibrio, en el sentido de una igualdad de las partes ante el derecho: esta igualdad ya se encuentra en el derecho civil normal en cuanto este rige los contratos. Un contrato se celebra, en efecto entre sujetos libres e iguales. El derecho laboral viene a establecer, por el contrario, una desigualdad de derechos entre personas socialmente desiguales. Esta desigualdad es la que permite a una sociedad seguir siendo una comunidad y no un sinfin de individuos unidos por lazos meramente comerciales y a los trabajadores sustraerse a una opresión ilimitada. Si no existiesen el derecho laboral y la contratación colectiva, la inferioridad social de unos trabajadores desprovistos de medios de producción propios los condenaría a unas condiciones de explotación incompatibles con una vida civilizada. El derecho laboral, más que una conquista jurídica es claramente una conquista de la lucha de clases frente al derecho, una imposición de esa desigualdad de derechos entre desiguales, a que se refiere Marx en la Crítica del Programa de Gotha para caracterizar el comunismo, por encima de la norma jurídica de la igualdad que establece una igualdad -mercantil, contractual- entre personas efectivamente desiguales. El derecho laboral era ya una norma comunitaria y en cierto modo comunista dentro de una sociedad que se rige fundamentalmente por las relaciones mercantiles. Esta desigualdad propia de todo vínculo comunitario, y no una supuesta igualdad, es lo que realmente se pierde con la desaparición del derecho laboral. 


El planteamiento del artículo diagnostica bien el desastre, pero no es suficiente. Se limita a lamentar la pérdida de una importante conquista social, pero no analiza ni sus causas ni el nuevo terreno en que se inscribe. Lo que hoy estamos viendo no es una mera conculcación del derecho y una violación del principio de igualdad, sino sólo la realización del programa máximo neoliberal que nunca ha considerado la empresa como un lugar de "convivencia", como ese "terreno de colaboración constructiva" de que hablan los autores del artículo, sino como una suplencia temporal del mercado,  un islote dentro del mercado que sólo resulta útil cuando los costes de transacción son demasiado elevados (Ronald Coase). Existen en efecto situaciones en las que resulta más provechoso a una empresa producir algo ella misma que recurrir al mercado para adquirirlo: se trata de aquellas circunstancias en que un capitalista no dispone de garantías necesarias sobre la existencia, la calidad o el tiempo de entrega de un determinado bien o servicio. Lo que justifica la existencia de la empresa como marco de cooperación directa - si bien no libre- es la incertidumbre de las transacciones, que se traduce para el productor-vendedor capitalista en costes adicionales de producción.


La empresa aparece como un marco de cooperación, pero en  el capitalismo, la cooperación directa sólo es concebible bajo dos parámetros que la desvirtúan: la jerarquía y el mando de fábrica o la relación mercantil en la que el dinero y/o la mercancía son mediaciones necesarias de la cooperación. Hoy, los famosos costes de transacción que justificaban la existencia de la empresa (firm, en la terminología de Coase) se han reducido de manera drástica debido a la estructura comunicativa y de red del sistema económico: el coste del transporte ha disminuido enormemente, pero sobre todo, la circulación de la información ha experimentado una vertiginosa aceleración. Un capitalismo sin costes de transacción es hoy una "utopía" posible, que supone la realización del ideal hayekiano de un capitalismo sin empresas. La relación jurídica específicamente laboral puede, en estas circunstancias, sustituirse por una relación contractual normal entre agentes del mercado con iguales derechos, la explotación por el capitalista industrial individual puede verse sustituida por la explotación global del trabajo/vida por parte del capital financiero, que funciona como una auténtica organización "comunista" del capital. De la empresa, privada de interior, queda sólo un nodo de gestión de la explotación financiera de un trabajo cada vez más "externalizado".


El trabajador, en lugar de ser, como lo era dentro de la empresa, un elemento de un organismo de cooperación, pasa a ser "empresario de sí mismo" y titular de un capital humano que se vende a sí mismo en el mercado (Gary Becker). La explotación se desterritorializa y se hace abstracta y general. 99% frente a 1% es una imagen torpe de lo que está ocurriendo: la de un capital que se ha hecho colectivo y que manda indirectamente a través de los circuitos financieros al trabajador colectivo. El enfrentamiento es, paradójicamente el de un 100% con un 100%, no es una oposición especular sino un desgarro, pues la relación capital atraviesa hoy a cada individuo, a los explotados también. Así se explica que la mayoría de ellos sientan aprensión ante el hundimiento de las bolsas o la suspensión de pagos de su país. En un régimen de mando donde predomina la lógica de la deuda, la sumisión se interioriza y se convierte en "responsabilidad personal" de un sujeto supuestamente libre.


El capital no tiene ningún espacio privilegiado, ha abandonado toda limitación territorial a escala de los Estados o del planeta. También debe hacerlo la resistencia. Ya no cabe exigir el "derecho al trabajo", pues hoy ello equivale a reivindicar la explotación sin límites. Cuando se pide trabajo, el poder ofrece mini-jobs o, mejor aún, una serie infinita de prácticas no pagadas o de "trabajos de utilidad social" en régimen de semiesclavitud. Frente a un derecho al trabajo que no implica ya ninguna solidaridad social ni comunitaria, sólo cabe reivindicar un derecho a la renta independiente del trabajo; una renta que remunere la actividad productiva de todos, incluso los que no trabajan bajo relación salarial, y garantice en el conjunto de la sociedad y no ya en la empresa/fábrica la reproducción de la comunidad de productores. 


