Grecia: Sadismo del capital

"Coloca a un joven en una máquina que tira de él dislocándolo, hacia arriba o hacia abajo; sus huesos se rompen en pedacitos, lo retiran y lo vuelven a poner así durante varios días consecutivos hasta que muera" (DAF de Sade, Las 120 jornadas de Sodoma, jornada 119)

Las imágenes de Atenas que vimos ayer eran imágenes de guerra civil. No es exagerado afirmarlo: incluso los enfrentamientos se cobraron víctimas (eran, por supuesto civiles, por supuesto también, trabajadores). Columnas de humo de los incendios y de las bombas lacrimógenas de la policía, jóvenes enmascarados hartos de no tener ningún futuro, ancianos indignados por la brutal rebaja de sus ya exiguas pensiones, una población que apenas contiene su ira frente al latrocinio abierto de su propio gobierno y de los mercados financieros. La vieja clase obrera fordista y el nuevo proletariado precario se encontraban ayer en la calle protestando contra el plan de austeridad terrorista impuesto por el Fondo Monetario Internacional y las instituciones europeas para evitar la bancarrota de Grecia. Contra las medidas ultraliberales impuestas a un gobierno elegido con un programa socialdemócrata. El chantaje es evidente: o se aceptan las medidas o el país entra en bancarrota y recesión con consecuencias gravísimas e imprevisibles. La democracia deja así de existir y el país se encuentra sometido a un protctorado económico.

Otros países esperan el ataque de los "mercados financieros". La plena dimensión de estos ataques sólo se comprende cuando se recuerda que los propios agentes del mercado financiero que crean "desconfianza" rebajando la calificación de la deuda son los que después especulan sobre la posible bancarrota que ellos mismos provocan. El mercado se ha convertido en el castillo de las 120 jornadas de Sodoma del marqués de Sade: la escenificación de la omnipotencia de unos cuantos perversos sobre los cuerpos de las víctimas llevados al límite mismo de la muerte, de una muerte infinitamente prolongada. Imagen de impotencia que los "medios de comunicación" transmiten y difunden por doquier. No se puede hacer nada, nos dicen, frente al dictamen de los mercados, como si la actuación de los mercados respondiera a leyes naturales y no a las correlaciones de fuerza políticas de una sociedad de clases. Algunos responsables financieros tienen la sádica coherencia de decírnoslo:“Hay lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y estamos ganando” (Warren Buffet, citado por The New York Times, 26 de noviembre de 2006). El coste de esa victoria es enorme: una regresión social sin límites, la apropiación de los servicios públicos por el sector privado, una explotación de la fuerza de trabajo sin límites en el tiempo (jubilaciones cada vez más tardías) ni en la intensidad (sueldos cada vez más bajos y precarios frente a un incremento cada vez mayor de la productividad del trabajo social).

Las propias circunstancias de la muerte de los tres trabajadores bancarios cuyas vidas se cobró ayer la batalla de Atenas son ilustración del desmeurado despotismo patronal que sólo puede ilustrar la imagen del castillo de Sade. La prensa (que se afirma libre) nos dice que fueron víctimas del humo de un incendio provocado por un cóctel molotof en la oficina bancaria de Egnatia-Marfin donde trabajaban. Lo que nos ocultan es que su chulesco patrón -como afirma el comunicado del sindicato griego de la banca OTOE- había cerrado las puertas, que el local no disponía de medios antiincendio y que la salida de emergencia estaba cerrada con cerrojo. Quienes se salvaron tuvieron que subir a los pisos superiores y saltar por las ventanas o bien huir por las azoteas. Esto no excusa la criminal estupidez de echar un cóctel molotof en un sitio donde hay gente, pero la responsabilidad de lo acontecido pesa también como mínimo sobre el patrón que los encerró en la agencia.

La guerra del capitalismo contra las poblaciones es una guerra no declarada, pero no por ello menos despiadada. Se trata de imponer por todos los medios, pero sobre todo por los financieros, la extracción de renta, la sustracción de riqueza en favor de quienes controlan el capital, la privatización de lo común. La era del capitalismo productivo llegó a su término. En este momento la producción corre a cargo de la inteligencia y de la cooperación colectiva. El capital tiene que procurar ponerla a su servicio, como ya hiciera con los esclavos de las plantaciones o los trabajadores de las fábricas. Para ello necesita otros medios adaptados a la nueva configuración del trabajador: un sistema de extracción de riqueza social ágil y discreto, un sistema que pueda robar directamente la riqueza socialmente producida y, al mismo tiempo, disimular el robo. Este sistema de extracción de riqueza y expropiación de los comunes son los mercados financieros. Hoy ya es tarde para defender el capital productivo: ambos términos son hoy contradictorios. Lo único que nos queda es, como en Grecia, defendernos del capital en general, pues esa es la única manera de liberar espacio para los comunes, para el comunismo. Sólo así podrán tener algún sentido la democracia y la libertad.

A quienes todavía sueñan con "refundar el capitalismo" hay que recordarles que el capitalismo se fundó mediante una expropiación masiva de los trabajadores y que esa fundación vuelve a realizarse en cada crisis de la misma manera, con idéntica violencia. Vale la pena recordar, a propósito de la crisis griega y europea en general, el texto de Marx (Capital, I, XXIV) sobre la función de la deuda pública como instrumento de acumulación originaria:

"El sistema del crédito público, esto es, de la deuda del estado, cuyos orígenes los descubrimos en Génova y Venecia ya en la Edad Media, tomó posesión de toda Europa durante el período manufacturero. El sistema colonial, con su comercio marítimo y sus guerras comerciales, le sirvió de invernadero. Así, echó raíces por primera vez en Holanda. La deuda pública o, en otros términos, la enajenación del estado sea éste despótico, constitucional o republicano deja su impronta en la era capitalista. La única parte de la llamada riqueza nacional que realmente entra en la posesión colectiva de los pueblos modernos es... su deuda pública (243bis). De ahí que sea cabalmente coherente la doctrina moderna según la cual un pueblo es tanto más rico cuanto más se endeuda. El crédito público se convierte en el credo del capital. Y al surgir el endeudamiento del estado, el pecado contra el Espíritu Santo, para el que no hay perdón alguno {298}, deja su lugar a la falta de confianza en la deuda pública.

"La deuda pública se convierte en una de las palancas más efectivas de la acumulación originaria. Como con un toque de varita mágica, infunde virtud generadora al dinero improductivo y lo transforma en capital, sin que para ello el mismo tenga que exponerse necesariamente a las molestias y riesgos inseparables de la inversión industrial e incluso de la usuraria. En realida, los acreedores del estado no dan nada, pues la suma prestada se convierte en títulos de deuda, fácilmente transferibles, que en sus manos continúan funcionando como si fueran la misma suma de dinero en efectivo. Pero aun prescindiendo de la clase de rentistas ociosos así creada y de la riqueza improvisada de los financistas que desempeñan el papel de intermediarios entre el gobierno y la nación como también de la súbita fortuna de arrendadores de contribuciones, comerciantes y fabricantes privados para los cuales una buena tajada de todo empréstito estatal les sirve como un capital llovido del cielo , la deuda pública ha dado impulso a las sociedades por acciones, al comercio de toda suerte de papeles negociables, al agio, en una palabra, al juego de la bolsa y a la moderna bancocracia.

"Desde su origen, los grandes bancos, engalanados con rótulos nacionales, no eran otra cosa que sociedades de especuladores privados que se establecían a la vera de los gobiernos y estaban en condiciones, gracias a los privilegios obtenidos, de prestarles dinero. Por eso la acumulación de la deuda pública no tiene indicador más infalible que el alza sucesiva de las acciones de estos bancos, cuyo desenvolvimiento pleno data de la fundación del Banco de Inglaterra (1694). El Banco de Inglaterra comenzó por prestar su dinero al gobierno a un 8 % de interés, al propio tiempo, el parlamento lo autorizó a acuñar dinero con el mismo capital, volviendo a prestarlo al público bajo la forma de billetes de banco. Con estos billetes podía descontar letras, hacer préstamos sobre mercancías y adquirir metales preciosos. No pasó mucho tiempo antes que este dinero de crédito, fabricado por el propio banco, se convirtiera en la moneda con que el Banco de Inglaterra efectuaba empréstitos al estado y pagaba, por cuenta de éste, los intereses de la deuda pública. No bastaba que diera con una mano para recibir más con la otra; el banco, mientras recibía, seguía siendo acreedor perpetuo de la nación hasta el último penique entregado. Paulatiamente fue convirtiéndose en el receptáculo insustituible de los tesoros metálicos del país y en el centro de gravitación de todo el crédito comercial. Por la misma época en que Inglaterra dejó de quemar brujas, comenzó a colgar a los falsificadores de billetes de banco. En las obras de esa época, por ejemplo en las de Bolingbroke, puede apreciarse claramente el efecto que produjo en los contemporáneos la aparición súbita de esa laya de bancócratas, financistas, rentistas, corredores, stock-jobbers [bolsistas] y tiburones de la bolsa.

