(Publicado en Las Voces de Pradillo)
1. La actual coyuntura política española está marcada por el tema de la corrupción de la denominada « clase política » en la que ocupa hoy el primer plano la dirección del Partido Popular. Los papeles y SMS de Bárcenas junto con otros posibles elementos probatorios han evidenciado la existencia de una amplia trama de financiación ilegal del PP y de corrupción de sus dirigentes. Llama la atención a este respecto la exiguidad relativa de los sobresueldos cobrados por Mariano Rajoy y otros dirigentes : más que una participación en los gigantescos beneficios de las empresas a las que favorecen, estos sobresueldos -de pocos miles de euros- constituyen a su escala una modesta propina. Esto nos muestra que el verdadero poder social, el de la oligarquía financiera no trata a los políticos y gobernantes como socios, sino como lacayos. El actual gobierno español, al igual que la mayoría de los gobiernos de los actuales capitalismos democráticos no es ya en modo alguno « el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa » como sostenían Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista. En el auténtico Consejo de administración no tienen cabida estos personajes secundarios que son los « políticos », no hay lugar para un Rajoy ni para un Rubalcaba : estos ya no deciden gran cosa y se limitan a cumplir las órdenes que emanan del auténtico lugar de la soberanía, que hoy está situado en los órganos de administración del capital financiero. Los auténticos amos recompensan modestamente a sus lacayos. La unidad de la clase burguesa, la unidad del mando capitalista no se realizan hoy en parlamentos y gobiernos, sino en los mercados financieros y sus diversas instituciones.
2. La corrupción, es una marca de la subordinación de los gobiernos a la soberanía efectiva. Hay quien contempla la corrupción como un problema moral ; loe ciertamente, pero es sobre todo un problema político. La propina que el capital financiero da a sus servidores es una ínfima parte de la riqueza social que se apropia. Basta comparar las cuentas de Bárcenas, que ascienden a pocos millones de euros con los 250.000 millones de euros del rescate de la banca pagados con cargo a la hacienda pública o con los beneficios de las grandes empresas, o con el importe de los recortes en salud, educación, cultura, etc. destinados al pago de una deuda ilegítima, pero legal. La ilegalidad que entraña la corrupción es ciertamente llamativa, pero esconde tras de sí un gigantesco montaje de explotación y de expropiación de bienes públicos perfectamente fundada en derecho. Más allá del pequeño bandidaje de la corrupción existe una auténtica dictadura de clase, una dictadura que es legal porque determina a través de su Estado las leyes vigentes.
3. El capitalismo, a diferencia de los regímenes sociales anteriores, no identifica la dominación social con el poder político. Los propietarios de esclavos o los señores feudales se apropiaban el excedente producido por los trabajadores a través de formas de dominación y de violencia directas. El amo tenía derecho al excedente social como amo o el señor como señor, en cuanto titulares de un poder social directo, de una capacidad directa de ejercicio de la violencia. El capitalista, sin embargo, se apropia el excedente al margen del poder político y de la violencia, en el marco de un sistema económico que se presenta como autónomo y « autorregulado ». El poder político, por su lado, pretende ser la representación de un interés general que corresponde por igual a explotadores y explotados. Existen así un sistema jurídico-político y un sistema económico separados.
4. En los primeros tiempos del Estado liberal, los que conocieron Marx y Engels, la representación política era censitaria : solo lo que se consideraba como la « parte activa » de la sociedad, los propietarios de los medios de producción y en general los más ricos, participaban en la representación parlamentaria y en la vida política, quedando excluidas de ella las demás categorías sociales. A pesar de la distinción formal de las funciones políticas y sociales, coincidían la administración del capital y del Estado en un mismo grupo de personas. La progresiva generalización de las relaciones capitalistas hizo cada vez más innecesaria -e incluso imposible- esa concidencia. A partir de finales del siglo XIX pudieron incluso acceder al parlamento los primeros partidos obreros, sin que ello supusiera un riesgo real para la previvencia del sistema. El pluralismo social en la esfera de la representación política se presentaba como la mejor garantía de que el sistema político representara el interés general. El interés general aparecía en este contexto como el resultado de una negociación más o menos expresa o implícita entre los distintos sectores representados por los partidos políticos. Esta negociación respondió a cierta realidad mientras en la esfera social y económica el movimiento obrero estuvo en condiciones de limitar las aspiraciones del capital mediante su organización y su lucha.
5. A partir del momento -que puede situarse en los años 70- en que el capitalismo pasa a nuevas formas de organización, la organización obrera fue debilitándose progresivamente y el juego político parlamentario se independizó casi completamente de las correlaciones de fuerzas sociales, que no alcanzaban ya ningún tipo de expresión eficaz ni en los sindicatos ni en los partidos de izquierda. Lo que pudo verse en un período como el espacio de definición del interés general, pasó a ser una instancia en la que solo lograban ya expresarse -incluso a través de los partidos de izquierda- los intereses del capital y, en particular, de su fracción financiera. Se cierra así un círculo histórico : si en una primera fase del Estado liberal el Estado era el « Consejo de administración de los intereses de la burguesía » y en un segundo momento el espacio de definición del interés general a través de una negociación política que expresaba correlaciones de fuerzas sociales efectivas, hoy la determinación del interés general se confía inmediatamente al capital, quedando exclusivamente representado en la esfera política el interés del capital financiero. La esfera política se hace así enteramente dependiente de la dominación social y económica del capital. El personal político, pasa de ser un conjunto de profesionales de la representación de los distintos intereses a constituir un grupo patético de figurantes. La representación pasa de ser representación política a mera representación en sentido teatral. Los -malos- actores de esta farsa son así recompensados, pero lo son modestamente, como subalternos, no como protagonistas de la dominación social y económica, ni como efectivos titulares -por representación- de la soberanía popular.
6. En este contexto, la corrupción, aún siendo formalmente un conjunto de prácticas ilegales que va de la financiación ilícita de los partidos, al cohecho y la prevaricación, es un elemento normal y necesario del sistema político neoliberal. A partir del momento en que el interés particular del capital financiero se identifica con el interés general, la mediación política por la cual este se definía en el Estado liberal (el parlamento, el gobierno, etc.) pierde su contenido y se convierte en un mero espacio de ficciones. La ficción es, sin embargo, necesaria, pues sin ella, los propietarios del capital se convertirían directamente en amos del resto de la población y la extracción de plusvalía se mostraría como un acto directo de violencia en consonancia con la práctica de anteriores regímenes sociales, pero en contradicción absoluta con los requisitos fundamentales del capitalismo (la extracción del excedente a través del mercado). La remuneración de los profesionales de la ficción se hace así necesaria. Aunque su remuneración sea ridícula en comparación con los gigantescos beneficios del capital financiero, no dejan de estar entre los actores de segunda categoría mejor pagados.