A la lógica triste y mortífera de la finanza y de la deuda que es la lógica del "comunismo del capital", sólo cabe oponer otra lógica comunista, la de la renta básica como medida de transición a la abolición de la relación salarial. Un comunismo de la multitud. Tampoco cabe reivindicar la limitación de los derechos a los nacionales: el derecho a la libre circulación de los trabajadores debe ser tan ilimitado como el que se ha arrogado el propio capital. No tiene, pues, sentido añorar un nuevo consenso nacional-fordista, pero sí constituir unas relaciones sociales que amparen la reproducción del trabajador colectivo como tal, que protejan su humus -que él mismo produce- que no es sino esa inmensa acumulación de comunes productivos que hoy se realiza a escala del planeta.

Baltasar Garzón y la trampa de la Transición

 

Français, english, português and Deutsch in Tlaxcala (Thanks to the Tlaxcala team, specially to Manuel Talens, Machetera ,Vila Vudu and Susanne Schuster)

Je suis la plaie et le couteau !

Je suis le soufflet et la joue !

Je suis les membres et la roue, 

Et la victime et le bourreau !

(¡Soy la herida y el cuchillo!

¡Soy la bofetada y la mejilla!

Soy los miembros y la rueda del tormento

y la víctima y el verdugo.)

Charles Baudelaire

L'héautontimorouménos (el verdugo de sí mismo)

Puede decirse, con la distancia de más de treinta años que hoy nos separa de ella, que la Transición española fue una trampa para las mayorías sociales y para las fuerzas que quisieron sustituir el régimen franquista por una democracia efectiva. Una trampa es, en efecto, un dispositivo en el que es muy fácil entrar y del que resulta difícil o incluso imposible salir. La liga en que se posan los pájaros atraidos por la comida, o la ratonera que se cierra sobre el ratón que acude al olor del queso son ejemplos comunes de trampas, pero tal vez la mejor trampa es la más sutil, la más ligera y casi inmaterial: la red. Cuando los peces entran en la red, esta los acoge sin violencia: sólo cuando intentan liberarse de ella quedan apresados en las mallas de manera que ya no pueden moverse. Así nos cogió la transición. Lo más fácil para unos movimientos sociales débiles y desorientados y unas direcciones políticas de la izquierda más ambiciosas en lo personal que decentes en lo político era aceptar la oferta del régimen: legitimación de las estructuras y cargos fundamentales del Estado del 18 de julio y de su continuidad legal a cambio de una transformación interna de éste que diese un lugar a las direcciones de los partidos y sindicatos de la oposición dentro de un marco de poder ampliado. Inicialmente el coste de eta opción no parecía excesivo. A pesar de los centenares de muertos y los miles de heridos en manifestaciones en el quinquenio posterior a la muerte de Franco y de las acciones armadas de ETA, la transición hacia un régimen de libertades controladas fue relativamente "pacífica" si se compara con la caida del Shah en Irán o la de Somoza en Nicaragua. Bastante menos si se toma como punto de comparación la revolución portuguesa que sí representó una auténtica ruptura con el régimen anterior y que se realizó sin muertes (salvo la de un agente de la PIDE que se suicidó). Todo es relativo.

El régimen se convirtió así, por un lado en una partitocracia en la que la vida parlamentaria está secuestrada por las direcciones de los partidos políticos que hicieron la transición y en una "democracia antiterrorista" que mantiene, renovándolo, el conjunto de los cuerpos represivos y de las leyes y tribunales de excepción de la fase anterior. La excusa ideal para mantener este aparato fue la -a menudo brutal y políticamente absurda- lucha armada de ETA, pero la legislación de excepción y sus instancias judiciales podían utilizarse también en cualquier momento contra cualquier ciudadano. Las clases dominantes españolas que en algún momento llegaron a concebir temor por la "incertidumbre" de la transición podían dormir tranquilas: allí estaba el rey que puso Franco, alli estaba su fiel Fraga Iribarne, allí estaban la policía y el ejército de la dictadura intactos, allí estaba también la pieza más sensible del aparato judicial, el Tribunal de Orden Público sucesor del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo y denominado ahora Audiencia Nacional. El poder social pertenecía a los de siempre con el añadido de algunos advenedizos que hicieron fortuna con la transición. A los de siempre vinieron a juntarse los "para siempre", uniendo íntimamente sus intereses a los del régimen.

En cuanto a la monstruosa represión franquista, rayana en el genocidio en sus primeros años y mantenida como signo de identidad a través de un largo rosario de asesinatos legales (Grimau, Puig Antich, los cinco de  1975 etc.) y de actos sistemáticos de tortura tuvo que desaparecer de la memoria oficial. Toda responsabilidad quedó borrada por la ley de amnistía. A cambio, otros personajes como Santiago Carrillo no tendrían que dar cuenta ante la justicia de sus responsabilidades en crímenes de guerra y, en concreto, en el asesinato masivo de presos del bando franquista en Paracuellos del Jarama que Paul Preston ha documentado en un libro reciente. El holocausto español del que habla Preston quedó así saldado y se fortaleció el mito de que los centenares de miles de muertos eran el resultado del encono y el odio propios de una guerra civil en la que "ambos bandos fueron igualmente responsables". Esta versión ha quedado enteramente demolida por los más recientes trabajos de historiadores del período que han demostrado con abundante documentación que, si bien la violencia del lado republicano obedecía a los "excesos" propios de una guerra civil, las matanzas franquistas formaban parte de un plan de exterminio premeditado. El exterminio franquista de los "rojos" era, en efecto, como demuestra Gustau Nerín en La guerra que vino de África una matanza colonial operada por el ejército africanista y sus oficiales sobre unos españoles republicanos que los oficiales de Franco llegaron a denominar "los moros del norte". El abandono de la memoria histórica a los vencedores del 39 fue también una de las gravísimas concesiones efectuadas por la izquierda mayoritaria  en la transición.