William Cobbett observa que en Inglaterra a todas las instituciones públicas se las denomina "reales", pero que, a modo de compensación, existe la deuda "nacional" (national debt)."

Sobre un chiste de Brieva y la política spinozista

(Para leer los bocadillos del chiste, clicad dos veces sobre la viñeta y se verá más grande en una ventana aparte)

En un grupo de debate sobre Spinoza en el que participo esta imagen se presentó como "totalmente spinozista". Sigue el comentario que mandé al grupo:

"El chiste es muy bueno. Brieva, igual que El Roto es un "filósofo gráfico". Lo que no es el chiste es "totalmente" spinozista. Sólo lo es en parte. Para serlo totalmente, le falta una vuelta más: el gigante que manipula a los individuos "libres" como marionetas debería aparecer también como un autómata compuesto por las propias marionetas: como en la imagen o, más bien emblema, que figura en la portada del Leviatán de Hobbes, que representa un hombre (o Dios) artificial compuesto por una multitud de hombrecillos (Ver primera imagen). El Leviatán depende de una servidumbre voluntaria y su funcionamiento en la posteridad teórica de Hobbes se viene basando en la idea de un sujeto libre cuya libertad está garantizada por un Estado que lo representa. Como dice el propio Hobbes resumiendo la práctica del Estado -y la de la mafia- se trata de intercambiar "obediencia por protección".


La diferencia, en el caso de Spinoza es que la integración en el Leviatán no es sólo efecto y causa de una necesaria servidumbre: la formación de un individuo compuesto, la sociedad, es también la condición misma de la libertad. Cuando nos movemos como marionetas que se creen libres, no hay un Otro que nos manipule que sea distinto de nosotros mismos tomados singular y colectivamente. Ese Otro es un semblante, una apariencia producida necesariamente por nuestra imaginación y nuestra pasión singular y colectiva. Sostenía Toni Negri que el Estado no es sino "nuestra propia indignidad", esto es la forma imaginaria en que una comunidad de hombres (potencialmente libres, pero efectivamente pasionales), en vez de constituirse autónomamente, se imagina unificada por la representación (en el doble sentido del término) del soberano. Este efecto imaginario es tan inevitable como que los hombres nos guiemos fundamentalmente por las pasiones. La política no puede superar esta situación derivada de la condición humana, pero puede paliarla o agravarla, produciendo formas de gobierno más pasionales o más racionales. El soberano nos representa en el sentido de que nos muestra nuestra imagen como una entidad transcendente, y también en cuanto consideramos que esa entidad actúa en nuestro nombre. Ahora bien, en los esquemas de la teoría política del Estado moderno, la libertad -libertad de contratar- es el fundamento mismo de la representación en el doble sentido indicado. El contrato de sujeción al soberano se basa en ella y el propio soberano la garantiza y le da estabilidad. Estado y sociedad civil son las dos caras de una misma moneda.

El Estado soberano moderno exacerba la representación tanto en sus variantes absolutistas como en las liberales. FRente a él, una política spinozista persigue el objetivo de desplegar el conatus (la capacidad de expresar la propia potencia) singular y colectivo limitando la imaginación que funda la representación, aunque sería utópico pretender anularla. Siempre existirá la imagen de un amo, al menos para los sujetos pasionales. De lo que se trata es de atravesarla, no de anularla. Esto es lo que explica que en el Tratado Político la monarquía basada en los consejos y en el carácter cada vez más vacío del poder del monarca resulte más "democrática" que una democracia que, para Spinoza como para el Kant de Teoría y práctica presupone la exclusión generalizada de quienes no son independientes" (trabajadores dependientes, mujeres, niños, locos etc.). Estoy convencido de que el capítulo sobre la democracia del Tratado Político no (sólo) quedó incompleto por la circunstancia exterior que fue la muerte de Spinoza.
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Para Spinoza, no sólo Dios no existe al modo de una cosa -en el sentido de que pudiera ser otra cosa que la propia dinámica de los modos-, tampoco el Estado ni el Soberano existen, pues son mero resultado de las correlaciones de fuerzas de base pasional que atraviesan la multitud. Sin embargo, las ilusiones teológicas y teológico-políticas se producen y reproducen con la misma necesidad con que vemos el sol con la apariencia de un ducado de oro.

Eyjafjallajökull. Las catástrofes o la sublime excepción de la ideología

"El sol se oscurecerá, | la tierra de hundirá en el mar,--
Resbalarán del cielo| las brillantes estrellas;
La humareda se elevará furiosa | y el fuego salvador:
El calor abrasador | lamerá el propio cielo."
Snorri Sturlusson, Gylfaginning(La alucinación de Gylfi)






"Pero al pretender mostrar que la naturaleza no hace nada en vano (esto es: no hace nada que no sea útil a los hombres), no han mostrado -parece- otra cosa sino que la naturaleza y los dioses deliran lo mismo que los hombres." (Spinoza, Ética I, Apéndice)


La reciente erupción del volcán Ejafjallajökul en Islandia está creando una imponente perturbación del tráfico aéreo en la Europa noroccidental. Las cenizas proyectadas a la atmósfera por el volcán en erupción podrían dañar los motores de los aviones, lo cual ha obligado a suspender los vuelos en 11 países europeos y posiblemente siga perturbando el tráfico aéreo en los próximos meses si no años. La naturaleza, que se suele presentar como amenazada por el hombre, se muestra aquí en toda su fuerza como amenaza a la civilización tecnológica. La técnica humana, con todo su poderío no puede con una pequeña alteración de la composición físico-química de la atmósfera. Y es que la técnica sólo opera en lo que tautológicamente se podría definir como "condiciones normales", esto es en las condiciones que posibilitan el funcionamiento de los dispositivos técnicos humanos. La idea de un órden natural adaptado al hombre y a su técnica es uno de los principales disparates a que conduce la concepción teleológica de la naturaleza que analizara Spinoza en el apéndice del primer libro de su Ética: la idea de que la naturaleza, como el hombre, tiene fines y que entre estos figuran la existencia y la prosperidad de nuestra especie está sólidamente arraigada en esa prolongación de la magia y del fetichismo que es la cultura tecnológica. Tenemos la engañosa seguridad -que no es sino otra forma de superstición- de que la naturaleza siempre permitirá que se despliegue nuestra técnica o incluso que viva nuestra especie. Es éste un sueño insensato.

El volcán Eyjafjallajökull, nos sitúa ante lo que fuera el horizonte permanente de la mitología nórdica: la caída de los dioses y el hundimiento del mundo (Ragnarök) nos recuerda hoy con su violencia que existe un más allá de lo que el pensamiento técnico considera "naturaleza", esto es un más allá de esa técnica que suponemos capaz de codificar y domeñar simbólicamente la naturaleza. Más allá del orden simbólico científico-técnico nos encontramos con lo real, con lo insoportable que apunta a nuestra muerte como especie bajo la forma de seismos (Haití o China), maremotos o erupciones volcánicas y se manifiesta de manera inmediata como obstáculo definitivo al funcionamiento de la técnica.

El orden técnico no es sino una versión sofisticada del pensamiento fetichista. Fetichismo es pensar que los objetos de la naturaleza tienen una subjetividad y unos fines propios. El pensamiento mágico parte de la idea de que los objetos del mundo -al igual que los seres humanos- tienen un alma, una especie de homúnculo dotado de libre albedrío que los mueve, lo cual permite una comunicación con ellos, nos hace termerlos, pero nos permite suplicarles. El pensamiento religioso limita esas almas a un número restringido de dioses que rigen fenómenos naturales más genéricos o incluso a un solo Dios rector del universo que da fines al universo en su conjunto y a cada uno de sus elementos. Spinoza resume así esta situación: "Todos los prejuicios que intento indicar aquí dependen de uno solo: el hecho de que los hombres supongan que todas las cosas de la naturaleza actúan, al igual que ellos mismos, por razón de un fin, e incluso tienen por cierto que Dios mismo dirige todas las cosas hacia un cierto fin, pues dicen que Dios ha hecho todas las cosas con vistas al hombre y ha creado al hombre para que le rinda culto. (Spinoza, Ética I, De Dios, Apéndice)

La racionalidad científico-técnica realmente existente, la que coincide con el capitalismo pretende establecer esta finalidad a partir de una formalización simbólico-matemática de la naturaleza que tiene la pretensión de permitir al ser humano "utilizar" la naturaleza, realizar en ella sus fines. La civilización técnica es así inseparable de un cierto humanismo y supone una armonía entre la formalización matemática de la naturaleza y la realidad fenoménica de ésta. La técnica "funciona" en un universo que funciona. Todo ello al servicio del hombre, último residuo del fetichismo, ese hombre cuya especificidad de pretendido ser espiritual es objeto de una cuidadosa y desesperada búsqueda por parte de los nuevos brujos de nuestro tiempo, los científicos cognitivistas y los practicantes de la neurociencias que exploran mediante escáneres cada vez más precisos el cerebro humano en busca de ese hombrecito minúsculo, ese homúnculo que explicaría definitivamente cómo y por qué actúa el hombre. Todo el pensamiento burgués se basa en esta escisión fetichista entre un reino natural de la necesidad y un reino de la subjetividad humana y de la libertad. El tecnicismo y el cientificismo más extremos se ven condenados por su propia estructura ("forclusión -Verwerfung- del sujeto" diría el psicoanálisis)a un retorno de la brujería y del fetichismo, un auténtico obscurantismo. La eliminación del sujeto no es, como pretende el positivismo, el fin del fetichismo, sino su principio mismo. Baste para convencerse consultar los análisis de Marx sobre el fetichismo de la mercancia en la primera sección del Libro I del Capital, que, increíblemente, se ha solido interpretar en términos humanistas.

Kant denominó "sublime" la irrupción brutal de la naturaleza "desatada" en el propio orden natural. "Rocas audazmente colgadas y, por decirlos así, amenazadoras, nubes de tormenta que se amontonan en el cielo y se adelantan con rayos y con truenos, volcanes en todo su poder devastador, huracanes que van dejando tras sí la desolación, el océano sin límites rugiendo de ira, una cascada profunda en un río poderoso etc. reducen nuestra facultad de resistir a una insignificante pequeñez comparada con su fuerza. Pero su aspecto es tanto más atractivo cuanto más temible, con tal de que nos encontremos nosotros en lugar seguro, y llamamos gustosos sublimes esos objetos porque elevan las facultades del alma por encima de su término medio ordinario y nos hacen descubrir en nosotros una facultad de resistencia de una especie totalmente distinta, que nos da valor para poder medirnos con el todo-poder aparente de la naturaleza". (Kant, Crítica del Juicio, De lo sublime dinámico de la naturaleza,§28). El más allá de la naturaleza científicamente simbolizada se presenta para Kant como signo de una libertad en el límite de lo terrible. Se da así una alternancia entre un reino de la naturaleza fenoménico objeto de la ciencia y capaz de pensar la naturaleza en términos de regularidad (y, por lo tanto de adaptación teleológica a las técnicas humanas), y un más allá de este reino natural ordenado donde la libertad se piensa como catástrofe y como fundamento de un nuevo orden.

En una civilización religiosa, la intervención de la subjetividad finalista en la naturaleza es cotidiana: el milagro, la gracia obtenida por la oración, o el prodigio son algo, paradójicamente ordinario. En nuestro mundo científico, la capacidad técnica produce -de manera obscurantista- muchos efectos que antes se hubieran considerado milagrosos, quedando el equivalente del milagro relegado a ese más allá de la naturaleza científicamente calculable y previsible que es la catástrofe, la cual, a su vez tiende a perder su capacidad de sorpresa. La propia catástrofe reinterpretada adquiere tintes de normalidad, perdiendo su condición de acontecimiento. El milagro, expulsado cada vez más de la naturaleza tendió a refugiarse en la política. En el orden simbólico medieval la naturaleza era un -ambito milagroso, mientras que la política se regía por la regularidad de la ley humana o divina. En el mundo moderno, la naturaleza es un orden regular sometido a leyes (incluso las catástrofes lo están, por mucho que cueste imaginar en ellas el funcionamiento de leyes naturales), mientras que la política se rige por una alternancia de normalidad jurídica (cuya forma más desarrollada es el Estado de derecho) y excepción soberana (que se manifiesta en el Estado de excepción, pero también en el terrorismo, imagen especular de la excepción soberana). Oscilamos así en la política del Estado burgués entre un orden de derecho basado en la normalidad social y una irrupción brutal de la fuerza del Estado o de sus imágenes especulares terroristas, como fuerzas que (r)establecen la normalidad por medios excepcionales.

En el Estado capitalista vivimos como si nos encontráramos encima del volcán Eyjafjallajökull: por encima hay un glaciar sólido que se desplaza de manera lenta y casi perfectamente previsible, pero por debajo sze oculta un volcán. La diferencia es que el Ejafjällajökul y la capa de hielo que lo recubre son un resultado de la deriva de las placas tectónicas en el norte del Atlántico contra la que toda la fuerza de la humanidad es impotente, mientras que la alternancia de hielo y lava, orden y violencia propia del Estado capitalista se debe a un orden político humano, un orden que puede cambiarse. Será por siempre imposible evitar erupciones volcánicas y maremotos, pero son perfectamente concebibles formas políticas que no oculten los antagonismos bajo la imagen helada de una representación consensual del orden social. El capitalismo debe practicar necesariamente esta ocultación, pues tiene que hacer olvidar bajo formas jurídicas y constitucionales la violencia expropiadora que le dió origen y que lo perpetúa. Bajo el contrato social el Estado capitalista reprime cualquier representación de la violencia inicial y fundamental en que se basa. El fundamento de la excepción soberana que reactiva la violencia fundacional no es otro que la existencia de clases: la expropiación masiva de los trabajadores, la cual produce efectos fetichistas y mágicos en el orden político. Una ilustración radical, materialista y comunista, es necesaria para vencer el obscurantismo. No se trata a través de ella de llegar a una paz perpetua a la manera de Kant o de Kelsen, sino, por el contrario, de reconocer el antagonismo y el conflicto dándole su lugar en una democracia más allá del Estado y del derecho. La erupción del Eyjafjallajökull nos permite hoy contemplar la precariedad de todo orden humano, incluso de aquel que se basa en la alternancia temporal y estructural del orden y de la excepción.

Sobre héroes y terroristas. Análisis parcial de la última sentencia contra Arnaldo Otegi

"I salute combatants of Umkhonto we Sizwe, like Solomon Mahlangu and Ashley Kriel who have paid the ultimate price for the freedom of all South Africans." (Saludo a los combatientes de Umkhonto we Sizwe, como Solomon Mahlangu y Ashley Kriel que pagaron el más alto tributo por la libertad de todos los Sudafricanos) Discurso de Nelson Mandela al salir de prisión (11 de febrero de 1990)
"Se lo debemos a los presos políticos vascos, refugiados y tantos camaradas que hemos dejado en la lucha y lo conseguiremos" Arnaldo Otegi

La sentencia por la que se condena a Arnaldo Otegi a dos años más de prisión lo acusa de haber cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo durante un acto de homenaje a un preso de ETA que llevaba 27 años en la cárcel. La jueza parece además, a juzgar por el tono mismo de su auto, sumamente enojada porque Otegi, al igual que el conjunto de la izquierda independentista vasca y buena parte de la población del País Vasco, considere que los presos independentistas de izquierda vascos son presos políticos y aún está más irritada, llegando a utilizar un estilo impropio de la objetividad de que debiera hacer gala un magistrado, cuando se compara al preso homenajeado con Nelson Mandela.

Para examinar estos extremos, vale la pena citar in extenso las declaraciones de Otegi en este acto tal y como figuran en el auto:
" (...) Propusimos dos mesas y existirán esas dos mesas, no sabemos cuándo pero existirán.
Y finalmente en esas dos mesas igual que en Sudáfrica, el futuro de este pueblo se construirá de conformidad, con compromiso, libertad, democracia y justicia. Reconociendo la territorialidad y la autodeterminación a este pueblo. Pero eso no puede construirse sin lucha, sin organización y sin compromiso.
Gatza lleva 25 años en prisión, Mandela salió después de 27 años. Pero Mandela salió de la cárcel superado el apartheid, con la democracia construida y conseguida la libertad. Y así saldrá también en este pueblo el Colectivo de Presos Políticos Vascos.