La trampa de la transición surtió sus primeros efectos en los pactos de la Moncloa en los que las direcciones sindicales y políticas de la izquierda decidieron "luchar contra la inflación" conteniendo el aumento de los salarios que trajo consigo la libertad sindical. La misma trampa volvió a capturar los cuerpos y las mentes de la población, cuando, el 23 de febrero de 1981, apoyaron a un rey que, como mínimo vio con simpatía el intento de golpe de Estado, como salvador de la "democracia".Tras un golpe no tan fallido y que había sido precedido por la defenestración de un Adolfo Suárez que se había tomado demasiado en serio la democratización del país, el PSOE aplicó en buena parte el programa de los golpistas frenando el desarrollo autonómico, organizando una respuesta legal e ilegal contundente frente a las acciones de ETA y poniendo en marcha la contrarrevolución neoliberal. La política, que parecía haber ganado un cierto espacio en los primeros años de la transición se vio engullida por una gestión partitocrática y esencialmente bipartidista del régimen (transfranquista y capitalista) que consiguió su objetivo: mantener a raya a la población.

El juez Baltasar Garzón que hoy juzga el Tribunal Supremo por varios presuntos delitos de prevaricación fue uno de los máximos paladines de la democracia antiterrorista. Sus diversos sumarios contra ETA, pero también contra el independentismo político vasco cimentaron su carrera de juez. En estos sumarios, el "juez estrella" se tomó, al amparo de las leyes de excepción y de cierto consenso público antiterrorista, todas las libertades posibles en cuanto a conculcación del derecho de defensa y en cuanto al uso "creativo" de los tipos delictivos. El resultado es la presencia, aún hoy en las cárceles españolas de varios centenares de presos políticos vascos que nunca tuvieron que ver con la preparación de ningún atentado y cumplen condena debido a la aplicación de leyes de excepción que establecen antijurídicamente una analogía entre los atentados y otras conductas con idénticos fines políticos. La aplicación de la "analogía" al derecho penal por parte de Garzón y sus colegas de la Audiencia Nacional viola los principios básicos de todo ordenamiento jurídico liberal. Rara vez en un régimen que se denomina "democrático" se ha hecho un uso tan extenso de la amalgama en materia de derecho penal como el que hizo Baltasar Garzón con su famosa teoría del "entorno". En cuanto a las alegaciones de tortura de muchos de sus encausados, jamás se dignó Garzón a investigarlas seriamente.

Este juez desmesuradamente politizado, pretendió convertirse en defensor de la democracia contra las dictaduras encausando al viejo dictador chileno Augusto Pinochet por delitos de genocidio. La cosa tenía algo de humor involuntario, pues el juez que perseguía al dictador chileno autor de la muerte de 3000 de sus ciudadanos era el representante de la continuidad legal e institucional de un régimen que había exterminado fríamente en sus momentos fundacionales a más de 300.000 ciudadanos y había acogido con todos los honores al mismo Pinochet cuando éste acudió al funeral del general Franco. La causa contra Pinochet no siguió adelante, en parte por defectos del sumario, pero también por las presiones políticas internacionales, y el sanguinario "Tata" pudo morir en su país y en su cama. Tras hacerse famoso gracias a la causa contra Pinochet, Garzón siguió persiguiendo a integrantes de la izquierda abertzale y de otros sectores de la izquierda radical , cerrando periódicos, prohibiendo organizaciones políticas y culturales, etc. en nombre de la defensa del Estado de derecho. La incoación por parte de Garzón de un sumario sobre las matanzas y desapariciones del franquismo parecía confirmar su toma de partido contra todas las dictaduras y en favor de la democracia. Muchas esperanzas de familiares de desaparecidos y asesinados se depositaron en él. Tras instruir un primer sumario con excelente documentación aportada por prestigiosos historiadores, abandonó sin embargo el caso al no considerarlo competencia de la Audiencia Nacional. Esto no impidió al pseudosindicato "Manos Limpias" y a Falange española acusar a Garzón de prevaricación por haber aceptado la causa. Investigar los crímenes del franquismo no tendría sentido según estos grupos derechistas, pues los crímenes ya habrían prescrito y Garzón sólo habría aceptado instruir este sumario por razones políticas.

Hoy, el Tribunal Supremo ha juzgado a Baltasar Garzón por otra causa: las escuchas de Gürtel. En flagrante violación del derecho de defensa, Garzón habría ordenado que se escucharan algunas de las conversaciones de los acusados en el sumario Gürtel con sus abogados. Esto, es una práctica ordinaria cuando se trata de la izquierda abertzale, pero si se aplican los mismos métodos a los poderosos, a personas que tienen relaciones directas con el PP y, de forma más indirecta, con la familia real, los poderosos encausados encausan al juez. Se ha visto exactamente lo mismo en el caso del yerno del rey, Iñaki Urdangarín, contra cuyo juez se ha abierto recientemente una investigación. En el caso de las escuchas de Gürtel, Garzón ya ha sido condenado a 11 años de inhabilitación. Grande ha sido el revuelo en la izquierda oficial. Ciertamente, sorprende que el primer condenado del caso Gürtel sea el propio juez, pero esta condena, perfectamente justificada, debe servir para compensar un fallo más "clemente" en la causa relativa a los crímenes del franquismo, en la cual una condena excesivamente supondría un auténtico escándalo internacional nocivo para la imagen del régimen.