Todavía no sabemos si será largo, corto o breve, lo que sabemos es que en Sudáfrica lo consiguieron a los 27 años. Y lo que sabemos es que si luchamos, si mantenemos la sensatez, inteligencia y prudencia política que nos dijo Jon Idígoras, tal vez dentro de 27 años también se conseguirá en Euskal Herria a través de la negociación el escenario democrático nacional que le deben, que merece y que necesita. Se lo debemos a los presos políticos vascos, refugiados y tantos camaradas que hemos dejado en la lucha y lo conseguiremos. Vamos por el buen camino, se están creando las condiciones y vamos a gestionar estas condiciones dentro de la voluntad del pueblo. Territorialidad y autodeterminación; democracia y justicia.
Y todos los represaliados vascos construyendo Euskal Herria con nosotros en casa, en la calle, en Euskal Herria. ¡Viva la izquierda abertzale! ¡Viva Euskal Herria!".

El primer comentario que merece un texto así es que a Otegi le tendrían que imponer una urgente mejora de su prosa política condenándolo si acaso a dos años de realfabetización en los que podría verse acompañado de otros delincuentes contra la oratoria y el buen decir como son la mayoría de los parlamentarios y políticos del Estado Español y algún que otro magistrado. Por lo demás, cualquier lector del texto podrá comprobar que sus términos, aunque pesados no dejan de ser sensatos, hasta el punto que la propia jueza tiene que reconocer que hasta un cierto punto de su discurso "se pronunció en términos razonables y también respetables, ejercitando de esta forma su derecho a la libertad de expresión" (p.14). Todo se estropea a los ojos de la magistrada cuando, casi cerrando su discurso afirma Otegi: "">Se lo debemos a los presos políticos vascos, refugiados y tantos camaradas que hemos dejado en la lucha y lo conseguiremos.

Aquí es donde la magistrada ya no se reprime y da rienda suelta a su indignación. En primer lugar por la "tan errónea como interesada utilización de los términos "presos políticos vascos"" entre los que figura José María Sagarduy (Gatza)"privado de libertad -según la jueza- no por su ideología, no, sino por haber perpetrado horrendos crímenes, asesinatos, homicidios, atentados frustrados, por mencionar lo más significativo, todos ellos de carácter terrorista" (p.15). Según parece, el hecho de que se considere que los presos vascos son presos y políticos es algo inaceptable. También lo es que se hable de "refugiados" pues todos ellos son personas que residen fuera de España "perseguidas por su presunta comisión en (sic) delitos de terrorismo, bien perpetrando acciones criminales que a cualquiera asombran por su infinita maldad." (p. 15). Da ciertamente la impresión de que la magistrada no les tiene excesiva simpatía pues no duda en demonizarlos literalmente atribuyéndoles "infinita maldad" y sin embargo, reconoce que sus actos criminales (asesinatos, homicidios etc.) tienen todos "carácter terrorista". Interesante matiz.

En cualquier caso, la jueza se encuentra aquí ante una situación difícil que ella sortea con cierto desenfado, pero que a un magistrado más imbuído de los principios básicos del derecho penal debería plantearle algún problema. Afirmar, por ejemplo que los reos de terrorismo no son presos políticos es sumamente discutible, pues la propia definición del delito de terrorismo que figura en el Código penal español así como el conjunto de las definiciones del terrorismo vigentes a nivel europeo e internacional caracterizan el terrorismo no por la materialidad de los actos (incendios, sabotajes, secuestros, asesinatos, pero también propaganda y apología del terrorismo etc.), sino por su intención manifiestamente política. Vale la pena referir in extenso el artículo del Código penal español (Capítulo V, sección segunda) que aplica la magistrada: "Artículo 571. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, cometan los delitos de estragos o de incendios tipificados en los artículos 346 y 351, respectivamente, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinte años, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesión para la vida, integridad física o salud de las personas."

Subvertir el orden constitucional, esto es cambiar radicalmente el ordenamiento político de un país, es obviamente un objetivo político. No menos político -excepto en casos de "monstruos"literarios o cinematográficos como Fu Man Chu o el Capitán Nemo de Julio Verne- es el acto de "alterar gravemente la paz pública", esto es, sacar a la luz la guerra civil latente en las entrañas de toda sociedad política, pues la "paz pública" sólo existe para quienes no ven en un determinado orden un poder opresivo y es muy raro que nadie reconozca un orden por bueno que este sea como opresivo. Por consiguiente, la calificación de "terroristas" aplicada a los presos vascos miembros de ETA o de su supuesto "entorno" implica necesariamente el carácter político de sus actos. No hace falta ver con simpatía a un preso político para considerarlo como tal, basta con tener en cuenta la intención de sus actos cualesquiera que estos sean. El dirigente nacionalsocialista Rudolph Hess que murió tras largos años de prisión en la cárcel de Spandau era manifiestamente un preso político, al igual que los dirigentes Hutu presos por la matanza de Rwanda. Entre los presos vascos que ya totalizan unos 800, la mayoría de ellos purga condena por delitos que nada tienen que ver con la perpetración directa de ningún acto violento. Buena parte de ellos cumple penas de prisión como el propio Otegi por negarse a condenar la violencia de ETA, militar en organizaciones independentistas o trabajar en periódicos que se niegan a hacer la declaración de condena obligatoria de un tipo de violencia por considerar que existe una situación estructural de violencia y de denegación de derechos , etc. Afirma la jueza que que con el término "presos políticos" "se denominan (sic) a las personas privadas de libertad, en calidad de presos o condenados por su iderario político y de esas no existe ni una sola interna en los establecimientos penitenciarios de nuestro país" (p. 14). Pues, incluso aceptando esta arbitraria restricción del concepto de "preso político", en las cárceles españolas, en aplicación de la legislación antiterrorista, hay centenares de personas, sobre todo vascas, que ni han empuñado un arma ni han participado ni de lejos ni de cerca en la organización de ningún acto violento.

Lo que dificulta la tarea de un juez coherente con su deontología y con los principios del derecho penal es la paradoja intrínseca en la propia figura delictiva del terrorismo. El delito de terrorismo sólo se define por la intención política de una serie de actos, pero al mismo tiempo, su intención es declarar delictiva toda forma de expresión política antagonista, por considerarla violenta. De ese modo, el mismo acto legislativo que reconoce carácter político a ciertos actos violentos o metonímicamente relacionados con la violencia, niega a estos mismos actos este carácter al integrarlos en el código penal como delitos. El delincuente es alguien que queda expulsado del espacio público, su acto no puede, por consiguiente considerarse político por mucho que por su naturaleza esté dirigido a influir sobre ese espacio público. Se entiende así que en los autos sobre terrorismo la lógica sea atropellada y disparatada la sintaxis, pues de lo que se trata, voluntaria o involuntariamente es de ocultar la paradoja en que se funda el fenómeno terrorista. Esta ocultación es tanto más necesaria cuanto la propia paradoja intenta realizar una operación imposible: definir el terrorismo como violencia con finalidad política sin que la violencia política del propio Estado quede cubierta por este mismo concepto. La tragicomedia de la búsqueda de una definición internacionalmente válida para el terrorismo nos muestra lo imposible de la tarea. La única solución -algo torpe- es definir el terrorismo como proponía el delegado norteamericano en la Asamblea General de la ONU dedicada a esta cuestión como "los actos de terrorismo que perpetran los terroristas". Pero Grullo no lo habría dicho mejor. Ante esta confusión, los jueces deberían abstenerse de aplicar una legislación penal cuyos fines más que jurídicos son políticos.

Esta disparatada situación quedará aún más clara con el caso de Nelson Mandela.
Otro de los motivos de irritación de la juez es, en efecto, que se compare a un recluso condenado por terrorismo con Nelson Mandela, el antiguo presidente sudafricano y veterano luchador contra el apartheid. Leamos de nuevo a la magistrada: "De manera absolutamente impropia y manifiestamente falsa -Otegi- estableció una comparación entre NELSON MANDELA -auténtico héroe que permaneció en prisión por motivos ideológicos, exclusivamente por eso, pero jamás utilizó la violencia, ni la apoyó en "pos" de conseguir la supresión del apartheid en Sudáfrica-; y el condenado José María Sagarduy Moja, que cumple condena por delitos de asesinato frustrado y atentado contra el Jefe de la Policía Municipal de Guernica y utilización ilegítima de vehículo de motor [...]." etc.(p.13). Afirmar que Nelson Mandela por admirable que sea su figura para cualquier demócrata ni utilizó ni apoyó la violencia es algo más que discutible. Nelson Mandela, como se sabe fue hasta los años 60 partidario de una línea pacífica de resistencia al apartheid, pero tras el endurecimiento del régimen y la imposibilidad de cualquier tipo de diálogo con él, pasó a apoyar la lucha armada. No sólo a apoyarla, sino a dirigirla, pues fue el primer responsable de la organización armada del ANC, denominada Umkhonto we Sizwe (La Lanza del Pueblo). Su condena a prisión se debió a esta actividad armada; su permanencia en la cárcel durante tan largos años, a su negativa permanente a condenar la actividad armada contra el régimen del apartheid, hasta el punto de que al salir de la cárcel tras una gran campańa internacional su primera declaración fue de apoyo a la continuidad de la lucha armada y a su legitimidad. Estos son sus términos:

"Nuestro recurso a la lucha armada en 1960 con la formación del brazo militar del ANC, Umkhonto we Sizwe, fue una acción puramente defensiva frente a la violencia del apartheid. Los factores que hicieron necesaria la lucha armada siguen existiendo hoy. No nos queda más opción que continuarla. Expresamos la esperanza de que se establezca pronto un clima que conduzca a un arreglo negociado de modo que no siga siendo necesaria la lucha armada."

Como se ve, los términos que emplea Mandela son, en una prosa más elegante, una versión aún más radical de los de Otegi. Si la coherencia y valentía de Mandela permiten a la jueza considerarlo -con razón- un auténtico héroe, palabras mucho más moderadas en boca de Otegi hacen que la magistrada le imponga una condena por enaltecimiento del terrorismo. Es difícil encontrar un mejor ejemplo del carácter intrínsecamente absurdo y paradójico del tipo penal de terrorismo. Quien habla de terrorismo quiere ocultar un antagonismo político destituyendo a un enemigo de su estatuto y degradándolo a criminal. Y es que la paradoja, como bien sabía Gracián es "monstruo de la verdad" y, como todos los monstruos nos enseña lo insoportable.

El entorno intergaláctico de ETA

"Pero no todo lo que es uno por analogía, es uno genéricamente."

Aristóteles, Metafísica · libro quinto · Δ · 1013b-1025a

Uno de los momentos fundacionales de la lógica del antiterrorismo moderno es aquél, de infausta memoria, en que el legislador nacionalsocialista ("Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs“ Ley de modificación del código penal de 28 de junio de 1935) sustituyó en el código penal alemán la prohibición de la analogía (Analogieverbot) por la obligatoriedad de la analogía en los términos siguientes: "Será castigado quien cometa un acto que la ley declare punible o que, conforme a los principios generales del dercho penal o el sano sentir del pueblo (nach gesundem Volksempfinden) merece ser castigado, de este modo, el acto delicitivo se castigará conforme a la ley cuyo concepto fundamental mejor le corresponda". La prohibición de la analogía había sido brillantemente resumida por el jurista alemán Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach (1775-1833) en su célebre máxima "nullum crimen, nulla poena sine lege." (No hay crimen ni pena sin ley) que significa que no puede reconocerse ningún acto como delictivo, ni puede imponerse ninguna pena para sancionarlo si este acto no ha sido previamente definido por la ley en términos precisos e inequívocos, quedando terminantemente prohíbida su interpretación analógica por parte del juez. De ningún acto podrá un juez afirmar que es "como si fuera un asesinato" o "como si fuera un robo", lo que tiene que hacer es determinar que responde a las muy precisas condiciones que definen el tipo delicitivo correspondiente. Esto impide que se sancione por arbitrio del juez a quienes no han cometido ningún acto tipificado. Este principio jurídico garantista limita así el poder del juez y el poder general del Estado sobre el individuo protegiendo a éste último contra cualquier persecución ilegal.

El legislador nacionalsocialista eliminó del código penal alemán en 1933 esta prohibición, sustituyéndola por la "obligación de analogía" con el objetivo declarado de proteger al pueblo alemán de sus enemigos. De este modo, el principio rector del derecho penal pasó a ser "nullum crimen sine poena" (Ningún crimen sin castigo) o, en términos más castizos gratos a Manuel Fraga Iribarne, "el que la hace la paga". El problema es que para que exista cierto grado de seguridad de que el que la haga la pague, el juez tiene que interpretar ampliamente la norma y ampliar la extensión del tipo delictivo hasta que cubra todas las conductas que guarden cierta relación con el acto que este describe. Sólo de este modo se colman todas las lagunas por las que podría infiltrarse el enemigo del régimen, del pueblo, de la sociedad o del Estado de derecho.

La analogía es identidad de relaciones: afirma que entre A y B existe la misma relación que entre C y D. Por mucho que los términos pueden diferir, la relación es idéntica. Así, 1 es a 2, lo que 2 es a 4 o lo que 100 es a 200 (la mitad) o la pluma es al manuscrito lo que la máquina de escribir al texto mecanografiado (el instrumento de escritura), o, volviendo de nuevo a nuestro tema, el sabotaje es al logro de un fin político, lo mismo que el asesinato es al logro de un fin político (medios delictivos).

El tipo delictivo que viene a coronar el triunfo de la analogía en las sociedades que, como la nacionalsocialista o la nuestra, se encuentran violentamente a la defensiva es el de terrorismo. El terrorismo sólo tiene alguna consistencia como aplicación rigurosa del principio de analogía. Como se sabe terrorismo es un conjunto de actos de violencia contra la población civil o las autoridades públicas destinados a obtener una finalidad política. Actos distintos, que, por lo demás, están tipificados por separado (descritos con toda precisión y con todas las cautelas necesarias en los códigos) reaparecen bajo la tipificación de "terrorismo" unificados bajo una analogía de intención política. Lo que iguala un asesinato, un sabotaje, un incendio, un acto de propaganda por la acción no es la mera violencia o la ilegalidad de esta violencia, sino la finalidad política.

De este modo, en cuanto un acto se ha tipificado como terrorista puede ponerse en marcha un imparable proceso metonímico que permite inculpar por terrorismo no sólo a quienes cometen los actos, sino a todos los que mantienen algún punto de contacto con ellos: sus colaboradores necesarios u accesorios, simpatizantes, propagandistas, incluidos los que aprueban o, sencillamente se niegan a condenar estos actos. También puede ponerse en marcha un mecanismo por el cual todo acto que persiga por cualquier medio la misma finalidad que los terroristas será terrorista. Esto es lo que vemos en la actualidad en el Estado español cuando éste se enfrenta a la cuestión vasca. De ese modo, como comentaba elocuentemente durante la última y fallida tregua de ETA un responsable del gobierno de Zapatero, a pesar de la tregua y de su voluntad de iniciar un proceso político "lo que quieren es la independencia." Con lo cual, aun abandonando las armas se sigue siendo terrorista por perseguir el mismo fin que los terroristas. Ejemplos de esta metonimia disparatada son que un periódico independentista que no condene con la suficiente contundencia y en los términos oficiales al "terrorismo" pueda verse cerrado, que se prohíba un partido que persigue el mismo fin que los terroristas, pero igualmente que se ilegalice una organización de enseñanza del euskera o una asociación juvenil explícitamente pacifista, aunque no condenadora. La analogía prosigue más allá del derecho a través de los medios de comunicación de derechas (las tertulias) que llaman "proetarras" y "batasunos" a quienes no comulgan con la lína oficial, por muy lejos que estén sus preocupaciones de la cuestión vasca. Todos ellos constituyen el "entorno" de ETA. Este entorno se define primero en la propaganda de la derecha y, poco después en la de la izquierda de gobierno ("la izquierda de la derecha", decía Marcos), pero acaba infaliblemente dando lugar a jurisprudencia que extiende aún más la analogía terrorista cada vez que los tribunales especiales dictan sentencia contra los componentes de este entorno. De este modo, se llega a la ridícula situación de que un 15% del electorado vasco está integrado oficialmente en él.