En cualquier caso, es un buen ejemplo de cómo funciona la trampa de la transición la imagen de los dirigentes de izquierda y de una parte de la población de izquierda apoyando a Baltasar Garzón con consignas y canciones como "Yo estoy con Garzón". Como si la causa de este burócrata judicial del propio régimen pudiera tener alguna conexión con la justicia que reclaman los familiares de centenares de miles de víctimas. Las manifestaciones en torno a este muy mediático juicio son una buena ocasión para promover la causa de la verdad histórica en un sistema político basado en la "negación" de un genocidio, pero todo apoyo a Garzón como paladín de la verdad y la justicia es peligroso. Cada vez que se apoya al juez que elaboró la doctrina del "entorno" se apoya al conjunto de instituciones y normas que se edificaron sobre las cunetas rellenas de cadáveres y sobre la cancelación de su memoria. Apoyar a Garzón es incluir toda política en el régimen, no salir de un sistema que no puede hacer justicia ni al pasado ni al presente, renunciar a romper con el régimen de las cunetas. Las dos Españas existen, pero hoy por hoy, la otra, la democrática que no se atreve a ser republicana, está presa en la trampa de la transición: cuando más se esfuerza por salir de la red, más se ve atrapada en ella. Para salir de esta trampa hay que colocarse fuera de ella negando toda legitimidad al régimen criminal del 18 de julio: hace falta para ello otro 14 de abril, seguido de un largo y potente 15M. 

Le “ changement ” du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (PSOE) au Parti Populaire (PP) en Espagne : un bilan provisoire

Traducción al francés del último artículo del blog. Gracias a Manuel Talens,  Franco Giudice, Jorge Alaminos y demás compañeros de Tlaxcala. http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=6782

El "cambio" del PSOE al PP: un balance provisional (Castellano, english, français)

English version: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=6801
Version française: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=6782


Hay aún quien se sorprende por el silencio de Mariano Rajoy respecto de su "programa económico". Lo sorprendente, sin embargo, es que  haya sorpresa, pues, desde hace muchos años está claro que el "programa económico" no lo define el gobierno, sino que se elabora y decide "en otro escenario". Si el PSOE nunca cumplió su programa económico y social entre socialdemócrata y neoliberal y tuvo que apartar muy pronto en la segunda legislatura de Zapatero lo poco que quedaba de socialdemocracia en sus políticas, ello se debió a la supeditación de toda la acción de gobierno a los dictados del sector hegemónico del capital: el capital financiero. La deuda pública y privada se ha convertido así en el gran resorte del gobierno real de nuestras sociedades. Con la retórica de la "presión" de los mercados y la culpabilización colectiva a propósito de la deuda y del gasto excesivo "que nos nos podíamos permitir" se intentaba justificar el cambio de política como una reacción a un fenómeno a la vez natural y moral en el que los mercados castigaban nuestros "excesos" mediante la justicia inmanente del encarecimiento indefinido de la deuda. Tras esta moral natural es fácil reconocer la opción preferencial de los distintos gobiernos españoles y europeos por el capitalismo y su variante financiera. Es patético hoy escuchar a José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista reciente de la cadena SER afirmando que "incluso una política socialdemócrata determinada" tiene sus límites y que ese límite él lo encontró en la amenaza de intervención de la economía española. Para evitar esa intervención, todo fue doblegamiento ante el capital financiero y sus gestores, denominados púdicamente "los mercados". Era necesario poner todos los medios para salvar la banca y mantener la confianza de los mercados en la solvencia del Estado.

En otros términos, los mencionados  "límites" residen en el hecho de que se ha optado por una política "socialdemócrata" cuya base económica es el neoliberalismo más extremo. La socialdemocracia de Zapatero -al igual que la de Felipe González- nunca fue una auténtica socialdemocracia, sino un régimen que contaba con la renta de la especulación financiera e inmobiliaria para redistribuir entre la masa de la población algo de riqueza, manteniendo o agravando la disparidad de ingresos entre las capas más altas y las más bajas. Era la política neoliberal del "trickle down", del "goteo" de arriba hacia abajo, basada en la la vieja idea de los fisiócratas de que el incremento de la riqueza de los más ricos tendría efectos positivos sobre los más pobres. Esa política no es, sin embargo, una política socialdemócrata, como tampoco lo es la compensación de la congelación de los salarios reales mediante la renta especulativa financiera o inmobiliaria, pues en ese caso habría que integrar en la socialdemocracia a George W. Bush o a José María Aznar. Tal vez el pequeño matiz socialdemócrata que añadió el zapaterismo a una práctica genuinamente neoliberal fue la gestión parcialmente estatal de esta riqueza financiera, aunque esto tuvo también su otra vertiente, que fue la financiación de redes clientelares mediante los propios instrumentos de redistribución.

Zapatero insiste, sin embargo, en su entrevista en los aspectos realmente "de izquierda" de sus políticas. Entre ellos destaca el cambio liberalizador de la ley del aborto, el matrimonio gay, la leyes contra la violencia "de género" etc. Lo que no se hizo a nivel económico quedaba así compensado a nivel "social" o de "costumbres" mediante la legislación más progresista de Europa o, tal vez del mundo. Ciertamente, estas leyes, a las que hay que añadir una tímida pero real ley de memoria histórica suscitaron gran escándalo en las filas de las derechas y en las jerarquías eclesiásticas, pero en lo esencial no afectaron en nada a la estructura de base del sistema económico y social que siguió rigiéndose por una fidelidad sin quiebras al mando del capital financiero y un discurso abiertamente neoliberal en política económica. En ningún momento se planteó Zapatero un cambio efectivo de las correlaciones de fuerzas económicas y sociales, un cambio en la constitución material como el que acometieron las auténticas socialdemocracias en los países nórdicos o en la propia Alemania.