El último fichaje para el entorno se ha producido allende la mar, en la República Bolivariana de Venezuela, donde un juez de la Audiencia Nacional acusa al presidente Hugo Chávez de "colaboración con la colaboración" entre ETA y las FARC. El muy endeble motivo es que uno de los acusados de haber preparado actividades terroristas (según el famoso y manipulado ordenador de Raúl Reyes) ha sido funcionario de un ministerio venezolano y está casado con una ciudadana de este país. De momento, la prueba es un poco endeble y tendría que llamar el Sr. juez a sentarse en el banquillo a todos los presidentes del gobierno y jefes de Estado españoles de los últimos cincuenta años, pues todos ellos han tenido en sus plantillas de funcionarios a algún activista o simpatizante de ETA. Esto nos conduciría a la divertida situación de que alguno de los jueces que hoy persiguen a Garzón por intentar procesar a las autoridades franquistas por sus crímenes, tuvieran ahora que procesar a esas mismas autoridades así como a sus sucesores por colaboración con el terrorismo. La metonimia desatada de la lógica antiterrorista atraviesa los mares, pero, no lo dudemos, también puede ser capaz a poco que se quiera de desplazarse en el tiempo hacia el pasado y, ¿por qué no¿ de alcanzar a unos cuantos años luz de aquí a los simpáticos gigantones azules peligrosamente batasunizados y practicantes de la kale borroka del planeta Pandora.

¿Ha muerto un enemigo de la revolución?

La clémence qui compose avec la tyrannie est barbare

(La clemencia que admite compromisos con la tiranía es bárbara)

Maximilien Robespierre

No es fácil pronunciarse sobre la muerte del preso cubano Orlando Tamayo Zapata sin caer en diversas trampas. En primer lugar, cuando se es un resuelto adversario de la institución de la prisión en el capitalismo, es difícil admitirla como algo "normal" en el socialismo. La prisión, como afirma Michel Foucault es un dispositivo que se aparta enteramente de la tradición jurídica liberal. Es un invento de policías: para los policías, no importan, como se sabe, los delitos sino la existencia de un personaje, el criminal, que la propia policía y luego la cárcel contribuyen a crear. No vale, por lo tanto, para la lógica penitenciaria, el principio jurídico normal por el cual el hecho delictivo debe compensarse de alguna manera mediante una retribución. Para la lógica penitenciaria, lo fundamental es ocuparse del delincuente, someterlo a observación y a reeducación, haciendo de este modo que el acto del sujeto "imprima carácter", que este pase de ser autor contingente de un acto a sujeto esencialmente peligroso.

La revolución cubana tiene, aun habiéndose separado en muchos aspectos del capitalismo, presos y prisiones. No son pocos los presos en Cuba, por 100.000 habitantes, son unos 297, mucho más que en el Estado Español (126) u otros países europeos donde esta cifra suele ser inferior a los 100. Sin embargo, no cabe llamarse tampoco a engaño, si hay muchos presos en Cuba en comparación con Europa, no es porque haya allí un régimen socialista y revolucionario, sino por otros motivos. En los Estados Unidos, sin alejarnos mucho geográficamente de Cuba, hay cerca de 700 presos por 100.000 habitantes. Además, de quienes están en la cárcel en Cuba, sólo 200 presos pueden calificarse de manera muy amplia como presos políticos (en España serían más de 750 sólo los relacionados con el independentismo vasco, un buen número de ellos sin relación alguna con actividades armadas). Entrelos presos políticos cubanos hay algunos que han participado en campañas contrarrevolucionarias instigadas y financiadas por los Estados Unidos; algunos incluso están condenados por participar en la preparación de acciones armadas o de sabotaje, lo que se denomina "terrorismo". Otros, por hacerse portavoces a sueldo de la política exterior agresiva de los EEUU en la isla.

Prueba de que nadie está en la cárcel en Cuba por oponerse sencillamente al régimen es la existencia del blog de Yoaní Sánchez y de otros muchas páginas web que, desde Cuba, atacan al gobierno revolucionario. También lo es la existencia de diversos grupos de oposición cuyos integrantes no suelen tener problemas para expresarse y que han podido manifestarse legal o incluso ilegalmente en las calles de La Habana y de otras ciudades de Cuba sin exponerse a la brutalidad de las cargas policiales que en Europa consideramos "normales", ni a detenciones que superasen la retención por 20 minutos en un coche policial que sufrió Yoaní Sánchez. Que no existen partidos legales que puedan presentarse a las elecciones es una gran verdad: tampoco el Partido Comunista lo puede hacer. Los candidatos a las elecciones son postulados en Cuba por las asambleas de vecinos, no por los aparatos de partido. De este modo, las organizaciones de oposición pueden existir, pero con dos grandes limitaciones: no pueden presentarse a las elecciones como tales y no pueden recibir dinero del extranjero. Podrá pensarse lo que se quiera de este sistema, pero el resultado es que, hasta el momento, ha mantenido un nivel de participación y de conciencia política en la isla que no conocemos por estos indolentes pagos. Esto, entre otras cosas, es lo que explica la pervivencia del régimen revolucionario en Cuba, tras el hundimiento de los socialismos reales y el paso de China a su peculiar forma de capitalismo. Ciertamente el sistema político cubano no facilita el cuestionamiento del orden constitucional socialista, pero en nuestros capitalismos democráticos es aún más difícil que el voto sirva para cambiar el régimen social. Digan lo que digan los parlamentos o las mayorías electorales -que ya dicen muy poco contra el capitalismo- los que deciden, como estamos viendo hoy en Grecia o en el Estado Español, son los mercados.

El caso de Tamayo Zapata es en este contexto bastante particular. De hecho, en las versiones oficiales se le trata alternativamente de delincuente común o de oponente político agente del extranjero. Tal vez lo cierto sea que, siendo un delincuente común, haya sido cooptado por las organizaciones de oposición dirigidas desde el exterior con el objetivo de hacer de él un mártir. Tal es la convincente versión de los hechos que da en su blog (existen también en Cuba blogs a favor de la revolución) Enrique Ubieta. La transmutación de Tamayo lo hace pasar de la indignidad del delincuente común a la dignidad de enemigo del régimen. Para él era una oportunidad, pero una oportunidad sumamente arriesgada, pues sólo podía acceder a ese estatuto arriesgando y, en realidad, entregando su vida a una causa que, según quienes propiciaron sus sucesivas huelgas de hambre, coincidía con la de la libertad. Las reivindicaciones inmediatas que motivaron su huelga de hambre eran disponer en su celda de un teléfono y una cocina. Reivindicaciones insólitas que no son atendidas en ninguna prisión del mundo. Reivindicaciones que el gobierno de Cuba no pudo atender, aún menos proviniendo de alguien que se había autoproclamado enemigo. Es difícil que a alguien que esté en prisión acusado de colaboración con ETA le pongan teléfono en su celda. La desgracia de Tamayo es que no basta declararse enemigo para que un Estado reconozca a alguien la dignidad de "enemigo". Ningún Estado reconoce estar en guerra contra una parte de la población que sería "el enemigo interno". Quien detenta el monopolio de la violencia sólo puede considerar a sus enemigos como delincuentes o "terroristas", so pena de perder ese autodefinido monopolio. Cuba no es una excepción. En esto se comporta exactamente igual que los países europeos o que los Estados Unidos.

La revolución cubana, a pesar del considerable apoyo interior del que goza, no deja de ser un régimen a la defensiva. Seguramente por necesidad: el embargo, el sabotaje, la agresión exterior en todas sus formas han marcado la cotidianidad del último medio siglo. En esas condiciones era difícil hacer una democracia pluralista, aún más hacer que fuera desapareciendo el Estado y plantearse una transición al comunismo. El drama de la revolución cubana es que el comunismo en un solo país es un absurdo. La presión ambiental de un sistema de Estados obligará siempre a un régimen revolucionario a mantener un aparato de Estado. Es algo que Lenin sabía perfectamente y que los comunistas cubanos tampoco ignoran. Por mucho que los aparatos represivos de Estado y entre otros la prisión sean un desagradable resto del Estado burgués, es imposible suprimirlos por el momento. En cierto modo, los utiliza sin convicción, sin creer en ellos, como instrumentos del terror revolucionario, más que del orden capitalista. Su utilización como instrumentos de terror, su no normalidad, es paradójicamente una garantía, la garantía de su no perpetuación: esto es lo que diferencia a Cuba de los regímenes socialistas periclitados de Europa del Este. El caso de Tamayo es el de un pobre hombre metido en una trampa, dentro de un país que colectivamente está metido en la terrible trampa del embargo y la agresión permanente. Ni él tenía posibilidades de obtener lo que pedía ni, aún menos, de salir de la cárcel, ni el gobierno cubano podía actuar de otra manera. Su triste suerte no ha sido muy distinta de la de los criados de nobles que, durante la dictadura jacobina, acabaron en las prisiones, cuando no en las guillotinas de la revolución francesa. Los tiempos son duros: mientras Orlando Tamayo Zapata se estaba quitando la vida por su propia voluntad, los escuadrones de la muerte hondureños asesinaban a varios sindicalistas y en Iraq y Afganistán se seguía aplicando un programa de "democratización" semejante al que el imperio tiene preparado para Cuba.

Garzón: de regador regado a cazador cazado

Querría no estar, ciertamente, pero está, y querría ver,

no también sentir, de los perros suyos los fieros hechos. /

Por todos lados le rodean, y hundidos en su cuerpo los hocicos

despedazan a su dueño bajo la imagen de un falso ciervo, /

y no, sino terminada por las muchas heridas su vida,

la ira se cuenta saciada, ceñida de aljaba, de Diana.

Ovidio, Metamorfosis III.

L'arroseur arrosé, el regador regado, tal era el título popularmente atribuido a dos de las primeras películas de la historia del cine , cuyos títulos auténticos eran El jardinero y el pequeño granuja (Le jardinier et le petit espiègle) y Regador y regado (Arroseur et arrosé). Las dos cuentan la misma historia, la primera historia de ficción -un gag, en realidad- de la historia del cine: un jardinero riega su jardín con una manguera; un niño malintencionado la pisa y deja de salir agua; el jardinero mira el orificio de la manguera para ver por qué no sale ya agua y, en ese preciso instante, el niño levanta su pié de la manguera y el regador queda regado. Risas.

La historia reciente del juez Baltasar Garzón guarda cierta relación con este episodio de la prehistoria del cine. Sabido es que Garzón, firme defensor de los derechos humanos a la vez que martillo de lo que él -en muy amplia definición regida por el criterio de analogía- tiene por "terroristas", se ve últimamente enfrentado a sendas querellas por prevaricación que solicitan la inhabilitación del juez para el ejercicio de su cargo. Las querellas, promovidas por sectores de ultraderecha se basan en el hecho de que Garzón hubiera pretendido iniciar una causa general contra los crímenes del franquismo, amparándose en la defensa de los derechos de sus víctimas ignorando la ley de amnistía aprobada por las Cortes generales por las que quedan extinguidas todas las responsabilidades del franquismo. Estas víctimas que aún reposan en gran cantidad en las cunetas del Reino no son todas las del franquismo. Se trata tan sólo de los desaparecidos (unos 150.000), cuya desaparición constituye un delito continuado hasta que aparezcan sus cuerpos y se depuren las responsabilidades por su desaparición y más que probable asesinato. Garzón se amparó en el derecho internacional hoy vigente para comenzar la instrucción, a instancias de familiares, de esta causa. Posteriormente se sobreseyó en favor de jurisdicciones locales y la cosa quedó en agua de borrajas, como en general todo el proceso oficial de recuperación de la "memoria histórica". Todo esto sería anecdótico y sólo reflejaría las contradicciones y megalomanías del magistrado que -no lo olvidemos- dejó escapar a Pinochet por defectos materiales en su acta de acusación y solicitud de extradición y ha contribuido a agravar el ya difícil conflicto vasco encarcelando por terrorismo a multitud de personas que nada tienen que ver con ninguna actividad armada.

Garzón se presenta como un paladín del Estado de derecho, tan inflexible con ETA como con Pinochet o Franco y atento a los derechos de las víctimas de toda violencia. Tal es por lo demás lo que debería hacer todo magistrado de un Estado liberal, esto es de un Estado que recusa la violencia y sólo conserva para sí mismo la prerrogativa de usarla para proteger a la sociedad y los individuos de toda violencia. Cabe añadir que un Estado liberal se reserva el derecho a definir qué es la violencia y a nombrar al terrorista y al delincuente, siendo el caso que estas definiciones y designaciones no pueden nunca ser imparciales, como tampoco puede ser imparcial la designación y cualificación de la violencia "legítima o estatal". Ahí está tan añeja institución como la policía para demostrar a diario que la violencia del Estado no es siempre ni sólo la definida y autorizada por la ley, sino que admite numerosos matices y excepciones. Garzón se desenvuelve en esa concpción mítica de su función. Lo hace además en un Estado que, al menos en sus inicios fue todo menos un Estado liberal y en una institución, la Audiencia Nacional que es directa heredera de las jurisdicciones de excepción franquistas: el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo y su sucesor el Tribunal de Orden Pública de aún infausta memoria.

Garzón y la Audiencia Nacional en su conjunto forman parte de una estructura fundamental del régimen español actual: el dispositivo antiterrorista. La actual generalización de dispositivos de este tipo en el resto de Europa y de "Occidente" no debe llamarnos a engaño: no es que España se haya hecho Europea en esta materia es que, en cierto modo, a través de la normalización de la excepción, Europa se ha hecho franquista. Prueba de ello es que el delito de terrorismo existía en los códigos franquistas muchísimo antes de que en las instituciones europeas se propusiera -después del 11 de septiembre- su introducción generalizada en la legislación de los Estados miembros. La España actual no es así una "democracia antiterrorista" más. Ha accedido a este estatuto desde su mismo origen. Es más, el régimen español actual, derivado de la "transición democrática" sólo ha sido posible sobre la base de tres decisiones inaugurales: 1. La amnistía para todos los crímenes de la dictadura (ley de punto final dulcificada como amnistía general); 2. El mantenimiento de una legislación antiterrorista permanente y 3. El mantenimiento a la cabeza del Estado del sucesor legalemente designado por el Generalísimo Franco. Estos tres elementos permitieron en su intrínseca ambiguedad la transición del régimen del 18 de julio de 1936 a la "democracia" de 1978, sin olvidar la etapa previa de transición y de asimilación al marco europeo que supuso la larga fase de "democracia orgánica".

El régimen de Franco supo evolucionar. Su último avatar es la actual "democracia". En ningún caso se produjo ningúntipo de ruptura con el régimen anterior: la transición política se hizo dentro del estricto respeto de sus normas constitucionales, su personal político no sólo fue respetado, sino que dirigió la propia transición, manteniendo en posición subalterna a la oposición democrática y asumir con insigne descaro el monopolio de la designación como "democráticos" de los distintos sectores de la oposición. El criterio estaba claro: "democratas" eran los que aceptaban el régimen, los demás o no existían o eran simplemente "terroristas". Ello quedó bien ilustrado por la triste historia del Partido Comunista que pasó de "terrorista" a "demócrata" cuando aceptó las instituciones y hasta los símbolos del régimen.

Quienes discriminaban entre demócratas y terroristas eran los herederos directos de Franco. Los del régimen que, fuera de los combates de la guerra civil, y sin justificación alguna en el fragor de la batalla, fusilaron tras procesos sumarísimos a unas 200.000 personas e hicieron desaparecer a otras 150.000. Mussolini es un auténtico humanista en comparación con esas cifras espeluznantes: sus víctimas en suelo italiano, como las de Hitler en suelo alemán se cuentan por miles, no por centenares de miles. Aquí la cantidad es importante: el régimen de Franco tenía que matar, que matar mucho para liquidar un período revolucionario cuyas fuerzas sociales no podía y no quería cabalgar. Los demás regímenes de corte fascista se basaron en movimientos de masas, en una permanente movilización de la población en apoyo de sus objetivos políticos y económicos. El franquismo sólo movilizó al ejército y a una parte reducida de la población: más parecido al fascismo senil del general Pétain y de su régimen de Vichy, su objetivo era hacer expiar los crímenes de la revolución, de todas las revoluciones. En España la revolución era reciente y, para apagar su fuego se necesitaba mucha sangre. No puede decirse que la operación no fuese eficaz. Después de cuarenta años, el miedo provocado por esas matanzas todavía seguía legitimando al régimen que las perpetró. De modo que todo intento de ruptura con él quedó frustrado y, si tenía que volver la democracia a España, sería en los términos del régimen.