El zapaterismo, como los demás neoliberalismos, de izquierdas o de derechas, mantuvo rígidamente las prioridades del capitalismo actual. Ya no se trataba de dar garantías a la población, en el marco de un régimen de seguridad social y en general de un Estado del bienestar, frente a los "excesos" del capitalismo, sino de fomentar estos propios excesos esperando poder redistribuir algo de la riqueza generada por la sobreexplotación de los trabajadores dentro y fuera de las fronteras. La seguridad y la garantía pública pasan de amparar al trabajador y el ciudadano a proteger al propio capital financiero. En el neoliberalismo, existe un sistema de "seguridad social" para el capital que se traduce en políticas de preservación de altas tasas de ganancia del capital financiero y de traslado de los riesgos de la especulación desde los titulares del capital financiero al conjunto de la población. No hay mejor ejemplo de estas políticas y de sus consecuencias que la salvación pública de los bancos amenazados de quiebra por la crisis de los "créditos basura" y la inscripción en la constitución del carácter prioritario del pago de la deuda. Desde la segunda legislatura de Zapatero, y hoy mismo con el gobierno del PP, la prioridad casi exclusiva es el pago de la deuda, lo que supone dar garantías al capital financiero de que sus títulos de deuda (inflados por la especulación) serán pagados religiosamente, a costa, por supuesto de los derechos sociales de los trabajadores y del gasto público en bienes de interés general como la enseñanza o la salud.

El silencio de Rajoy responde en gran medida a la estricta continuidad de su política económica con la del PSOE. Las prioridades son las mismas, aunque tal vez puedan ahora aplicarse de manera más descarnada, con menos matices. Ya se tuvo en Cataluña un anticipo de lo que el PP haría a escala estatal: una ofensiva brutal contra la enseñanza y la sanidad públicas y contra el conjunto de bienes comunes gestionados por el Estado. Esta ofensiva ya ha empezado a nivel estatal. El Estado recupera así de manera abierta su carácter de clase y se convierte en una máquina de liquidación de bienes públicos y en un gigantesco "cobrador del frac" que garantiza, a veces con métodos poco elegantes, el pago de la deuda pública o privada a las instituciones financieras y demás titulares de capital financiero. En cierto modo, nada nuevo respecto de lo que ya hiciera el PSOE, salvo una radicalización de las medidas de "austeridad" según el ya conocido sendero griego, que con toda seguridad el PSOE se habría visto obligado a tomar cabo en la hipótesis improbable de que hubiese ganado las elecciones. En lo esencial PSOE y PP tienen la misma política, porque en realidad no es su política, sino la dictada por el capital financiero. La más clara demostración de que no se trata de una "política" sino de la mera administración de la explotación financiera de la riqueza social la tenemos en aquellos casos como el italiano o el griego donde los ejecutivos están presididos por representantes directos de la banca y de las instituciones financieras. Hombres como Monti o Papadimos se presentan como "técnicos" y no ya como políticos, pero son los agentes directos de una "dictadura comisaria" del capital.

La alternancia izquierda-derecha carece así de cualquier contenido real a nivel social o económico. Para preservarla y para mantener con ella la "legitimidad" de la representación política en la partitocracia española, hay que desplazar la diferenciación a otro terreno que no es ya el económico sino el de las "costumbres". En este terreno, las "conquistas" de Zapatero corren hoy grave peligro, pues sólo en ese terreno, puede visibilizarse el "cambio" del PP. La jerarquía eclesiástica y el PP tienen abiertamente entre sus objetivos la reforma o la derogación de leyes como la del aborto o la del matrimonio gay  que afectan al control biopolítico de la esfera de la reproducción. También en el terreno de la reproducción ideológica, es esencial en el caso español que la privatización progresiva de la enseñanza se vea acompañada por el control cada vez mayor de la Iglesia Católica sobre este negocio. En este aspecto, la polémica sobre la asignatura de "educación para la ciudadanía" es reveladora. La asignatura se planteaba como un contrapeso laico y cívico al adoctrinamiento religioso practicado en las escuelas a través de la asignatura de religión. La Iglesia siempre vio con recelo esta amenaza a su monopolio y acusó al goberno de Zapatero -sin ningún sentido del ridículo- de querer adoctrinar con ella a niños y adolescentes. Hoy, el nuevo ministro de educación se plantea suprimirla devolviendo así el monopolio ideológico a la doctrina católica.

Son sumamente ilustrativas del cambio ideológico que vivimos unas recientes declaraciones de la Viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, en las que se preguntaba si "tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema". A nadie escapa que una racionalización del sistema conforme a este planteamiento condenaría a muerte a numerosas personas y degradaría la calidad de vida de otras muchas. Esto parece contradictorio con el planteamiento de una corriente ideológica católica en la que se enmarca el PP, que defiende el "derecho a la vida" para oponerse al derecho al aborto. Sin embargo, la contradicción no es tal. Si se atiende a que la misma derecha católica también se opone al derecho a optar por una muerte digna, se puede inferir que lo que defiende el PP es una especie de autoritarismo biopolítico en el que la vida es obligatoria: es ilícito según este planteamiento no dar la vida o quitarse a sí mismo la vida, porque la vida es un don de Dios. Esto no significa, sin embargo que, los enfermos crónicos tengan derecho a asistencia para mantenerse en vida, pues con ello no cumplen la obligación de estar vivos mientras Dios lo quiera, sino que se aferran a un sospechoso y económicamente costoso deseo de vivir. A lo que se oponen estas políticas oscurantistas del PP es a la libertad del individuo de elegir en lo que a la vida se refiere, tanto respecto a su propia vida como a la vida que puede dar. La vida, según este planteamiento es obligatoria para el individuo, pero ello no implica que el poder no pueda dejarlo morir, sobre todo si ello va en interés de la austeridad y del pago de la deuda. La única vida verdaderamente tutelada es la que el poder puede imponer como obligatoria.