La matanza es así una "acumulación originaria" de terror que constituye el acto fundacional del régimen. Es el acto de violencia sobre el cual se erige todo su orden jurídico. Un acto de lo que denomina Walter Benjamin "violencia mítica", la violencia que establece un nuevo orden de derecho: "La fundación de derecho, asevera Benjamin, es una fundación de poder y, en tal medida, un acto de manifestación inmediata de la violencia. Si la justicia es el principio de toda finalidad divina, el poder es el principio de toda fundación mítica del poder."(Walter Benjamin, Crítica de la violencia). De ese modo, el acto fundacional del régimen franquista, ese desbordamiento de violencia y de terror que asentó sus cimientos politicos, su poder, en el terror y posteriormente en formas más matizadas de dominio que mezclaban el temor oriundo del terror originario con cierta esperanza de calma y moderado bienestar material, es también el acto fundacional de un orden jurídico y de un orden social y cultural que permitió educar durante 40 años a la población española en una versión timorata y mojigata de la "libertad de los modernos": la de trabajar y consumir y de vivir de manera resueltamente apolítica. El que muchos que vivieron en la cotidianidad autoritaria de ese régimen no se percataran de que era una ferocísima dictadura es prueba del éxito de esta pedagogía que puso todo su empeño en abolir el pasado, tanto el pasado republicano como los propios y sangrientos primeros años del régimen. La fundación de un orden jurídico es siempre violenta, la del régimen franquista no fue excepción sino paradigma de esta regla.

La transición se basó pues en el olvido, pero también en la utilización sin solución de continuidad del arsenal jurídico y policial antiterrorista del régimen de Franco. Ciertamente, el olvido oficial de los crímenes franquistas, la autoamnistía es un elemento importante, pero su correlato necesario es la exclusión de esta nueva "democracia" surgida del franquismo de todo lo que cuestionara de manera radical el régimen social, la unidad territorial o la forma política monárquica encarnada en don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Leyes más o menos duras, pero también acuerdos de sedicentes "caballeros" en los medios de comunicación cerraron el espacio de lo que cabía en la constitución. El separatismo, el republicanismo, el anarquismo, el anticapitalismo consecuente no cabían. La destrucción o, cuando menos la marginación de estas tendencias fue y sigue siendo un empeño constante del régimen. Para las formas más radicales de oposición están las leyes antiterroristas o la denuncia por complicidad con el terrorismo de todo cuanto se opusiera al poder del Estado transfranquista o al dominio del capital.

Junto con la legislación antiterrorista se mantuvo la jurisdicción de excepción cuyo último avatar es la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es tal vez uno de los centros simbólicos de la "democracia antiterrorista" española: en ella vienen a unirse la perpetuación de la justicia de excepción franquista y la lucha contra la oposición radical al régimen mediante una jurisprudencia que despliega todas las virtualidades de la interpretación analógica del código penal y de las leyes antiterroristas hasta incluir bajo tan disparatado y antijurídico concepto como es ya el de terrorismo toda suerte de disidencia que coincida en sus objetivos con las bandas armadas. Así, independentistas vascos, no sólo de ETA, sino de organizaciones paçificas o incluso pacifistas han acabado en la cárcel por delitos que son exclusivamente de opinión como negarse a condenar la violencia de uno solo de los lados del conflicto vasco (naturalmente el independentista). Por brutal e indecente que haya sido a menudo la actuación de ETA, la mera coincidencia con sus objetivos no puede nunca constituir un delito, aun menos un acto de terrorismo, tampoco puede ser un delito la equiparación ética de la violencia armada -a veces criminal en sus métodos- de la organización ETA con la violencia estructural que constituye la perpetuación del régimen del 18 de julio y su corolario en el País Vasco y otras nacionalidades: el rechazo del derecho de autodeterminación.

Cuando intenta Garzón alternar sus golpes a ETA y a lo que denomina su "entorno" con golpes a los tiranos derechistas como Pinochet o las autoridades franquistas, lo hace desde una base que sólo le permite ser consecuente en uno de los tableros. Es posible, e incluso necesario para él y para el conjunto de la Audiencia Nacional y de los aparatos de Estado españoles mandar a la cárcel por simpatías terroristas a políticos y periodistas, cerrar periódicos, emisoras de radio, sedes de asociaciones juveniles y hasta prohibir no sólo un partido, sino todas las formas de organización en que el independentismo vasco pretenda reconstituirse. Sería incluso posible que ampliase su actuación, por metonimia, a todos quienes defiendan por medios pacíficos una causa que otros defienden por la violencia. Si hay independentistas, republicanos, ecologistas y anarquistas violentos, esto permite prohibir como violencia todo republicanismo, todo ecologismo, todo anarquismo. Del comunismo, violento o no, ni hablemos. Con todo, esta analogía desatada, no es fiel a la historia ni a la geografía del antiterrorismo español en la que el País Vasco constituye un foco de condensación de todas las tensiones. Al País Vasco no se le perdona el que rechazara la constitución, pero aún menos que, durante el franquismo, estuviese a la vanguardia de la resistencia contra el régimen, no sólo mediante la acción armada, sino, sobre todo, mediante la movilización popular efectiva. Tal vez el País Vasco fuera la única zona del Estado español donde las condiciones sociales y políticas de una ruptura democrática estuvieran dadas. Eso, los vascos lo han pagado muy caro. De hecho, todos lo hemos pagado muy caro. El País Vasco, de faro de la resistencia ha pasado a ser objeto de miedo para gran parte de la población española. El régimen se metamorfoseó en "joven democracia", hoy ya con algunas arrugas. Ello no sólo obedece a la acción a menudo odiosa y estúpida actuación de ETA, sino a la muy eficaz intoxicación propagandística del Estado español.

No es de extrañar, así que unos de los principales encargados de la adminstración de esta política se vea en grandes apuros a la hora de juzgar el acto de terror masivo fundacional del régimen actual, acto perpetuado en sus efectos por la autoamnistía de los responsables del régimen y la criminalización de las disidencias en nombre del antiterrorismo. No, no es de extrañar que, como afirma Joan Garcès "España es el único país de Europa en el que los crímenes contra la Humanidad cometidos en un régimen de dictadura no han sido ni siquiera simbólicamente investigados ni juzgados."

Desde el interior de un orden jurídico, se pueden juzgar muchas cosas, muchos actos de todo tipo, pero lo que nunca se puede juzgar es el acto por el cual se ha fundado este régimen. La República francesa no puede condenar, aun sea retroactivamente a quienes ejecutaron a Luis XVI: ese acto se justificaba por sí mismo. Como explicaba Robespierre, el rey merecía morir, no por que hubiese cometido ningún crimen, sino por la monstruosidad de "ser rey". Al acabar con esa monstruosidad incompatible con la soberanía del pueblo, los jacobinos y demás revolucionarios franceses no cometían ningún crimen. En su acto mismo se abolía retroactivamente el derecho que hubiera permitido condenarlo. Para Franco, los centenares de miles de muertos ejecutados tras un juicio sumarísimo o sencillamente asesinados al borde de una cuneta merecían morir, no por que hubiesen cometido ningún crimen, sino por ser "desafectos al régimen". En ello, sus matadores tampoco cometían crimen, pues defendían con ese acto a España de quienes tenían por sus irreconciliables enemigos. Así se fundó el orden jurídico actual que la amnistía perpetuó y no liquidó en modo alguno. Por ese motivo, los franquistas declarados que han llevado a Garzón a los tribunales tienen en cierto modo razón cuando sostienen que es incoherente y posiblemente ilegal dentro del ordenamiento actual abrir una "causa general" contra el franquismo. Para juzgar el franquismo es necesario romper totalmente con el orden jurídico por él fundado y eso es algo que no puede hacerse desde el actual orden legal que echa sus raíces en las cunetas y en la amnesia. Garzón se encuentra así entre la figura cómica del regador regado y la más trágica del cazador cazado. Tal vez como al Acteón de la fábula lo estén despedazando sus propios perros de caza por haber mirado, no a Diana desnuda en su baño, sino al régimen español del que él es engranaje en sus siniestros orígenes. No todo el mundo puede darse como máxima al igual que hiciera Sigmund Freud el verso de Virgilio "Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo". (Si no puedo doblegar los cielos, removeré los infiernos). Para remover los infiernos hay que saber mantenerse fuera de ellos.