No cabe duda de que, movido por la misma prioridad de dar "seguridad" a los mercados, un hipotético gobierno del PSOE también habría recortado -como ya se hizo en Grecia con el gobierno socialdemócrata de Papandreu- la financiación de los tratamientos para los enfermos crónicos. Probablemente habría intentado disimular y maquillarlo como una racionalización administrativa, pero lo habría hecho. La diferencia del PP con el PSOE es que el PP es capaz de asumir ideológicamente estas medidas, de convertir lo que era para la pseudosocialdemocracia una especie de imperativo natural en una auténtica virtud moral en nada reñida con la racionalidad económica. Si el PSOE consideraba el imperio del capital financiero como una fatalidad natural, el PP lo interpreta como una virtud teológica, como el fuego donde todos purgamos el pecado de la deuda. Entre las necesidades de la naturaleza y  de la teología, lo que ha desaparecido es la política.

Las redes y el poder (sobre una viñeta del Roto)

Vaya por delante mi admiración por el humor gráfico, o más bien la sátira social gráfica del Roto. Se trata de un humor que hace pensar, de brevísimos relámpagos filosóficos en los que se articulan una imagen y un mensaje verbal minimalista, lapidario. El Roto es un filósofo, un filósofo moral a la manera de Pascal, pero es también un dibujante cargado de humor negro, a la manera de Goya cuyo legado reconoce como propio. Puede decirse -citando la leyenda de su viñeta del día siguiente al atentado contra la T4- que lo que describe "daría risa si no diera miedo". Como Goya, nos describe con lúcido pesimismo la realidad espantosa del sistema y de la época en que vivimos, la arrogancia estúpida de los poderes, su cinismo, su fealdad. Sus dibujos son auténticos "caprichos" y "desastres de la paz". Cotidianamente nos distancia el Roto por este medio de los malsanos efectos de la sumisión y, haciendo honor a su nombre artístico, rompe, desgarra el velo que recubre el horror, del Estado, del capitalismo, de los propios seres humanos que vivimos en las entrañas de este sistema estúpido y cruel y que lo sustentamos. Como él mismo afirmba en una entrevista refiriéndose a su trabajo: "El núcleo esencial de la sátira es poner de manifiesto aquello que consideras que son falsificaciones o mentiras, las formas en las que se presentan las cosas para ser más digeribles. Arrancar esa careta es justamente lo que hace la sátira."

Hoy, 24 de enero de 2012 nos gratifica con una viñeta en la que un personaje que lleva una capucha roja precida a la de los superhéroes de los cómics se sonríe mirando hacia abajo y dice: "Ya tenemos a todos en la red. Preparaos para izarla." La palabra red está resaltada en color rojo, el mismo color de la máscara. El rojo subraya la palabra "red" como un significante especial. Hay varios sentidos en la palabra "red": la red en la que entramos voluntaria e imprudentemente y que nos aprisiona, la red que nos conecta, la red que constituimos entre todos. El humor satírico del Roto  se basa en mostrar que detrás del sentido amable y cooperativo de la red está la red como trampa, como dispositivo de captura. La red es hoy, más que nunca, una metáfora ambigua.

Tradicionalmente la red era un instrumento de captura, una trampa. La red fue la metáfora -acertada- de un poder que todo lo determina, pero también de un poder predador que "pescaba" a los súbditos. La red era algo en que se estaba preso, no una trama que conecta los distintos nodos. Los nuevos filósofos y otros ideólogos del "(anti)totalitarismo" usaron abundantemente la imagen de la red para describir un poder sin escapatoria que identificaron con una imagen caricatural del marxismo e incluso de un pensamiento occidental que venía preparando el Gulag desde Sócrates y Platón. La red es hoy, sin embargo, por excelencia, la que se materializa en Inter-net (la inter-red, la red de redes). La Red es hoy un espacio horizontal de cooperación generalizada. La Red sustituye las jerarquías, rompe las fronteras y establece una cooperación directa entre individuos o grupos de individuos situados a un mismo nivel. La Red, en ese sentido es democrática y multitudinaria: no manda ni representa, sino que conecta y articula potencias singulares. A diferencia de las construcciones políticas soberanas de la teoría moderna del Estado, que se basan en la trascendencia del poder (Bodin, Hobbes), la organización en red se basa en la m:ás estricta inmanencia. La coherencia de la red no depende nunca de un punto exterior (el soberano, la instancia de mando) que la unifique: la red se une y se sostiene merced a su propia trama en un todo inestable y nunca entramente cerrado, pero, por ello mismo, capaz de reconstituirse.

La Red es una organización flexible y recombinante. Cuando se destruye el puesto de mando de una organización jerárquica, esta no es capaz de recomponerse y queda enteramente destruida. Cuando la red conecta líneas de comunicación (conversaciones) entre sí y una de las líneas se interrumpe, siempre es posible restablecer la comunicación mediante un rodeo. Es mucho más difícil liquidar una red que una estructura jerárquica y centralizada. Esto lo comprendieron bien los militares norteamericanos, quienes crearon el primer Internet como medio para recomponer la cadena de mando militar tras un ataque enemigo que hubiera destruido el cuartel general o cualquier otro fallo en las líneas de comunicación. El ejército aprende así de la guerra de guerrillas que siempre funcionó en red, pero también de las nuevas formas de organización de la producción tras la gran revuelta de finales de los 60 y principios de los 80 contra la empresa fordista y sus jerarquías. Horizontalidad, flexibilidad, cooperación directa de los trabajadores articulaban la respuesta de la nueva forma de empresa frente al mercado, intensificando a la vez la productividad y la explotación de la fuerza de trabajo.

Un trabajo que se confunde cada vez más con la vida social y que abarca todos los momentos y esferas de la actividad afectiva y cognitiva sólo puede organizarse en red. El capitalismo ha descubierto que el comunismo (la cooperación directa entre trabajadores) es infinitamente más productivo, flexible y creativo que el trabajo sometido a jerarquías. Por ello mismo lo ha integrado, lo ha capturado  sometiéndolo, eso sí, al "dulce gobierno" del mercado. El ideal del neoliberalismo es una cooperación social horizontal estructurada como una enorme red de transacciones mercantiles. Individuos dotados de capacidades productivas propias negociarían permanentemente en el mercado -o en una nueva empresa que interiorice, al menos en parte, las dinámicas de mercado- sus condiciones de cooperación. Esta utopía neoliberal se enfrenta, sin embargo, a un importante escollo que es el papel fundamental como fuerza productiva, no ya sólo de las capacidades individuales de los productores, sino de la capacidad común, de la potencia de la red como tal. Esa capacidad se expresa ante todo como un saber común en constante elaboración colectiva que el Marx de los Grundrisse denominaba, en una curiosa referencia a Averroes, General Intellect (Intelecto General). Esto determina, por consiguiente, una tensión constante entre dos tendencias inmanentes a la red: una tendencia apropiativa que intenta reducir el saber del intelecto general a "capital humano" privado y que limita por consiguiente el libre acceso a los comunes en Red y una tendencia a desarrollar la productividad y la creatividad indidividual y colectiva mediante el acceso libre y general a los comunes.

La Red es así, un espacio de cooperación, pero también de conflicto. A la jerarquía y al mando suceden como dispositivos de apropiación de valor por el capital los mecanismos de mercado y los instrumentos financieros. Existe poder y dominación en la red, pero es un poder que ya no funciona de arriba a abajo como el del soberano o el de la empresa fordista, sino en un plano horizontal de rigurosa inmanencia en el que el capital y sus aparatos empresariales, financieros y políticos se esfuerzan por imponer la norma jurídica de la propiedad en el terreno de los comunes, por transformar la cooperación en transacción comercial. Frente a ese poder se generalizan las resistencias, también horizontales que desarrollan prácticas de ocupación del territorio y de liberación de zonas cada vez más amplias donde rige la ley de los comunes y no la de la propiedad. La Puerta del Sol, Tahrir, los distintos movimientos Occupy son expresión de esta liberación horizontal que no toma la Bastilla ni el Palacio de Invierno -los lugares de un poder que está arriba- sino que bloquea la circulación de un mando capitalista indirecto y horizontal que se ejerce a través del mercado.

Por una vez no estoy de acuerdo con el Roto. Hoy no hay ningún poder que esté "arriba": el poder circula "abajo", entre nosotros, y entre nosotros también se organiza la resistencia y la liberación. La red no es una trampa o no es sólo una trampa -también puede serlo si se reduce a mercado- sino un auténtico instrumento de liberación. Ya nadie puede tirar de ella: ni la empresa, ni el mercado, ni Dios.

Fraga no ha muerto

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"Der Feind ist meine eigene Frage in Gestalt". 

("El enemigo es mi propia pregunta puesta ante mí")

Carl Schmitt

El régimen español, tras la muerte de Franco, se ha caracterizado por su contitnuidad jurídica e institucional con el orden establecido por el 18 de julio. No sólo se pasó de la "democracia orgánica" a la "monarquía democrática" en el marco de las leyes franquistas y sin la más mínima ruptura del ordenamiento jurídico, sino que se mantuvo en la jefatura del Estado al rey elegido por Franco, los magistrados y mandos policiales responsables de la represión conservaron sus puestos y prosiguieron sus carreras, los mandos militares franquistas siguieron en su lugar. El conjunto del aparato de poder del régimen se mantuvo, haciendo sitio en los lugares de privilegio a los dirigentes de los partidos de oposición que aceptaron legitimar la mutación. A todos ellos, la constitución de 1978 les garantizaba no sólo la impunidad, sino el respeto público, pues los que habían sido pilares de uno de los regímenes más sangrientos del período fascista europeo y lograron hacerlo sobrevivir hasta bien entrados los años 70 del siglo XX, quedaron transformados en sostenes de la "joven democracia". En el contexto de este peculiar arreglo, quienes dentro de la débil oposición deberían haber pasado a los libros de historia como responsables de horribles crímenes de guerra fueron incluidos "generosamente" en la impunidad de sus vencedores.  En España no hubo nunca una comisión de la verdad y la reconciliación que esclareciera todos los crímenes, hubo silencio recíproco entre los responsables de los principales partidos sobre sus responsabilidades respectivas.


Manuel Fraga Iribarne, que hoy nos acaba de abandonar fue un actor fundamental de esta transformación. En su historial está sin duda el haber sido ministro de Franco y haber dado cobertura política y moral a algunos de los más espeluznantes crímenes del franquismo reciente (Grimau, Puig Antich, Vitoria...). Fraga aprobó en su conjunto el régimen de Franco del que fue uno de los pocos intelectuales competentes, lo que le daba una posición excepcional en el erial intelectual que fue el franquismo. Su posición fue siempre conforme a su autodefinición, la de un "liberal conservador". Sin embargo, esta calificación merece matices importantes, pues la defensa del orden liberal, para Manuel Fraga, podía requerir la abolición de la libertades democráticas. Fraga, aunque en algún momento, como embajador del Estado español en Londres luciera bombín no era un conservador británico, sino un reaccionario español particularmente ilustrado. No puede despreciarse en su formación intelectual el bagaje del pensamiento de la contrarrevolución y en concreto la influencia de pensadores como Joseph de Maistre o Donoso Cortés. Su amistad política y filosófica con el ultracatólico y filonazi Carl Schmitt a quien acogió en momentos de desgracia -tras el paso de este por el tribunal de Nüremberg- en el Instituto de Estudios Políticos es a este respecto muy ilustrativa. Al igual que Carl Schmitt quien consideró que la defensa del régimen liberal de Weimar pasaba por la implantación de una dictadura y que, en último término acabó defendiendo las leyes de excepción que sirvieron de fundamento al régimen hitleriano, Fraga defendió el orden burgués desde la dictadura franquista. Lo hizo, al igual que Carl Schmitt, con todas las consecuencias: aceptando la ausencia de libertades, los encarcelamientos políticos, la tortura y las ejecuciones. Para Fraga, sin embargo, la democracia no era imposible; era incluso deseable siempre y cuando respetase el orden liberal burgués. De ahí que impulsara una transición controlada del franquismo originario a la peculiar "democracia" que hoy conocemos. Para Manuel Fraga, la esencia del Estado de derecho era, aunque él no utilizara estos términos, la dictadura de clase: el mantenimiento por todos los medios necesarios de un orden social dominado por la burguesía y las demás clases capitalistas españolas. Por ello mismo, la diferencia entre dictadura y democracia nunca fue una diferencia radical para él, pues lo importante era el mantenimiento de la "situación normal" basada en el respeto de la propiedad y de las libertades mercantiles y las demás libertades resultaban accesorias y temporalmente prescindibles.


Este planteamiento de Fraga y del sector de la derecha española que constituyó en torno a él Alianza Popular y posteriormente el PP explica que el Estado español sea uno de los pocos países europeos donde no existe una extrema derecha organizada. A pesar de los intentos por parte de Blas Piñar (Fuerza Nueva) o Ramiro Fernández Cuesta (Falange) de crear un espacio autónomo de extrema derecha, nunca llegó a haber desde la transición un partido fascista con peso significativo en el panorama español. La explicación de este fenómeno radica en que la identidad de extrema derecha no corresponde ni puede corresponder a ningún partido en particular, sino al conjunto del régimen transfranquista y, en particular, a la fuerza de derechas que encarna su naturaleza "liberal conservadora" en el sentido anteriormente matizado. La extrema derecha española puede permitirse ser liberal, e incluso "democrática" a condición de que, bajo ningún concepto se ponga en peligro el orden social capitalista en su versión hispánica. Para ella, Estado de derecho y dictadura no son términos contradictorios siempre que la dictadura tenga como objetivo la defensa del orden social y no su subversión. Esta posición, prevalente en el PP, destiñe hacia otros horizontes políticos, contando con eximios representantes en un PSOE que defiende posiciones neoliberales y nacionalistas españolas y que siempre ha criticado el franquismo sin la más mínima intención de romper con él, y, por supuesto, hacia el partido del nacionalismo español a la vez impolítico y autoritario que es UPyD.


Del mismo modo que no había razón alguna para alegrarse de que Franco muriese en su cama, tampoco la hay para celebrar la muerte de Manuel Fraga. Después de todo, es sólo la muerte de dos personas. Las instituciones y sobre todo el orden de legitimidad política que fundaron y defendieron siguen existiendo, representados en el principal nexo de continuidad entre la etapa actual y la etapa anterior del régimen: la persona del monarca designado por Franco para sucederle a título de rey. Más vale ahorrarse los improperios contra Manuel Fraga, pues no sólo él defendió o encubrió ejecuciones y torturas. El actual Jefe de Estado compartió balcón el Plaza de Oriente con el Caudillo, cuando este se dirigía en sus últimas semanas de vida a una manifestación espontánea organizada que apoyaba los últimos fusilamientos del régimen. Asimismo, Juan Carlos de Borbón declaró más de una vez que jamás aceptaría que se criticase a Franco en su presencia. El régimen no ha muerto, sólo ha muerto uno de sus más lúcidos y tal vez cínicos exponentes, que algunos consideramos un "enemigo político" en el sentido preciso que diera Carl Schmitt a ese término: "El enemigo político no tiene por qué ser moralmente malo; no tiene por qué ser estéticamente feo; no tiene por qué actuar como un competidor económico y hasta podría quizás parecer ventajoso hacer negocios con él. Es simplemente el otro, el extraño, y le basta a su esencia el constituir algo distinto y diferente en un sentido existencial especialmente intenso de modo tal que, en un caso extremo, los conflictos con él se tornan posibles, siendo que estos conflictos no pueden ser resueltos por una normativa general establecida de antemano, ni por el arbitraje de un tercero "no-involucrado" y por lo tanto "imparcial"."  No puede decirse lo mismo de la inmensa mayoría necia, inculta e indecente de los exponentes del actual régimen español.